En México se ha registrado un incremento en el envío de sustancias ilegales en la mayor parte de los servicios que ofrece el correo, revelaron senadores al aprobar reformas a la ley del servicio postal.
Por ello avalaron con 73 votos a favor la reforma al artículo 15 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, a fin de establecer controles y mecanismos para evitar que circulen psicotrópicos o estupefacientes en el envío de correspondencia.
En el dictamen, las y los senadores destacaron la necesidad de combatir el narcotráfico en todas sus formas, con el objetivo de garantizar la salud y seguridad de los ciudadanos. De ahí, la importancia de establecer controles para evitar nuevos métodos para el tráfico ilegal de drogas, como hacer pasar el fentanilo como medicamentos, en el servicio postal.
De acuerdo con el artículo 16 constitucional, los servicios de envío postal no pueden ser auditados en su contenido por parte de las autoridades, a menos de que se cuente con una orden judicial; sin embargo, “esto no debe ser motivo para que no existan mecanismos de control para impedir que dichos servicios sean utilizados como medios para transportar sustancias adictivas fuera de la ley”.
Los legisladores subrayaron que el Servicio Postal Mexicano tiene una cobertura territorial del 98 por ciento, donde su función principal es mantener a las personas comunicadas, mediante los servicios de correspondencia, mensajería y paquetería, de manera confiable y accesible, por lo cual es necesario actualizar las disposiciones jurídicas conforme a la realidad social.
Sin embargo, advirtieron que se ha registrado un incremento en el envío de sustancias ilegales, en la mayor parte de los servicios que ofrece el correo mexicano, “debido a un marco normativo rezagado”.
Destacaron que la regulación atiende el derecho de todas las personas a la protección de la salud, el cual -conforme al texto del artículo cuarto constitucional-, deberá ser definido bajo un sistema de bienestar.
Además, los senadores subrayaron que esta legislación data de 1986 y la parte relativa a la prohibición explicita del envío de estupefaciente “nunca se actualizó”. El dictamen se turnó a la Cámara de Diputados.