Aunque a partir del reconocimiento del derecho de la mujer al voto se registran avances importantes en su favor como un corpus legal electoral robusto, hay un trato diferenciado y una amenaza patente de violencias y desigualdades que las afectan “abrumadoramente”, lo que impide un ejercicio de ciudadanía plena, asegura la investigadora y secretaria académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, Amneris Chaparro Martínez.
El sufragio femenino de 1955 “fue la reivindicación de una lucha muy larga, de décadas, de un trabajo colectivo que llevaron a cabo varios grupos de mujeres en todo el país. Y alcanzar el estatus de ciudadanía no es un asunto meramente nominal, sino la posibilidad de ser parte de la construcción política de un país. En ese sentido, el significado es enorme, es parte de una serie de reinvindicaciones políticas y sociales muy necesarias para cualquier país que diga que es democrático”, añade.
Cabe recordar que en julio de ese año acudieron por primera vez a las urnas para elegir diputados federales de la XLII Legislatura, luego de que el entonces presidente de la República Adolfo Ruiz Cortines promulgó, en octubre de 1953, las reformas constitucionales para que gozaran de ciudadanía plena.
Aunque en términos estrictos a partir de entonces ya no son ciudadanas de segunda clase, pues la ley es clara y hay modificaciones importantes, se necesitan otros elementos, resalta Chaparro Martínez.
La especialista considera que la desigualdad estructural, que está asociada a la condición de género, a la de clase, etnicidad, edad y de orientación sexual, es el primer obstáculo para ejercer esa garantía.
“Mujeres y sujetos feminizados son privados de una educación básica y la prioridad para ellos quizá no es ejercer sus derechos políticos, sino sobrevivir. Cuando tenemos a una parte de la población en situación de marginación, de constante vulnerabilidad, el ejercicio de la ciudadanía se vuelve aún más complicado”, aseguró.
De acuerdo con la investigadora, a partir del voto femenino se registran avances en términos de política pública y de gobierno; es un cambio cualitativo importante, pues las primeras ya no son simplemente asistencialistas pensando en ellas como madres o esposas. Se les comenzó a ver como sujetos de la política y en la política, ideas que anteriormente eran negadas por usos y costumbres.
Irrumpimos, asevera, de diversas maneras en las universidades, los gobiernos, en las instituciones del Estado y financieras; en términos cuantitativos están en cargos y posiciones relevantes. “Cuando vemos un salón de clases con la mitad o más alumnas, esos son avances, pero aún falta”.
Para Chaparro Martínez falta una política y acciones de sensibilización sobre la importancia de pensarlas como sujetos de derecho, seres humanos en todas sus dimensiones, como parte fundamental de la hechura de la sociedad.
“Se tiene que comenzar por visibilizar las aportaciones de las mujeres y dejar de pensar en ellas como un monolito, un grupo homogéneo, pensarlas en su complejidad, en sus diferencias, en sus distintas posturas políticas, éticas, pensarlas como seres humanos, y eso se hace desde las instituciones y el tejido social (familia, escuelas) para desbancar ideas tradicionales y mitos sobre qué queremos las mujeres, de pensar otras formas de convivencia que no aten a las personas a los mandatos de género. Debemos dejar de asociar a los varones con la violencia y a las mujeres con la fragilidad”, afirmó.
La experta del CIEG destaca que entre los rubros por los cuales continúa la lucha de las mujeres están: violencia, feminicidio, despenalización del aborto y la precarización del trabajo, pues por su condición de género laboran en los más marginalizados, precarios, en la economía informal y en no remunerados como el doméstico o de cuidados.