Prácticamente desde la Constitución de 1917, hasta estos últimos años, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público Federal, estuvieron vinculados a un modelo de procuración de justicia fundamentalmente al servicio de los intereses del poder y en contra de los derechos de las grandes mayorías en este país y eso lo hemos padecido todos los mexicanos.
Así fue como la Procuraduría intervino facciosamente frente al asesinato del General Álvaro Obregón; lo mismo hizo en contra del movimiento democrático Vasconcelista; repitiendo dichas conductas ilegales y abusivas en la inmensa mayoría de las elecciones del país y en contra de cualquier candidato que no fuera el oficial; participando activamente en la represión de los movimientos sociales de maestros, trabajadores petroleros, electricistas, ferrocarrileros, estudiantes, intelectuales; y contra cualquiera que se hubiera opuesto a un sistema antidemocrático, autoritario y corrupto, que tuvo que sufrir este país, durante muchas décadas, mientras se favorecieron y encubrieron los delitos de los miembros y favoritos del poder, de sus socios y de sus protegidos.
Esta situación se fue agravando en la última parte del siglo pasado y a principios de éste, cuando la Institución se convirtió en un verdadero verdugo de sus enemigos políticos, mientras encubría en forma permanente a los cómplices del poder; lo cual llevó al país a un grado de intolerancia tal que, en el año de 2018, por fin pudo romperse esa estructura de monopolio del Poder Ejecutivo, para crear la nueva Fiscalía General de la República, la cual inició su administración el 18 de enero del presente año.
En la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, se le concede y se le autoriza a su Titular, a proponer la reorganización de dicha Institución, en un plazo de un año; razón por la cual iniciamos, desde el primer día, el proceso de diagnóstico, evaluación y propuestas que la propia Ley Orgánica nos mandata. Por esa razón, a los cien días de la administración, y mucho antes del plazo concedido, en este nuevo órgano autónomo del Estado Mexicano estamos sometiendo a la consideración pública, la primera parte de nuestra obligación de diagnosticar, proponer y rendir cuentas.
Para lograr lo anterior, voy a informar a ustedes cuál es el estado en el que se recibió esta Institución; en cada uno de sus rubros; señalaré también qué hemos hecho hasta el momento para resolver lo que corresponde; y cuál es el avance en nuestra visión autónoma en la procuración de justicia, para cambiar, profunda y realmente, la función de procurar justicia para todos, acabando con el modelo tan negativo que hemos sufrido los mexicanos, en el cual la seguridad y la justicia se han hallado siempre al servicio del poder político y económico, y en contra de los derechos humanos más elementales de todos nosotros.
DIAGNÓSTICO
MINISTERIO PÚBLICO Y SUS AUXILIARES
➢ Se encontró un rezago injustificado de más de 300 mil Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación, sin resolver.
➢ No se encontró control, ni centralización de las denuncias o querellas presentadas, ni había un sistema de oficialía de partes en la Ciudad de México y en toda la República, para administrar estas tareas; por lo cual, cada unidad podía recibir los casos que quería o le convenía, sin ningún orden, ni verificación.
➢ El promedio general de eficiencia terminal favorable, en sentencias definitivas judicializadas, no alcanzaba más del 5% del volumen total de asuntos tramitados.
➢ No existía un control integral de calidad en la judicialización de las carpetas de investigación; ya que únicamente se prestaba asistencia técnica al Ministerio Público por excepción y en casos muy contados.
➢ Tampoco existía algún programa de verificación sobre el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación a cargo de cada Agente del Ministerio Público, pasando de asignaciones desproporcionadas e ilógicas, como lo son de mil casos para una sola persona, hasta numerosos Ministerios Públicos que no tenían asignada ninguna carpeta o averiguación.
➢ No había control alguno sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones, ni para identificar atrasos en las averiguaciones previas y carpetas, por lo que las denuncias podían quedarse meses o años, sin determinarse. Esta falta de registro generó grandes atrasos y rezagos en la atención de denuncias y en la determinación de investigaciones; llegando a un promedio de integración de los casos superior a un año.
➢ No existía ningún sistema efectivo para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes, lo que generó un rezago por parte de la Policía Federal Ministerial, de más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en igual situación. Para el caso de los Servicios Periciales, el rezago en la emisión de dictámenes era de más de 3 mil.
➢ Tampoco existía control efectivo sobre los Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados, quienes supuestamente le debían dar seguimiento a los procesos judiciales, que se estaban perdiendo mayoritariamente.
➢ Se pudo determinar el número exiguo de 4 mil elementos policíacos en activo, para todo el país, de los cuales se distraían a 800 elementos, para prestar servicios de protección y seguridad a funcionarios, exfuncionarios, políticos y personas diversas.
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
❖ Existía una evidente anarquía en la estructura administrativa, con áreas de atención a la ciudadanía con grave escasez de personal de apoyo; mientras que, por otro lado, había áreas no prioritarias, con exceso de personal desperdiciado o subutilizado.
❖ Se tenía un número desproporcionado de funcionarios de alta jerarquía, así como plazas eventuales y contratos de honorarios, con elevadas percepciones, sin que estuvieran establecidas con precisión sus obligaciones laborales, ni su vinculación y evaluación de resultados y productividad.
❖ No había ningún control del gasto corriente autorizado, el cual se aplicaba en forma anárquica y con un despilfarro evidente en gastos no justificados o inútiles; tanto en viáticos, como en servicios de apoyo, contratos de mantenimiento, talleres de reparación, y gastos diversos, no justificados.
❖ Se halló una falta evidente de control sobre el uso y el estado de la flota de transporte terrestre, compuesta por un total de 4 mil vehículos, entre propios y arrendados, que incluye un gran número de unidades blindadas, para uso de altos funcionarios y sus allegados.
❖ Se utilizaba en forma irracional la flota aérea, en actividades que, en poco o nada contribuían a las funciones de procuración de justicia, mientras se destinaban a fines impropios, con altos costos por seguros, salarios y mantenimiento.
❖ Se encontraron compras multimillonarias de aeronaves, sin justificar su necesidad, ni su costo-beneficio; y las cuales se adquirieron a precios evidentemente inflados y con un propósito injustificado.
Entre 2013 y 2015, se realizó una inversión de más de mil millones de pesos, en la adquisición, mantenimiento, capacitación y seguros de aeronaves no tripuladas (drones), mediante adjudicación directa, sin contar con un estudio de necesidades y de costos competitivos, ni un informe de resultados que pueda demostrar su utilidad en judicializaciones concretas.
Asimismo, en octubre de 2013, la Procuraduría adquirió un avión Bombardier Challenger 605 transcontinental, con un precio que ascendió a 19.5 millones de dólares, mientras que el precio real de comercialización señalado en los sistemas de valuación internacionales era de 15.5 millones de dólares (cuatro millones de dólares de sobreprecio).
❖ Fue identificada una injustificada falta de control en la utilización de la infraestructura inmobiliaria, con edificios rentados a precios exorbitantes, con muchas deficiencias en su funcionalidad; mientras que, por otro lado, existen propiedades de la Institución vacías y abandonadas; además de 6 inmuebles que fueron otorgados para su venta oficial en el INDAABIN y que se desviaron hacia intereses particulares, lesionando gravemente el patrimonio de la Institución.
❖ Los gastos de Seguridad Pública se aplicaron en forma irracional y sospechosa, sin mecanismos de supervisión adecuada, lo que propiciaba que el presupuesto se ejerciera de manera discrecional e inexplicable, que en ocasiones permitieron gastar más de 144 millones de pesos, en una sola área, que no había ejercido durante años, recursos significativos en ese rubro.
❖ Se identificó una falta de control adecuado en la asistencia del personal.
❖ En el ejercicio del gasto en las Delegaciones Estatales, se han encontrado gastos elevados e injustificados en diversos rubros como, por ejemplo, rentas, vigilancia, limpieza, jardinería, servicios y otros.