La Cámara de Diputados exhortó a diversas dependencias federales a investigar si el “Proyecto Carretero Campos-Alameda-Punta Grande y Ramal Ferroviario por la Margen Norponiente del Vaso 2 de la Laguna de Cuyutlán, Manzanillo, Colima, afectó al ambiente y la dinámica hidráulica y, en caso de haberlo, actúen conforme a derecho en contra de los responsables, obligándolos a reparar el daño.
El punto de acuerdo, considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que la reparación del daño sea sin perjuicio de las demás sanciones a las que se podrían hacerse acreedores, conforme a la normatividad aplicable.
Asimismo, se pide a la SCT realizar las actividades necesarias para el retiro de escombros y materiales de desperdicio en el tramo del libramiento, así como el dragado de los vasos 1 y 2 de la Laguna de Cuyutlán para restablecer la hidrodinámica de ésta, previendo que dichas actividades resulten eficaces y eficientes, y evitar así la agudización del deterioro ecológico de la misma.
Precisa que conforme a las investigaciones realizadas por las autoridades competentes en materia ambiental, y de acuerdo con la normatividad aplicable al caso, se le transfiera el costo de los trabajos realizados por cuenta de la SCT a quienes resulten responsables.
También exhorta a la SCT a revisar el contrato otorgado a la empresa Logística de Fluidos y Graneles SA de CV, el 21 de agosto de 2018 y registrado ante la Coordinación General de Puertos el 27 de agosto del mismo año.
Al fundamentar el punto de acuerdo, su promovente, la diputada Rosa María Bayardo Cabrera (Morena), señaló que la Laguna de Cuyutlán es el principal ecosistema de humedales de Colima y uno de los más importantes en el ámbito nacional. En ella habitan una amplia diversidad de especies marinas y cuenta con una zona de manglares donde también encuentran su hábitat numerosas especies. Sin embargo, desde hace varias décadas ha padecido un constante y acelerado deterioro ambiental que se ha traducido en niveles alarmantes de contaminación de sus aguas.
Resaltó que la laguna ha sido afectado de manera grave por los procesos de modernización del municipio y el daño ecológico derivado de la construcción de la infraestructura adyacente a la misma. “Este problema fue ocasionado por la irresponsabilidad de gobiernos anteriores, mismos que se empeñaron y dedicaron a destruir con un alto grado de eficiencia y efectividad este ecosistema”.
Refirió que en 2010 la Semarnat autorizó la construcción del proyecto carretero Campos alameda Punta Grande y Ramal Ferroviario por la margen Norponiente del Vaso 2 de la laguna de Cuyutlán, y dolosamente omitió detectar que el terraplén a ampliarse para el piloteo de los tramos carreteros que atraviesan la laguna, se convertirían en un tapón para la circulación del agua y de los organismos bióticos al interior de la subcuenca.
“La historia de este ecocidio es una constante de errores y omisiones, pues la Semarnat no realizó las diligencias para determinar si la empresa Compañía Contratista Nacional atendió debidamente las acciones de compensación y de mitigación por los trabajos realizados. Ello a pesar de que la Profepa verificó semestralmente durante la ejecución del proyecto que el impacto ambiental correspondiera en el estudio, siendo dicha instancia omisa de esa obligación”, dijo.
La diputada Erika Mariana Rosas Uribe afirmó que en los últimos años, diversos proyectos han comprometido la laguna significando un “brutal impacto ambiental en los ecosistemas, alterando su equilibrio y exponiéndola a sufrir daños irreversibles”. Por ello, se pronunció a favor del exhorto y se actúe en contra de los responsables, y se repare el daño causado.
De la misma bancada, la diputada Dorheny García Cayetano destacó la importancia de la laguna, porque en ella se encuentra el 90 por ciento de los humedales de esta entidad y es el hábitat de varias especies en riesgo. Resaltó que en la actualidad hay un constante y acelerado deterioro ambiental a causa de las obras de ingeniería llevadas a cabo por gobiernos en pasadas administraciones
La diputada Ximena Puente de la Mora resaltó que es necesario que las autoridades federales de manera transparente y eficaz realicen las investigaciones y lleven a cabo las acciones de política pública oportunas para recuperar nuestro patrimonio natural.
El diputado Eudoxio Morales Flores enfatizó que este caso es la muestra más clara de que los intereses privados se imponen sobre la colectividad y, “peor aún, dañando al medio ambiente”. Consideró que la justicia ecológica debe ser una constante en el diseño de políticas públicas y medidas ambientales.
La diputada Margarita García García mencionó que la Profepa fue omisa en su responsabilidad de verificación del impacto que la obra pudiera causar en la laguna; por lo que es imperativo que esta soberanía coadyuve a la solución de tan grave problema ambiental que perjudica a las personas y al ecosistema.
En tanto, la diputada Ana Priscila González García señaló que la contaminación de los mantos acuíferos se ha convertido en un problema de salud pública y pone en riesgo la seguridad ambiental. Resaltó que la irresponsabilidad de gobiernos anteriores, de autorizar la construcción de este proyecto sin tener estudios de impacto ambiental y acciones de mitigación, generó que la laguna esté llena de cascajo, alterando la circulación de las corrientes de agua y la pérdida de vida de las especies acuáticas.