¡“Ya frenen este saqueo”!
Senadores perredistas exigen al presidente Enrique Peña Nieto implementar un programa de supervisión a las estaciones de servicio y expendios de gasolina y diésel en todo el país, porque los concesionarios roban hasta 12 millones de litros diarios a los consumidores.
Mediante un punto de acuerdo presentado al Pleno del Senado, la bancada coordinada por Miguel Ángel Mancera Espinosa e integrada por la senadora Leonor Noyola Cervantes, y los senadores Juan Zepeda Hernández, Antonio García Conejo, Rogelio Israel Zamora Guzmán y Juan Manuel Fócil Pérez, pidió que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se garantice el despacho preciso del consumo completo pagado por el cliente, es decir, “litros de a litro”.
En tribuna, el senador Antonio García Conejo informó que en México, según datos de la Secretaría de Hacienda, operan más de 11 mil estaciones de servicio que administran personas físicas y morales al amparo de contratos de franquicia y suministro celebrados con PEMEX Refinación.
No obstante, dijo, en los últimos dos años el precio de las gasolinas ha aumentado de forma exponencial, trayendo como consecuencia directa una afectación a la economía de toda la población.
“Al día de hoy, el costo de la gasolina magna fluctúa entre los 19.37 pesos a los 20.94 dependiendo del sitio geográfico de la gasolinería”, mencionó
García Conejo sostuvo que el impacto en la economía familiar es más que evidente; “consideremos a cualquier padre de familia que sufre por el aumento de los combustibles erogando entre un 35 por ciento a 50 por ciento más por el incremento en las gasolinas; y de gastar 650 pesos por llenar un tanque hoy tiene que pagar 1050 pesos por lo mismo”.
A lo anterior –recalcó— se le suman los concesionarios sin escrúpulos que lucran de forma ilegal, vendiendo litros incompletos, produciendo una merma que va hasta el 10 por ciento de la venta total, “es decir, cinco litros por cada tanque de 50, sin que exista una verdadera política de prevención y solución efectiva a este problema”.
“En México tenemos un enorme problema de venta confiable de gasolina y diésel. Solo seis de cada 10 gasolineras se verifican y una de cada tres mangueras en el país representa irregularidades en el despacho de combustible”, apuntó.
Añadió que estados como Tlaxcala, Nayarit, Quintana Roo y Zacatecas, de cada 10 gasolineras, ocho roban, “eso es triste y lamentable, hablamos del robo de combustibles en los ductos, pero lo que hoy vemos y lo que predecimos en el país, de 11 mil aproximadamente –por datos de la misma Secretaría de Economía– 11 mil establecimientos, gasolineras, encontramos que hay un enorme porcentaje que roban permanentemente a la gente, diario”.
Por ello, aseveró que es necesario que la Profeco haga uso de sus facultades para supervisar, auditar y sancionar a los empresarios gasolineros que incumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2011, que determina el sistema para la medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.
“Lo cierto es que sólo funcionan como toma de muestras aisladas y reducidas, sin que se tenga control sobre todas y cada una de las estaciones concesionadas por Petróleos Mexicanos y otras empresas”, detalló.
Detalló que en México se venden diario, alrededor de 125 millones de litros diarios. Y considerando una merma del 10 hasta 12 por ciento. Implica alrededor de 12 millones de litros por día que son prácticamente robados o que le cobran de más a la ciudadanía.
Estamos hablando –explicó— de 240 millones de pesos al día, es el monto aproximado robado, a las familias en México. Si lo multiplicamos por 30, nos está dando un monto de 7 mil 200 millones de pesos mensuales.
Los legisladores consideran que el Gobierno Federal tiene la obligación legal de vigilar la venta de combustibles cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana, y aunque se reconocen que existen programas para mitigar e inhibir esta conducta e inclusive también existen empresarios del ramo que cumplen a cabalidad con la ley, “es claro que hace falta mucho por hacer”.
“A pesar de que contamos con normas, leyes e inclusive, tipos penales para perseguir y sancionar este tipo de plagio. La autoridad no ha hecho lo suficiente por garantizar que las y los mexicanos recibamos lo que pagamos en las estaciones de este servicio”, concluyó García Conejo.