Diputados de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM, presentaron 26 iniciativas para reformar diversos ordenamientos legales sobre temas relacionados con Revocación de Mandato, Informe del Ejecutivo, armas de fuego, explotación de minas, Comisión de la Verdad, estímulos fiscales, ejercicio del gasto, corrupción, deporte, seguridad, impuestos, efemérides, entre otros.
Revocación de Mandato del Presidente de la República
La diputada Merary Villegas Sánchez (Morena) presentó una iniciativa para reformar diferentes disposiciones de la Constitución Política, con el objetivo de que el Presidente de la República sea sujeto a la Revocación de Mandato, a través de una consulta ciudadana.
La propuesta, suscrita por integrantes de Morena, precisa que el proceso de revocación se solicitará ante alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión durante el primer periodo ordinario del segundo año de la legislatura.
El Instituto Nacional Electoral sería el organismo encargado desahogar el procedimiento. Cuando sea determinada la revocación, el Presidente de la República contará con un plazo de 30 días para impugnar dicha declaratoria. En caso de proceder, el Presidente de la República tendría 60 días para ser cesado de sus funciones hábiles.
La revocación sería determinada por mayoría absoluta de votos a favor, siempre que concurra al menos el 40 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Proponen que presidente de la República comparezca ante el Congreso como parte de su Informe
En tanto, el diputado Ernesto Ruffo Appel (PAN) planteó modificar los artículos 26, 69 y 93 de la Constitución Política para que la presentación del Informe por escrito del presidente de la República se realice a través de su comparecencia ante el Pleno del Congreso de la Unión, a fin de que exponga de manera oral el contenido general de dicho Informe, previa expresión de los grupos parlamentarios.
En subsecuente sesión se iniciará el análisis del informe con la presencia del presidente de la República en Congreso General, en la cual se realizarán preguntas de legisladores de todos los grupos parlamentarios. El intercambio de opiniones será respetuoso, privilegiando el diálogo y colaboración institucional, con un formato libre en cada turno, con el límite de tiempo que establezca la ley. En todo caso, la ronda de cierre será a cargo de los legisladores, indica la propuesta.
La iniciativa, suscrita por integrantes del PAN y remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que las Cámaras, a petición de la cuarta parte de sus miembros, tendrán la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento y resultados de las dependencias y entidades de la administración pública federal, órganos autónomos y empresas productivas del Estado, así como el desempeño de los titulares y proveedores contratistas del Estado.
Dentro de dicho informe podrán incluir una recomendación para que la Cámara emita un voto de falta confianza, cuando se hubiese demostrado que el servidor público incurrió en lenidad reiterada o falta de probidad en el ejercicio de su encargo o comisión; o una denuncia de juicio político, según sea el caso y la gravedad de la conducta.
Piden prisión preventiva oficiosa a quien porte armas de uso exclusivo del Ejército
El diputado Héctor René Cruz Aparicio (PES) planteó cambios al artículo 19 de la Constitución Política y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el propósito de determinar como delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, la portación, compra, posesión y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.
El documento refiere que, de acuerdo con datos del Poder Judicial Federal, de noviembre de 2014 a junio de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó a seis mil 905 personas por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, desde pistolas calibre .38 o 9 milímetros hasta rifles automáticos o lanzagranadas. De ese total, hay 695 personas que dejaron libres debido a que los jueces consideraron que no hubo elementos para vincularlos a un proceso.
En tanto, agrega, la mayoría, seis mil 210 personas, sí fueron vinculadas a un proceso penal; pero de ellos solamente a mil 143 se les dictó, como medida cautelar, la prisión preventiva. Es decir, a los otros cinco mil 67 se les procesó, pero el juez consideró que no se cumplían los requisitos que marca la ley para que permanecieran en prisión mientras se desarrolla el proceso, por lo que siguen su juicio en libertad, según reportaron diversos medios de difusión nacional.
Por ello, el diputado expresó su preocupación por la seguridad del país y propuso adicionar en el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, los relacionados con la portación de estas armas. Se remitió a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia.
Mineras no pueden explotar terrenos sin consentimiento de pueblos y comunidades indígenas
Por su parte, la diputada Clementina Marta Dekker Gómez (PT) presentó una reforma al artículo 6 de la Ley Minera, a fin de que la exploración, explotación y beneficio de los minerales no sean de utilidad pública ni preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, cuando cuya propiedad ancestral pertenezca a pueblos y comunidades indígenas, por lo que deberá anteponerse siempre el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Economía, refiere que en el desempeño de sus tareas productivas, las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, violentan sistemáticamente los derechos fundamentales de las y los mexicanos, afectando a su paso la paz y el bienestar de cientos de comunidades indígenas y núcleos agrarios.
Subraya que ante las evidencias sobre los efectos nocivos de la industria minera en el medio ambiente y las economías rurales, así como ante el reconocimiento de la permisividad de la ley vigente, enfocada en proteger y favorecer a intereses corporativos, es necesario modificar drásticamente la ley si se desea que la actividad minera sirva como una auténtica palanca de desarrollo en beneficio del país.
Resalta que conformar una legislación minera con normas y fines orientados en beneficio de la nación, constituirá, además, un ejercicio de soberanía, “pues las generaciones de ahora y del futuro tienen el derecho de reclamar que el Estado explote las riquezas minerales para su bienestar y no para el de empresas nacionales o extranjeras”.
Ley de la Comisión de la Verdad
La diputada Kehila Abigail Ku Escalante (MC) propuso crear la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, a fin de garantizar el derecho irrenunciable de las víctimas y del pueblo a la verdad sobre estas violaciones, ocurridas en el país entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018.
Además, asegurar la búsqueda con vida de las personas desaparecidas en ese periodo, o el conocimiento de la verdad material sobre el último destino de sus cuerpos y la reparación completa del daño a cada víctima en dicho lapso, y sancionar a los responsables ante los órganos jurisdiccionales.
El documento indica que, de acuerdo a cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), son más de 30 mil personas; “tal vez es la faceta más atroz de la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa nuestro país” y amerita la implementación de medidas extraordinarias por parte del Estado, como las comisiones de la verdad.
Es urgente diseñar mecanismos autónomos, constituidos por ciudadanos independientes, y con todas las facultades para garantizar el derecho a la verdad y la reparación integral del daño a las víctimas de la actual crisis nacional de derechos humanos. Se turnó a la comisión de Derechos Humanos para dictamen, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.
Estímulo a contribuyentes que contraten universitarios recién egresados
El diputado Javier Salinas Narváez (PRD) planteó adicionar los artículos 205 a 213 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), a fin de otorgar a quienes contraten trabajadores profesionistas egresados de universidades públicas en su primer empleo y para ocupar puestos de nueva creación, un crédito fiscal equivalente al 50 por ciento del salario efectivo pagado, contra el ISR causado en el ejercicio, y hasta por tres años.
El legislador señaló que es imprescindible estimular la creación de sinergias entre las empresas y las instituciones de educación superior para establecer un diálogo y vincularse, pues actualmente, dijo, se enfrentan dificultades importantes en la transición al mercado laboral.
Precisó que las instituciones educativas públicas y el mercado laboral operan de manera aislada, y “formamos universitarios cuyos conocimientos no son requeridos por el mercado, favoreciendo el crecimiento explosivo de universidades privadas”.
La adición, dijo, permitirá contrarrestar el desempleo, el subempleo y los trabajos mal pagados y carentes de las mínimas prestaciones. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Límites a discrecionalidad del Ejecutivo en ejercicio del gasto
También, el diputado Salinas Narváez presentó modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de austeridad para limitar adecuaciones presupuestarias internas para evitar que se evada el control de la Cámara de Diputados sobre los recursos públicos, pues el Ejecutivo recorta “a su antojo, discrecionalidad y de manera arbitraria” partidas o programas beneficiados por reasignaciones o adecuaciones.
Plantea crear un comité especializado de consejeros independientes para proponer las remuneraciones de funcionarios públicos de confianza, mandos medios y superiores, y no estar sujetas a decisiones políticas, sino obedecer a un desarrollo profesional de acuerdo al nivel de responsabilidad.
Además, limitar gastos de servicios profesionales, la contratación de servicios bajo esta modalidad permite eludir restricciones para contrato personal y los topes salariales establecidos en decreto de presupuesto, duplicando número de empleos, sin que sea sujeto al régimen de responsabilidad de servidores públicos.
Propone establecer tope a ese gasto, equivalente al 0.3 por ciento del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente. La iniciativa de reformas a los artículos 58 y 61, y adiciones los artículos 61, 62, 63 y 65, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Medidas para atajar “ominoso fenómeno de la corrupción”
Asimismo, presentó iniciativa que modifica la ley de Adquisiciones y Arrendamientos al Servicio del Sector Público y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a efecto de limitar y evitar temas como la llamada “Estafa Maestra”.
Señala que las auditorías forenses practicadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuentas Públicas de 2012 a 2016, observan montos con posibles daños al erario por seis mil 879 millones de pesos. “En muchos casos no existió evidencia de la entrega de bienes y servicios adquiridos por la contratante con una patente desviación de recursos”.
Plantea derogar el párrafo 5° del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el párrafo 4º del artículo 1º de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Se mandó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
Deporte, importante para prevenir delito y adicciones
Enseguida, el diputado Arturo Escobar y Vega planteó reformar la fracción V del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para establecer el fomento al desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la prevención del delito, las adicciones y el uso indebido de drogas.
Señaló que “por la fuerza del crimen organizado, los esfuerzos gubernamentales desde el año 2000 llevaron a tomar decisiones coyunturales, reaccionarias que no permitían ir a las causas de la delincuencia”.
Agregó que el deporte ha sido trascendental para vincular, generar convivencia con la sociedad, evitar conductas antisociales en los jóvenes, e impedir que tengan acceso a drogas y adicciones, que “a lo que conllevan es a violencia y delincuencia”.
Consideró que los mecanismos de prevención son claves para disminuir esas conductas. Se envió a la Comisión de Deporte para dictamen.
Declarar próximo año como “2019, 500 años del establecimiento del municipio en México”
El diputado Ricardo Aguilar Castillo (PRI) pidió declarar el próximo año como “2019, 500 años del establecimiento del municipio en México”, para conmemorar a esta institución pieza clave para ampliar la democracia y promover el desarrollo económico y social.
La iniciativa turnada a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen establece que se debe imprimir la leyenda en toda la documentación oficial de la federación, entidades federativas y municipios.
Señala que el municipio, debe ser reconocido y fortalecido a fin de consolidar un auténtico federalismo, equitativo, por lo tanto, descentralizado y con mayores recursos para que los gobiernos locales cumplan con sus funciones.
Aguilar Castillo propone realizar foros de reflexión, de producción editorial, propuestas de reformas jurídicas, así como actos alusivos y solemnes no solo en la Cámara de Diputados, también en el Senado de la República, en los Estados y en sus tres poderes.
Mecanismos para fijar tarifas eléctricas bajas en entidades y municipios que lo necesiten
El diputado Ricardo García Escalante (PAN), propuso reformar la Ley de la Industria Eléctrica, a fin de brindar elementos suficientes para que el Ejecutivo establezca los municipios y las entidades que requieran tarifas bajas de energía eléctrica.
La iniciativa que modifica el artículo 139, establece que el Ejecutivo deberá determinar mecanismos de fijación de tarifas considerando las condiciones particulares de los municipios a partir de factores de sensación térmica y los indicadores socioeconómicos de sus habitantes, con el propósito de apoyar el interés del usuario final.
El legislador del PAN afirmó que con esto se apoyará al mayor número de usuarios sin necesidad de que se tenga que realizar ningún tipo de gestión para obtener dichos beneficios.
“Atendiendo responsablemente el reclamo de los mexicanos, en relación de impulsar iniciativas que les permitan elevar su calidad de vida como lo es la reducción de las tarifas de energía eléctrica y como parte integral de la agenda legislativa y una demanda nacional”, añadió. Se envió a la Comisión de Energía.
Conasami debe determinar productos de la canasta básica y sugerir precios
El diputado del PRI, Isaías González Cuevas, impulsa reformas a la Ley Federal del Trabajo para resarcir, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores a través de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), determine los productos de la canasta alimentaria básica y sugiera los precios de esos artículos que regirán durante el periodo de vigencia de los salarios mínimos generales y profesionales.
De esta forma, la Conasami establecerá anualmente una relación de precios de alimentos esenciales que no deben faltar en la mesa de las familias con la percepción económica de los trabajadores, y garantizar la estabilidad en el consumo ampliando el valor adquisitivo del salario.
La iniciativa modifica los artículos 557, 561, 570 y 573 del ordenamiento federal, con el propósito de reconocer el esfuerzo que realizan a diario los trabajadores para que la economía y la sociedad funcionen armónicamente, además asegurar que tengan a su alcance bienes y servicios para una vida digna.
González Cuevas refirió que anualmente se fija el monto de los salarios mínimos, y en una disputa eterna en la Conasami, los trabajadores demandan aumento y los empleadores litigan su disminución, donde casi siempre los empleados sacan la peor parte. Se requiere romper esta inercia y que sea esa comisión la que establezca los precios de la canasta básica alimentaria en función del pago económico. Se turnó a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
Elevar a rango constitucional derecho de consumidor
Elevar a rango constitucional el derecho de consumidor que tiene el ciudadano, y que el Estado establezca normas y garantías para el goce, ejercicio y protección de los derechos ciudadanos en su calidad de consumidor, propuso el diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez (PES).
Al presentar su iniciativa que reforma el artículo 28 de la Constitución Política, argumentó que las malas prácticas comerciales están normalizadas con un cálculo de costo-beneficio en favor siempre de las empresas, situaciones no aisladas, sino “una forma de robo o fraude, donde las víctimas siempre son los consumidores”.
Por ello, propuso que la ley castigue severamente a las autoridades, y “perseguir con eficacia toda concentración o acaparamiento de los artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios”.
“Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de estos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como en el alza de precios”. La iniciativa se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
Reducir plazo de concesiones para construir, operar, conservar y mantener caminos y puentes federales
El diputado del PT, Santiago González Soto, impulsa iniciativa para que las concesiones para construir, operar, conservar y mantener caminos y puentes federales se otorguen hasta por un plazo que no exceda los 40 años, y no se prorroguen bajo ninguna circunstancia hasta cumplirse la quinta parte de vigencia de las mismas. La prórroga, sólo podrá considerarse cuando el concesionario haya cumplido con las condiciones impuestas en el título de concesión.
A través de esta propuesta, que reforma el párrafo tercero del artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se regula la vigencia de los plazos máximos en concesiones y permisos en este tipo de obras, ya que en la actualidad la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, responsable de autorizarlas, ha otorgado plazos de 45 a 60 años de vigencia, causando “un incalculable daño patrimonial”, además que ha otorgado permisos de forma indiscriminada, precisó.
De aprobarse la modificación, permite que la ciudadanía determine el tipo de obra que realmente le beneficie y no, como ha ocurrido, que se construye sólo para llevarse una “comisión o moche”, sin importar las reales necesidades de las comunidades.
Asimismo, evita que las entidades federativas continúen otorgando a su criterio, excesivos plazos concesionarios y para que el tiempo de vigencia del título concesionario este más acorde a la vigencia de la obra. La iniciativa se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para dictamen.
Apoyo municipal a bomberos
De MC, el diputado Alan Jesús Falomir Sáenz presentó iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política, para que dentro de las funciones de los municipios se incluya la de organización, atención y apoyo a los bomberos, con la intención de visibilizarlos y que las entidades destinen no sólo recursos, sino desarrollen un programa integral e, incluso, se creen las condiciones para que en el mediano plazo se sienten las bases para una Ley General de Bomberos de México.
En el país existen alrededor de 14 mil bomberos, de los cuales poco más de cuatro mil son voluntarios. Los de Estados Unidos reciben un salario mensual aproximadamente de 60 mil pesos, y aquí pueden ganar un máximo de 10 mil pesos. “Lo injusto es que, quienes ponen en mayor peligro su vida y rescatan tanto a personas como a animales, reciban como salario una cantidad insultante”.
Mencionó que un traje para esta actividad puede llegar a costar hasta 25 mil pesos, mientras que las unidades móviles alrededor de 15 mil a 20 mil dólares, por lo que, para comprar o reparar equipos, los bomberos mexicanos hacen diversas actividades como colectas o buscan apoyo de representantes privados para subsanar sus necesidades, cuando deberían recibir equipamiento y capacitación para mejorar sus aptitudes y su desempeño en esta importante labor social.
Sugirió que la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación sea la instancia que concentre la coordinación interinstitucional con los municipios y avanzar en la coordinación nacional de un cuerpo de bomberos, para la armonización legislativa, la capacitación profesional y la asignación de recursos presupuestales en uniformes, equipamientos y salarios dignos. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Piden que vehículos al servicio de la comunidad no paguen peaje
Marco Antonio Gómez Alcantar, diputado del PVEM, planteó reformar los artículos 2 y 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con la intención de establecer que los vehículos al servicio de la comunidad, entendidos como ambulancias, Servicio Médico Forense, bomberos, patrullas federales y locales, así como las Fuerzas Armadas Nacionales, tengan acceso libre y no paguen peaje en caminos y puentes federales.
De acuerdo con el Anuario estadístico de accidentes de carreteras federales 2017, se registró un total nacional de 11 mil 883 colisiones, de las cuales la mayoría se concentra de manera constante en los estados de Veracruz (mil 291), Chiapas (676) y Guanajuato (661), con dos mil 628 choques y un saldo de 571 fallecidos y mil 985 heridos.
Las carreteras que registran el mayor número son las mismas de los últimos años, o sea, Puebla-Córdoba (347), México-Querétaro (257) y Querétaro-San Luis Potosí (271), al acumular un total de 875, los cuales dejaron un saldo de 188 personas fallecidas y 499 lesionadas.
Estimo necesario determinar en la ley la exención de peaje en las casetas de carreteras federales para estos vehículos por el servicio que prestan a la comunidad, pues se trasladan a los lugares donde ocurren accidentes, con la finalidad de brindar atención a los involucrados e incluso usan estas vías para atender emergencias en localidades lejanas. Fue remitida a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Abrogar Ley de Seguridad Interior
La diputada sin partido, Ana Lucia Riojas Martínez, propuso iniciativa que abroga la Ley de Seguridad Interior, toda vez que “este ordenamiento no ha dado solución a ninguno de los problemas que fueron base de decisión de impulsar una estrategia de militarización de la seguridad pública hace más de una década y ni tiene como objetivo el de dar protección a las personas ni a la población civil ni a bienes o negocios de las y los ciudadanos”.
Precisó que se trata de una ley para garantizar la impunidad, regularizar el inconstitucional despliegue de más de 50 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina en tareas de seguridad pública, para las cuales no cuentan con facultades y preservan la dependencia de la clase política con los militares. “La Ley es la rendición de las autoridades civiles a garantizar la seguridad pública y su entrega a las militares”.
Esta legislación sobre seguridad interior, añadió, debe ser abrogada “porque no tiene un sustento constitucional y regulariza un modelo de seguridad fallido que, durante más de una década, ha significado el incremento exponencial de la violencia criminal y la violencia institucional para combatirla, con un saldo de dolor y daño humano acaso irreparable”.
Mencionó que ante la propuesta de avanzar hacia la pacificación del país, es necesario no sólo abrogarla, sino crear un plan de desmilitarización gradual de la seguridad pública; fortalecer a las policías; combatir a las redes de macrocriminalidad que se sustentan en corrupción e impunidad, así como desarrollar una propuesta integral que abarque no sólo al sistema de seguridad, sino también el sistema de justicia penal. Se canalizó a la Comisión de Gobernación y Población.
Declarar 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”
La diputada Brenda Espinoza López (Morena) propuso declarar 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”, quien fuera uno de los líderes más importantes durante la Revolución Mexicana.
La propuesta, turnada a las comisiones de Gobernación y de Población, refiere que Zapata se convirtió en un símbolo de los campesinos desposeídos tras morir el 10 de abril de 1919 en una emboscada en la Hacienda de Chinameca, Morelos, a los 39 años.
Resaltó que durante su lucha, a través de los años acuñó frases que al día de hoy encuentran vigencia en la lucha de los que menos tienen, como: “Libertad, Justicia y Ley”, “Mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado” y “La tierra es para quien la trabaja”, entre otras.
Frases que, al día de hoy, adquieren un valor intrínseco y una significancia descomunal, por lo que estimó se le debe mucho a Zapata, a las mujeres y hombres que lucharon a su lado, para tener derechos y libertades.
Plantean gravar con tasa de cero por ciento, a quienes ganen menos de 10 mil 300 pesos
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN) presentó reformas a los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para gravar con una tasa de cero por ciento, a quienes ganen menos de 10 mil 300 pesos y obligar a las instancias correspondientes a que actualicen de forma anual las tasas de pago de impuesto conforme al nivel de ingresos.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, menciona que de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO), “actualmente un trabajador formal promedio gana 9 mil 500 pesos mensuales y paga 10 por ciento de su salario del ISR”. Es decir, después de impuestos, su salario real es de 8 mil 850 pesos.
Subraya que el problema de gravar con impuestos altos a quienes menos tienen es que su salario real termina deteriorándose con el paso del tiempo, porque éste se actualiza con base en la inflación, pero las cuotas correspondientes de ISR no. Además, el incremento salarial trae consigo más complicaciones fiscales porque al ganar más, se le cobra una tasa más alta.
Resalta que los beneficios de la iniciativa, de acuerdo con el IMCO, son que ayudaría a reducir la informalidad del país de 56 a 25 por ciento y beneficiaría a 15.5 millones de trabajadores, lo que representa 74 por ciento del total de los asalariados inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Financiamiento en salud
En su turno, el diputado Fernando Galindo Favela (PRI) planteó modificar diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Contabilidad Gubernamental, y General de Salud, en materia de financiamiento en salud.
La iniciativa, canalizada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Salud, crea el Fondo de Aportaciones para la Nómina y Gasto Operativo de los Servicios de Salud, con el cual se apoyará a los estados y la Ciudad de México, para cubrir el pago de servicios personales que corresponda al personal que ocupe las plazas que hayan registrado ante la Secretaría de Salud, y los gastos de operación relacionados con la prestación de los servicios de salubridad.
El documento señala que las entidades federativas serán apoyadas con cargo al Fondo, con recursos económicos complementarios a los que originalmente corresponde aportar, para ejercer las atribuciones en materia de salubridad general.
También se plantea que la Secretaría de Salud será responsable de establecer, regular, coordinar, operar y mantener actualizado un sistema de información de trabajadores de la salud, el cual estará integrado, entre otros, por el registro nacional de las estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de las unidades médicas, así como los módulos correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal.
Brindar alimentación escolar nutritiva, variada, gratuita y universal
El diputado Emilio Manzanilla Téllez e integrantes de los grupos parlamentarios del PT y Morena, plantearon adicionar el artículo 24 Ter a la Ley General de Educación, con el objetivo de que la Secretaría de Educación garantice que en las escuelas públicas de nivel básico se brinde una alimentación escolar nutritiva y variada, la cual será gratuita y universal.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Educación, señala que se busca contribuir a garantizar la protección de la salud de la niñez mexicana y fomentar una relación armónica entre la alimentación equilibrada y el rendimiento académico.
Subraya que en 2017 México ocupó el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial, dato alarmante para las instituciones de salud. Igual de grave es que la principal causa de estas enfermedades es la mala alimentación de niños y jóvenes de 0 a 15 años; tan sólo en 2015, el 21 por ciento de las niñas y el 16 por ciento de los niños declararon que no desayunan antes de la escuela.
Otro aspecto, indica, es el hecho de que, en el ámbito escolar, las niñas y niños aumentan progresivamente su actividad física e intelectual, por lo que la dieta debe atender a estas exigencias nutricionales que a su vez permitan su desarrollo posterior. Lo que incidirá en el futuro del país al contar con población poseedora de un desarrollo humano capaz de ser competitivo ante los retos por venir.
Garantizar protección, conservación y constitución de los espacios culturales
El diputado Alberto Esquer Gutiérrez (MC) propuso modificar las Leyes General de Cultura y Derechos Culturales, la Federal del Trabajo y la del Seguro Social, con el fin de garantizar la protección, conservación y constitución de espacios de arte y cultura, como museos y teatros, que propicien el fortalecimiento y desarrollo de estas actividades.
También, para establecer una inversión irreductible de 1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación hacia el ramo cultural, y garantizar el acceso a la seguridad social para todos los artistas; además, fortalecer y consolidar al Sistema Nacional de Información Cultural, e impulsar la protección de los recintos culturales.
La iniciativa señala que el sector cultural del siglo XXI requiere una nueva gobernanza que permita la coordinación y armonización con las políticas educativas, económicas, de salud, seguridad ciudadana, medio ambiente, desarrollo urbano, para garantizar los derechos culturales de las personas, grupos y comunidades.
El diputado Alberto Esquer consideró que proteger a los creadores culturales, actores, músicos, escritores, pintores y artistas no asalariados, constituye garantizar sus derechos de seguridad social y seguridad colectiva, así como también la creación y el enriquecimiento cultural del país. Si queremos que los pueblos mantengan su identidad e historia, debemos construir condiciones políticas culturales en el país”, subrayó. Se envió a las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía, y del Trabajo y Previsión Social.
Actualizar la Ley del Seguro Social para considerar a mujer y hombre como sujetos de derechos iguales de condiciones
La legisladora Beatriz Manrique Guevara (PVEM) planteó reformas a la Ley del Seguro Social con el fin establecer que a la viuda del asegurado se le otorgará una pensión equivalente al 40 por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. La misma pensión corresponde al viudo o concubinario.
Asimismo, señala la iniciativa, el importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida.
“En el Partido Verde creemos que es necesario actualizar la ley para que sus preceptos sean coincidentes con la realidad social. Una realidad en la que se considere a la mujer y al hombre como sujetos de derechos iguales de condiciones”, afirmó Manrique Guevara.
La diputada consideró que aprobar su propuesta reivindica los derechos de la mujer porque “se evita que se sigan perpetuando estereotipos como el asumir que únicamente es receptora y no proveedora de recursos”. Agregó que a su fracción parlamentaria le importa sensibilizar que la búsqueda de la igualdad de género no es asunto de mujeres, sino que es de derechos humanos. Se envió a la Comisión de Seguridad Social.
Considerar 19 de septiembre como “Día de la Unión Nacional” por los sismos de 1985 y 2017”
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) presentó una iniciativa para reformar la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para considerar el 19 de septiembre como el “Día de la Unión Nacional, en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017”.
El legislador dijo que los movimientos telúricos provocaron una evolución positiva del marco legal de protección civil; sin embargo, se debe oficializar esa fecha para recordarla como la unión de los mexicanos para salir adelante en situaciones de emergencia.
Subrayó que “tiene que ser recordada como el día en que México se hizo uno; cuando todo mundo asumía que no nos levantaríamos lo hicimos con unión, decisión y convicción. Se habla de la unidad nacional, de la nobleza del pueblo y la grandeza de la patria, pero, no nos hemos pronunciado para que el Estado reconozca esta fecha como un día especial”.
Planteó que la efeméride del 19 de septiembre no debe pasar desapercibida ni sólo ser recordada como un día en el que el país cayó en desgracia, sino que debe ser el día en que la Nación se unió en una sola causa. Se turnó a la Comisión de Gobernación y Población.
Iniciativa para que Ejecutivo acuda al Pleno del Congreso a entregar por escrito su Informe de Gobierno
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (PRD) presentó iniciativa que plantea reformar el artículo 69 de la Constitución, a fin de establecer que el titular del Ejecutivo federal deberá acudir al Pleno del Congreso para entregar por escrito el informe presidencial.
El legislador subrayó que la asistencia del Presidente de la República, “más que un acto protocolario es un acto que permitirá reanudar la relación respetuosa entre ambos poderes y entablar un diálogo, a fin de llegar a entendimientos y acuerdos y elevar el discurso político”.
Comentó que el 1 de enero de 1825, el general Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México en rendir un informe. A pesar de no estar obligado, se presentó ante el Congreso para dar cuenta sobre la marcha de su gobierno, “informando, principalmente, sobre las penurias económicas por las que atravesaba el país”.
Sin embargo, el actual informe presidencial que rinde el titular del Ejecutivo “se ha desvirtuado, ha perdido su esencia republicana y se ha utilizado básicamente con el objeto de proyectar la figura presidencial por encima de los mandantes del Ejecutivo”, en este caso los diputados. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.