La Comisión de Justicia, que preside el senador Rafael Espino de la Peña, avaló una reforma para aumentar las sanciones a quien, de forma ilícita, transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales, en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o su equivalente en madera aserrada.
De acuerdo con el dictamen aprobado, se podrían imponer de dos hasta 12 años de prisión, y la multa oscilaría entre 500 y cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Los senadores explicaron que la legislación actual mandata que esta pena puede ir de uno a nueve años de cárcel y de 300 a tres mil días de multa.
Entre los cambios al artículo 419 del Código Penal Federal, se plantea imponer la obligación de participar en acciones o actividades de saneamiento de los ecosistemas forestales por lo menos un año, como parte de las medidas correctivas.
Además, se impondrían las mismas sanciones a los servidores públicos que faciliten o se involucren en los actos sancionados por ese artículo, sin prejuicio de las sanciones administrativas y de responsabilidad de los funcionarios.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Justicia comentó que en el estado de Chihuahua la presencia de la tala ilegal se ha incrementado, por la presencia del crimen organizado.
Raúl Bolaños-Cacho Cue, senador del PVEM, destacó que los bosques generan una cantidad importante de servicios ambientales que proporciona muchos beneficios a la diversidad y al desarrollo de las sociedades, por lo que consideró responsable combatir la tala ilegal, a través de sanciones más severas.
De Movimiento Ciudadano, el senador Noe Castañón Ramírez dijo que además de coincidir con el objetivo del dictamen, espera que estas sanciones sean aplicadas lo antes posible, ya que el comercio ilegal de maderas finas, en Chiapas, es uno de los crímenes que más atentan contra el libre desarrollo de la vida y lesiona el futuro de la nación.
Por su parte la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, dijo que este tipo de propuestas coadyuva a la protección y el rescate de los bosques, así como de las maderas muertas que, en muchos casos, son el hábitat de algunas especies de flora y fauna.
Otro de los dictámenes aprobados en la reunión de trabajo de este jueves, plantea que, en los casos de nacimiento de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad, dentro de los centros penitenciarios, la autoridad penitenciaria debe garantizar, en la medida de sus posibilidades, el registro del nacimiento y la expedición del acta respectiva, lo antes posible.
En el proyecto, que busca reformar diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se expone la inclusión del arte como parte de las actividades, para lograr la reinserción social de los internos y que éstas serán extensivas a las hijas o hijos de las personas reclusas.