¿De veras?... ¿Y los 380 casos?
La diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos, señaló que se tiene el compromiso de tramitar todos los asuntos que se encuentran rezagados desde 2003, los cuales ascienden a 387 casos.
Al instalar la subcomisión, la legisladora detalló que al concluir la Legislatura LXIII había 356 procedimientos pendientes y en lo que va de la actual existen 31 casos por dictaminar.
Aseguró que todos estos asuntos serán revisados de manera exhaustiva, pero siempre vigilantes de que se respeten las garantías y los derechos humanos de los ciudadanos.
Rocío Barrera indicó que la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos es una “institución sustanciadora del esquema constitucional de pesos y contrapesos, mediante la cual se instrumenta una facultad de control al ejercicio del poder público”.
Y añadió: “Los mecanismos de exigencia de responsabilidad del Parlamento implican que mediante decisiones camerales sea posible cuestionar y evaluar la conducta de los ministros, haciéndolos jurídica o políticamente responsables de sus actos”.
En su turno, la diputada María del Pilar Ortega Martínez, quien asumirá la presidencia de esta subcomisión en el segundo año de ejercicio, enfatizó que el Congreso tiene una tarea impostergable para que se le dé respuesta oportuna al derecho de petición de cientos de ciudadanos para solicitar que a determinados servidores públicos se les someta a juicio político.
Recordó que este instrumento está diseñado para cesar de sus funciones a quienes han llegado a un cargo gracias a la decisión de un órgano representativo o por el voto popular y que debido a su inapropiada actuación deben ser sometidos a los principios del orden Constitucional.
Añadió que la confianza en los servidores públicos es fundamental, pues la lucha contra la corrupción no es nada sin el fortalecimiento de la rendición de cuentas. “La sanción a los funcionarios, se vuelve inservible si las acusaciones son formuladas por órganos deficientes en su actuar”, por ello consideró que esta subcomisión no sólo tendrá “el formidable” reto de resolver los asuntos pendientes, sino también dar apego a la legalidad y al debido proceso.
Reiteró que el juicio político no será una herramienta de vendettas políticas, sino la herramienta que nos recuerde que hay ciudadanía vigilante del trabajo de los servidores públicos.
El diputado César Agustín Hernández Pérez reiteró que la transparencia, el combate a la corrupción y la impunidad serán pilares para la Cuarta Transformación. “Hoy los ciudadanos exigen cero tolerancia a la ilegalidad y la injusticia”.
Subrayó que esta subcomisión tendrá en sus manos la importante decisión de dar trámite o no a las denuncias ciudadanas para iniciar juicio político contra un servidor público, “sea quien sea”.
Pugnó por poner un alto a la opacidad con la que ha operado en las legislaturas anteriores. “Debemos evitar que terminen en letra muerta y solicitó que las reuniones sean públicas para mantener informada a la ciudadanía de nuestra tarea”.
La subcomisión estará constituida por las presidentas de las comisiones de Gobernación y Población, y la de Justicia, Rocío Barrera Badillo (Morena) y María del Pilar Ortega Martínez (PAN) respectivamente, quienes alternarán la presidencia.
El resto de la subcomisión estará conformada por las y los diputados secretarios de la Comisión de Gobernación y Población, Ivonne Liliana Álvarez García (PRI), Marcos Aguilar Vega (PAN), Silvano Garay Ulloa (PT), Carmen Julia Prudencio González (MC) y por Morena: Jaime Humberto Pérez Bernabé y César Agustín Hernández Pérez.
En tanto, en representación de la Comisión de Justicia, las y los diputados Rubén Cayetano García, Armando Contreras Castillo, María Elizabeth Díaz García, Rubén Terán Águila, del grupo parlamentario de Morena, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina del PES, y Verónica Beatriz Juárez Piña del PRD.