El Tribunal Electoral tiene el deber constitucional de exigir el cumplimiento irrestricto de todas sus resoluciones, así como vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo su plena ejecución
El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la solicitud del gobernador del Estado de Morelos, Graco Ramírez Garrido, de otorgar los recursos autorizados al Tribunal Electoral del Estado de Morelos en dos exhibiciones, y le ordenó entregar antes del próximo 20 de junio los 7 millones de pesos autorizados por el Congreso local.
Al resolver, en sesión privada, sobre la inejecución de la sentencia SUP-JE-0001/2018, el TEPJF consideró que no ha lugar la propuesta presentada por el gobierno estatal, quien solicitó autorización para entregar los recursos asignados al Tribunal local en dos ministraciones: el 50% en el mes de junio y el 50% restante en julio.
Las magistradas y magistrados subrayaron que el gobierno de Morelos debe acatar lo resuelto por la Sala Superior en el segundo incidente promovido por el Tribunal local, en el cual se le ordenó entregar la totalidad de los recursos aprobados por el Congreso local a favor del órgano de justicia electoral de esa entidad federativa.
Durante el análisis del asunto se dejó en claro que ha sido criterio reiterado en diversas ejecutorias de este órgano jurisdiccional, que el Tribunal Electoral tiene el deber constitucional de exigir el cumplimiento irrestricto de todas sus resoluciones, así como vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo su plena ejecución.
En caso de que el gobierno estatal no cumpla con lo ordenado, la Sala Superior impondrá una medida de apremio, como podría ser vincular al cumplimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que retenga de las ministraciones del Estado de Morelos la parte correspondiente al tribunal local y se la entregue directamente; dar vista al Congreso de Morelos, para que determine las responsabilidades de los servidores públicos involucrados; o bien dar vista a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda.