Toca el turno a congresos locales
La Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que reforma el artículo 19 de la Constitución Política para ampliar el catálogo de delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa, cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio y ahora los diputados de cada estado deberán analizarlo y en su caso aprobarlo.
El documento avalado con 377 votos a favor, 96 en contra y cinco abstenciones y enviado a legislaturas locales para sus efectos constitucionales, incluye el abuso o violencia sexual contra menores; feminicidio; robo de casa habitación; uso de programas sociales con fines electorales; corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.
También delitos de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
En lo particular, se aceptó la reserva del diputado Rubén Terán Águila (Morena), a efecto de dejar el dictamen como lo remitió el Senado, y no sólo con tres delitos como los aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales.
Terán Águila expresó que académicos, especialistas, líderes sociales y representantes de la sociedad civil pugnaron por la incorporación de diversos delitos: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa-habitación, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, así como en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, “son infracciones que se pretenden incorporan a petición de la sociedad civil”.
Indicó que los delitos que se adicionan son de alto impacto y de grave afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas, además que responden al reclamo de acabar con la corrupción y la impunidad. Se busca prevenir y, en su caso, sancionar conductas graves e ilícitos que vulneran la seguridad del Estado mexicano, que menoscaban el patrimonio de las familias, que dañan a la niñez mexicana y que atentan contra la vida de las mujeres.
El objetivo es disminuir la incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas hacia las víctimas o bien para las instituciones, así como atender de manera eficaz los problemas de impunidad e inseguridad en los que está inmerso el pueblo y el Estado mexicano.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), recordó que la minuta se recibió el 11 de diciembre de 2018 y se dictaminó en cumplimiento con el Reglamento de la Cámara. Se decidió considerar en sus argumentaciones, y como fuente de conocimiento, las ocho iniciativas en la materia presentadas en la actual legislatura al 15 de enero.
Se identificó que muchas de esas propuestas legislativas, además de coincidir o no con la prisión preventiva oficiosa, incluyen la pluralidad de voces e intereses de diversos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para actuar en consecuencia al reclamo nacional y poner fin a la impunidad, corrupción y falta de eficacia en las esferas institucionales de procuración y aplicación de la justicia.
La comisión refrendó que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que tiene como objeto evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social, la cual no se establece de manera arbitraria.
La comisión consideró que el Estado debe contar con mayores instrumentos para proteger los derechos de la seguridad de las personas, sobre todo ante la situación de violencia e impunidad que afecta al país desde hace más de una década y que ha rebasado el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia penal.
Carrillo Martínez resaltó que se consideró el mínimo posible de afectación a la perspectiva de los derechos humanos y ponderó que la situación en México es de emergencia, debido a que se encuentra en un entredicho de su propia naturaleza de Estado constitucional de derecho y de sus instituciones, por los altos niveles delictivos y falta de eficacia institucional para detenerlos.
“Esas conductas delictivas afectan la riqueza nacional del pueblo mexicano, el patrimonio del Estado, la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio público gubernamental y los modelos de democracia representativa y directa”, añadió.
Puntualizó que en el caso de los cinco artículos transitorios, la dictaminadora resolvió dejarlos en sus términos, de acuerdo con la minuta, debido a que otorgan armonía al sistema jurídico y penal y establece que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia de este decreto.
“Existen ciertos delitos que por su gravedad y el peligro que representan para la sociedad merecen medidas de mayor fuerza con las que cuenta el Estado y es precisamente en la Constitución donde deben establecerse los supuestos de prisión preventiva, para su tratamiento”, aclaró.
En este escenario, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó celebrar audiencias públicas, mismas que se realizaron del 6 al 8 de febrero, a fin de escuchar a los interesados en el tema. Se abordaron cuatro ejes temáticos en los que se analizó fundamento constitucional, seguridad y justicia, sistema penal y libertades e investigación.
Ello representó un gran esfuerzo de discusión y análisis que enaltece la apertura de esta legislatura hacia la sociedad, la cual día a día fortalece su convicción democrática. “Este esfuerzo merece ser considerado por este pleno que analizará y, en su caso, aprobará el día de hoy el presente dictamen”, puntualizó.
En los posicionamientos, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) se pronunció en favor de las víctimas y de la sociedad que demanda seguridad, tranquilidad y paz. En Morena, dijo, hemos decidido tomar la ruta de trabajar para dar resultados y vale la pena hacer un recuento de algunos logros que hemos alcanzado aquí en esta Cámara en beneficio de la sociedad.
“Hoy votaremos a favor de la reforma al artículo 19 constitucional para incluir como delito con prisión preventiva oficiosa el robo de hidrocarburos, la utilización de programas sociales con fines electorales y la corrupción, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones”, sólo estamos considerando aumentar el catálogo de delitos porque así lo demanda la sociedad.
Juan Carlos Romero Hicks, diputado del PAN, insistió en la necesidad de buscar una visión integral para acabar con el flagelo de la delincuencia organizada, corrupción, abuso y violencia sexual contra menores y feminicidios, robo a casa-habitación, delitos electorales, robo en vehículos de transporte, indebido uso de armas de fuego, robo a hidrocarburos y desaparición forzada.
“En Acción Nacional lamentamos el momento que tenemos porque pudiendo tener los consensos, un manazo fue lo que impidió esta solución, y por eso nosotros, en este espacio de deliberación, queremos mandar un mensaje a nuestro país de que sí queremos combatir estos delitos, que necesitamos mejores diseños de institución, que necesitamos mejores leyes, mejores pruebas de confianza para poder atender lo que el país está urgido. No tenemos derecho a fallar”, subrayó.
La diputada María Alemán Muñoz Castillo (PRI) se pronunció por combatir corrupción, robo a combustibles, casa habitación, a transporte, violencia sexual, enriquecimiento ilícito, feminicidio, y delitos electorales.
Lamentó “la simulación” con la que se llevó a cabo el parlamento abierto. “Lamentamos profundamente que hayan venido organizaciones internacionales, de la sociedad civil, expertos y académicos, a compartir su tiempo aquí con nosotros, a verter sus opiniones, a ayudarnos a hacer las cosas bien, y que se haya hecho oídos sordos a todas esas recomendaciones”.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón (PES) afirmó que el dictamen no es un fin en sí mismo, sino una vía institucional para fortalecer la democracia y mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Consideró que se tendrá que perfeccionar la norma secundaria y potencializar la capacitación de los operadores jurídicos, a fin de que se desempeñen de forma profesional y transparente.
Manifestó que se debe ser intolerante contra todos aquellos que atenten contra la integridad, la vida, el bienestar de las mujeres y fundamentalmente de nuestra niñez. “No permitiremos más impunidad, porque la sociedad se ha cansado y reclama justicia para reivindicar la dignidad de las personas y el derecho a una vida libre, incluyente, con valores, educación y bienestar para todos”.
El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) explicó que en su partido están totalmente convencidos de que las debilidades de nuestro sistema de justicia no radican en su diseño, sino en la insuficiente capacitación de sus operadores.
Esta reforma, subrayó, no representa ningún retroceso para dicho sistema porque no atenta contra el debido proceso ni contra la presunción de inocencia. No modifica en nada el procedimiento penal, es más, ni siquiera contraviene el carácter excepcional y de estricta necesidad de la prisión preventiva. Lo que sí hace, reiteró, es utilizar una medida excepcional como herramienta para atender determinados problemas que hoy, en nuestra realidad nacional, han alcanzado niveles alarmantes.
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, diputado de MC, explicó que la prisión preventiva oficiosa no distingue entre delincuentes e inocentes: “se decreta a cualquier persona bajo la presunción de culpabilidad, haya o no cometido el delito”. Es, dijo, una condena sin sentencia.
Sostuvo que según un informe sobre el uso de la prisión preventiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el boletín estadístico de la Comisión Nacional de Seguridad, de 257 mil 291 personas encarceladas, aproximadamente 109 mil están presos sin sentencia, ello representa el 42 por ciento de la población penitenciaria.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) sostuvo que la prisión preventiva oficiosa es una salida falsa que descansa en la suposición de que quienes roban combustible, quienes portan armas, cometen delitos electorales y en que los corruptos, dejarán de serlo sólo por encarcelarlos un tiempo o que esta situación disuadirá a quienes delinquen.
“Si fomentamos la ineficiencia de las instituciones, los diputados enfrentarán un proceso con debilidades orgánicas y tendrán grandes posibilidades de ser exculpados. Y adicionalmente, abrimos una puerta que ha sido señalada por los organismos internacionales en materia de derechos humanos, para que la excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa se convierta en una nueva regla”, subrayó.
Por el PVEM, el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar reconoció que es necesaria una reforma integral que garantice el buen funcionamiento del sistema de justicia y que la investigación de los delitos se realice de acuerdo con los mejores estándares internacionales.
El nuevo sistema penal acusatorio, dijo Gómez Alcantar, no está funcionando como se esperaba y, lejos de evitar que las personas inocentes vayan a la cárcel, se ha convertido en un mecanismo que permite a los criminales delinquir una y otra vez, en total impunidad.
En la discusión, la diputada Flor Ivone Morales Miranda (Morena) expresó que la incorporación de los tipos penales al catálogo de aquellos que ameritan prisión preventiva obedece a la necesidad de combatir aquellos delitos que tanto laceran a la sociedad, como son el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción y los delitos en materia de hidrocarburos. “Aprobemos este dictamen y demos un paso adelante en la transformación del régimen legal”.
Martha Tagle Martínez, diputada de MC, subrayó que la prisión preventiva oficiosa lo único que hará es llevar a más pobres a la cárcel, que no puedan defenderse porque no será cuentan con los medios. “La discusión no tiene que ver (en qué) sí estamos de acuerdo o que son o no delitos graves. Lo que se está poniendo es si las personas serán remitidas inmediatamente a la cárcel o tendrán que pasar antes por un proceso donde, de entrada, se garantice la presunción de inocencia”.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) resaltó que la prisión preventiva oficiosa que hoy se aprueba no será de manera arbitraria. “Estamos a favor de la minuta, con sus debidas modificaciones, pues consideramos que el ampliar la prisión preventiva a ciertos delitos que flagelan a nuestra sociedad coadyuvará a lograr una mejor seguridad pública del país. Por primera vez en más de 100 años se está pensando en la sociedad y no en los privilegios de la misma clase política”.
Por el PRD, la diputada Mónica Bautista Rodríguez argumentó que México necesita una ley justa y no represiva. “La reforma constitucional en materia de prisión preventiva propuesta, está dejando en una posición de desventaja al principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 20 constitucional. Al votar este catálogo estaremos condenando de manera irresponsable a muchos mexicanos a ser objeto de la injusticia”.
Claudia Pérez Rodríguez, diputada de Morena, resaltó que estas reformas no constituyen una pena adelantada, porque sólo es una medida cautelar provisional para garantizar que el imputado acuda al desarrollo del procedimiento e inclusive al juicio. La reforma constitucional, dijo, de ninguna forma es violatoria a la presunción de inocencia del indiciado y menos a sus derechos humanos. “Estamos a favor de una impartición de justicia efectiva”.
La diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) sostuvo que el documento no es una herramienta que a partir de distinguir delitos de gran incidencia social contemple el trato ponderado que están obligados a dar fiscales y jueces en las solicitudes de prisión preventiva. “No nos escuchan; no quieren entender razones. Allá ustedes, la historia así se los reclamará. Queden estas líneas de rechazo a la forma en que nos proponen modificar el artículo 19 constitucional”.
Jorge Arturo Espadas Galván, diputado del PAN, afirmó que la prisión preventiva oficiosa sí va en sentido opuesto a la presunción de inocencia. “Esta reforma va a provocar, en más de algún caso, que el Ministerio Público se preocupe menos por realizar su labor de investigación, porque basta que acuda al juez para obtener la prisión preventiva oficiosa; eso es lo que estamos proponiendo de fondo; México requiere respuestas y ante la gravedad de la enfermedad hoy le vamos a dar un mejoralito”.
Al pronunciarse contra la reforma, la diputada Julieta Macías Rábago (MC) subrayó que es una solución mediática, simple, rápida, ineficaz e irracional y no da respuesta a la inseguridad, por lo que pidió trabajar en fortalecer la Fiscalía General de la República y sacar una reforma integral en seguridad y justicia. “Trabajemos para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción e impulsar mecanismos para fortalecer la división de poderes; esto es lo que ayudará a disminuir la violencia, impunidad e injusticias”.
De Morena, el diputado Erasmo González Robledo aseveró que se pretende que la prisión preventiva sea una medida cautelar y eficaz para que los indiciados por delitos graves no escapen a la acción de la justicia. Es decir, “se evitará que la puerta giratoria siga permitiendo la liberación casi inmediata de los delincuentes que más dañan a la ciudadanía”, por lo que solicitó votar a favor del dictamen por el bien del país.
El diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) afirmó que quienes están en contra buscan reducir la posibilidad de encarcelar a personas inocentes, asegurar los derechos de las víctimas y cumplir con los tratados en materia de derechos humanos porque, consideró, incrementar el catálogo de delitos del artículo 19 no es la solución al problema que vive el país “la prisión preventiva no es una sentencia condenatoria”.
La legisladora Carmen Julia Prudencio González (MC) aseguró que el voto de su fracción parlamentaria no será un cheque en blanco, pero sí a conciencia. Agregó que el voto es a favor porque la reforma resalta que ante el delito de portación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, se imponga prisión preventiva oficiosa. “Es una respuesta firme y frontal a la inseguridad, no es solamente una solución mediática simple y rápida”.
La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) enfatizó que la reforma no resuelve el tema de la impunidad y no atiende la necesidad urgente de restablecer la paz y la seguridad. Lo que se tiene que hacer es revisar qué está pasando en el Ministerio Público y por qué no pueden ejecutar las investigaciones e integrar una carpeta de investigación, que al judicializar el proceso le permita al juez conocerlo y empezar a aplicar la justicia. “Me asumo como una persona que no va a ser cómplice del engaño al que se somete al pueblo. Lo que se está haciendo es salir por peteneras; el otro camino es complicado”.
Previamente, se desechó una moción suspensiva del diputado Antonio Ortega Martínez (PRD), quien señaló que la discusión del dictamen representa una grave violación a lo establecido en el Reglamento por parte de la Junta de Coordinación Política y de quienes integraron la Comisión Permanente del pasado periodo de receso. “No fueron atendidas las mociones de aclaración y de ilustración y, por lo tanto, pensamos que el proceso está dañado y manchado”.
En los transitorios del dictamen se faculta al Congreso de la Unión para que en un plazo de 90 días realice las adecuaciones normativas para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes, las hipótesis delictivas de las reformas: de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; uso de programas sociales con fines electorales y hechos de corrupción.
Asimismo, se establece que los delitos en materia de corrupción correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones entrarían en vigor a partir del nombramiento que realice el titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.