Al asegurar que el transporte público en Nuevo León es uno de los más caros y deficientes del país, el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís destacó que 46.1 por ciento de los usuarios neoleoneses del transporte público consideran que la tarifa es alta e insegura.
El legislador panista expuso que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, las personas que se trasladaron usaron principalmente el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, el cual atendió a 9.7 millones en febrero de 2022, seguido por Transmetro que transportó a 1.8 millones de personas, mientras que el Metrobús a 821 mil 500 pasajeros.
Como puede apreciarse, dijo, las personas utilizan en gran medida el Metrorrey, por lo que no podemos permitir que esta administración lastime económicamente a las y los neoloneses, por el contrario, apelamos por la sensibilidad del gobierno, máxime cuando la totalidad de las familias aún no logran recuperar sus empleos debido a la pandemia por la Covid-19.
Por ello, dijo, es necesario que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de Nuevo León, para que se abstenga de aprobar cualquier incremento a las tarifas al Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.
A través de un punto de acuerdo, que se turnó a la Tercera Comisión de la Permanente, Fuentes Solís además propuso que este órgano del Congreso de la Unión exhorte al Consejo de Metrorrey de Nuevo León, para que no aumente las tarifas del Metro, propuestas en su sesión del pasado 18 de mayo de 2022.
El legislador expresó que resulta incomprensible la propuesta del incremento pues se pretende incrementar de 4.50 a 5.50 pesos de manera inicial, para terminar el año con un costo de 6.20 pesos, toda vez que la propuesta contempla un alza escalonada mensual a la tarifa de este medio de trasporte hasta llegar a los 9 pesos.
“Aumentar los precios del transporte de pasajeros, sin que exista una mejora sustancial en el servicio, con mejores unidades y mayor seguridad en los traslados, originará serias afectaciones negativas que van más allá de garantizar la movilidad de la población.
El senador de Acción Nacional consideró que esta medida es perjudicial en términos de equidad social, ya que dificulta aún más la accesibilidad y posibilidad de transportarse a las personas con menores recursos económicos y en situación de vulnerabilidad.