Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y la de Movilidad Sustentable, del Congreso de la Ciudad de México, realizarán el estudio y análisis para reformar el Código Penal local y aumentar la pena de prisión, hasta con seis años, cuando se cometa robo con amenazas en transporte público o vehículo particular.
De acuerdo con la iniciativa de reformas propuesta por el diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, la sanción carcelaria se aplicará si el responsable del robo realiza pedimentos, amenazas, intimidación, presión psicológica; pone en riesgo la seguridad por la utilización de armas de fuego, objetos punzocortantes u otras armas.
El legislador Álvarez Melo explicó que la propuesta, además de sancionar el robo en el transporte público y vehículo particular, ayudará a combatir la violencia de género.
“Los ciudadanos se encuentran expuestos a diversos ilícitos en los transportes. Uno de éstos es el robo en las unidades de transporte público. Estos asaltos en algunos casos han terminado en homicidio, ya sea por la negativa de la víctima de entregar sus pertenencias, pues defiende parte de su patrimonio, o por alguna otra circunstancia que sale de lo planeado por los delincuentes”, dijo.
Con base en estadísticas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el año pasado se registraron 525 denuncias por robos a bordo del Metrobús, lo que significó 78.5 % más en comparación con el año 2017.
“Otros servicios de transporte público que en el año 2018 registraron alzas importantes en cuanto a denuncias por robo son el tren ligero, el trolebús, y los autobuses de la Red de Transporte Público (RTP). En este caso, la Procuraduría capitalina no especifica cuántos asaltos se cometieron en cada transporte”, enfatizó.
Al presentar su iniciativa, el diputado Álvarez Melo resaltó que los robos a bordo de taxis también repuntaron en 2018. Hasta octubre del año pasado se contabilizaron 244 denuncias. En el caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la cifra de robos va en aumento.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el diputado Eleazar Rubio Aldarán, del partido MORENA, propuso reformar el artículo 243 del Código Penal y establecer que se impondrá prisión de dos a siete años de prisión a quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado en él, con el ánimo de lucro, adquiera posea, desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte el o los instrumentos, objetos o productos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la de Movilidad Sustentable.