La diputada federal Olga Luz Espinosa Morales presentó un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Educación Pública a emitir el acuerdo secretarial pertinente para el reconocimiento jurídico, financiero y operativo del Telebachillerato Comunitario, como subsistema de educación media superior.
El texto, turnado a la Comisión de Educación, precisa que los telebachilleratos comunitarios son una opción educativa creada por la Secretaría de Educación Pública para ofrecer servicios de educación media superior a comunidades rurales más apartadas del país que cuentan con menos de 2 mil 500 habitantes, y que no disponen de servicio de bachillerato en un radio de 5 kilómetros.
Desde 2013 este modelo funciona en 31 entidades federativas por lo que es imperante que la Cámara de Diputados haga un llamado al Gobierno Federal a dotar de estabilidad legal, económica y operativa a los telebachilleratos e impida el cierre de estos centros, que en muchas comunidades son el máximo grado que los jóvenes pueden aspirar.
Enfatiza que el principal objetivo de este modelo es la cobertura total de la educación media superior, ya que la atención de otros subsistemas destinados a este apartado de la educación había sido rebasada en más de 30 por ciento, desatendiendo a más de 45 por ciento de la población de 15 a 17 años, provenientes de comunidades altamente marginadas.
Actualmente existen 3 mil 323 planteles con una matrícula de 142 mil 193 estudiantes y 10 mil docentes, modificando de manera positiva los índices educativos propuestos, como objetivo al momento de su creación.
El Telebachillerato Comunitario se ha posicionado como un modelo educativo alternativo para las comunidades más alejadas de las ciudades, las cuales presentan un enorme rezago de desarrollo social. Justo es decir que este sistema educativo se encuentra actualmente con un mayor crecimiento a nivel nacional.
Esto ha ocurrido principalmente porque es una opción que no genera un gran gasto excesivo al Estado en materia educativa, dado que funciona con una planta docente reducida, a pesar de que los gobiernos tanto estatales como el Federal no invierten recursos públicos en infraestructura.
Muchas comunidades, por medio de los padres de familia de los propios estudiantes, han invertido recursos propios tanto económicos como de mano de obra para desarrollar la infraestructura necesaria para estas escuelas.
Es un sistema factible para acercar el servicio de educación media superior a poblaciones pequeñas altamente marginadas y en condiciones vulnerables en las que, por sus características, los jóvenes tienen pocas o nulas oportunidades del derecho constitucional de acceso a la educación, puntualiza la propuesta.