*En los últimos siete años la violencia en México ha alcanzado niveles intolerables
La política de abrazos y no balazos ha demostrado ser un rotundo fracaso; ha socavado la gobernabilidad y ha sembrado el miedo en la sociedad mexicana.
A este escenario se suma la incertidumbre generada por las recientes reformas en materia de procuración e impartición de justicia aprobadas por la mayoría, las cuales lejos de fortalecer el Estado de derecho amenazan con debilitar la independencia judicial, la eficacia de nuestras instituciones y los derechos humanos de los mexicanos.
Esto deja en entredicho su compromiso con la seguridad y la justicia, evidencia un vacío alarmante en el círculo de la justicia al desmantelar un Poder de la Unión para imponer uno a modo, sin contrapesos ni garantías.
Los resultados de esta estrategia se traducen hoy en más de 200 mil homicidios dolosos, cerca de 60 mil personas desaparecidas, poco más de tres mil fosas clandestinas.
Esta es la realidad que vivimos.
Resulta sorprendente que, en total desinterés, al cuarto para las doce y como un mero trámite, el secretario de Seguridad compareciera ante la comisión respectiva, esto a pesar de que varios legisladores, como el de la voz, pedimos previamente su comparecencia y poder conocer esta estrategia y las reformas en materia que pudieran realmente transformar la situación en la que hoy se encuentra nuestro país.
Hubiera sido fundamental escuchar su perspectiva antes, para poder enriquecer el proyecto que hoy se nos presenta, pues el diagnóstico de la estrategia actual no refleja el México que hoy realmente vivimos, es una visión ajena a la realidad de quienes enfrentan a diario asaltos, extorsiones y la pérdida de sus seres queridos sin justicia.
Una realidad donde las tragedias acumuladas no pueden seguir siendo maquilladas por políticas de seguridad que callan el dolor y ocultan la sangre derramada.
Hoy el gobierno junto con la complicidad de la mayoría de este Senado pretende desviar deliberadamente la atención de las verdaderas urgencias nacionales para enfocarse en lo político y en lo electoral.
Como legisladores debemos reconocer esta realidad dolorosa, pero innegable.
La violencia ha rebasado la gobernabilidad del Estado mexicano, de no hacerlo sería una responsabilidad política y moral.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública que hoy nos presenta el Poder Ejecutivo no es más que una repetición de los errores del pasado, pero con una diferencia, ahora todo está militarizado, sin controles judiciales y sin contrapesos, sumándole el debilitamiento de las fuerzas locales de seguridad y con un secretariado ejecutivo que centraliza atribuciones cuando la seguridad pública, sin lugar a dudas, es una facultad concurrente.
Además, de que esta estrategia fue presentada con dos meses de retraso no parte de un diagnóstico realista, el oficialismo pretende sorprender esta soberanía con datos que no son equiparables, pues se combinan arbitrariamente cifras e información de carpetas de investigación estatales con distintas metodologías, se mezclan promedios mensuales con anuales y se distorsiona intencionalmente la interpretación de datos.
Además, es un documento sin metas cuantificable, sin cronograma, sin presupuesto coherente, sin indicadores verificables, sin una matriz de desempeño y peor aún, sin voluntad de corregir.
Cómo se pretende ejecutar esta estrategia si se reduce el presupuesto a las áreas claves encargadas del análisis criminal, la inteligencia y la prevención del delito.
Ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia se redujo en más de doscientos millones en comparación de 2024, al igual que otras áreas de inteligencia y análisis como la Dirección General de Análisis Criminal que la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, la Coordinación Nacional Antisecuestros, entre otras.
No hay congruencia entre las reformas planteadas, entre la estrategia y el presupuesto asignado, cuando las ocurrencias superan la razón, la realidad se impone y los obliga a corregir lo que como oposición ya habíamos advertido.
Esta mayoría legislativa pasará a la historia no por sus logros, sino por sus errores de fondo e, incluso de técnica legislativa y jurídica.
Por otro lado, la estrategia habla de coordinación nacional, pero eliminan a los municipios, apoyos como el Fortaseg, y se abandona a las fuerzas de seguridad local.
¿Cómo se va a hablar de seguridad sin fortalecer a las policías municipales y estatales?, estas atienden el 90 % de los delitos del fuero común.
No vemos en la propuesta un solo esfuerzo por fortalecer a quienes están en la primera línea de defensa, las policías municipales y estatales.
No hay intención de reformar fiscalías ni ministerios públicos, lo que sí hay es un claro interés por el control político, pero no por garantizar la seguridad de los mexicanos.
No es de sorprender que la estrategia fuera construida desde la oposición y el centralismo y la exclusión.
Desde el grupo parlamentario del PRI, decimos con firmeza y claridad, esta estrategia no soluciona nada, sólo administra el desastre que vivimos todos los días en las calles del país.
Por eso, no solamente vamos a votar en contra, vamos a denunciarla, a exhibirla y a exigir que se replantee completamente, la seguridad de México merece el mayor de los compromisos por esta soberanía, no podemos aprobar un documento sin rigor técnico ni mecanismos presupuestarios definidos.
Este Senado no es Oficialía de Partes, es un espacio de diálogo republicano y análisis serio, el país requiere una estrategia de seguridad basada en la verdad, en la justicia, en la coordinación real entre los tres niveles de gobierno, en la capacidad operativa de las instituciones civiles y, sobre todo, el respeto a la dignidad humana.
Invito a la mayoría a abrir un diálogo profundo y serio, corregir no es ceder, es actuar con responsabilidad por México, por la paz y por la justicia.
No podemos votar una estrategia tan importante al vapor.
Queremos un México en paz, un México próspero, un México donde la seguridad no sea un privilegio, sino un derecho.
Y eso no se logra con discursos vacíos, sino con decisiones firmes, evaluables y transparentes.
El Estado no puede seguir criminalizando a las víctimas que alzan la voz, como lo han hecho con las madres buscadoras, quienes al señalar al gobierno reciben la indiferencia o el desprecio institucional.
México no puede ser un país que se acostumbre a buscar a sus hijos en fosas clandestinas mientras el Estado les da la espalda.
Desde el grupo parlamentario del PRI reiteramos nuestro compromiso con la justicia y el fortalecimiento institucional para garantizar una verdadera procuración e impartición de justicia.
Por eso votamos en contra de esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública, por sus deficiencias, falta de método y porque ignora la violencia, las desapariciones y la sed de justicia de un pueblo que vive con miedo.
Le pedimos al oficialismo abrir un puente de diálogo, de unidad, de construcción colectiva, la seguridad no es de ideologías ni colores, es de justicia, democracia y respeto al Estado de derecho.