Acusan especialistas
A pesar de que este año se cumplen 20 años de la creación de la Corte Penal Internacional por medio del Estatuto de Roma, este instrumento no ha intervenido en ningún caso mexicano, de acuerdo con los expertos reunidos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales para hablar sobre el tema.
Lo anterior es porque, si bien México ratificó —hasta 2005— el Estatuto de Roma, desde entonces la legislación nacional ha puesto trabas, pues se aceptó su competencia, sin embargo, en la práctica el Senado debe aprobar los casos que llegan a la Corte, según lo dicho en la Conferencia “A 20 años de la instauración del Estatuto de Roma”, en la que participaron el investigador del INACIPE, Javier Dondé Matute; el especialista en derecho internacional e investigador de la UNAM, Manuel Becerra y el investigador invitado del INACIPE, Juan Carlos Velázquez Elizarrarás.
Además de ello, el país no tiene una ley de cooperación con la Corte Penal Internacional, ni tiene tipificados en la legislación los crímenes de lesa humanidad y de agresión, que son competencia de dicho organismo, según lo dicho por Javier Dondé.
“La aceptación de la competencia de la Corte Penal Internacional por parte de México fue decepcionante. México reformó su constitución, pero siguió poniendo obstáculos. Esta es una reserva encubierta que no permite el reconocimiento pleno de esta instancia”, declaró Manuel Becerra.
Y es que de acuerdo al experto, aun con la posibilidad de llevar casos penales ante juicio internacional y la plena cooperación de los países, este procedimiento sigue siendo difícil y, en 16 años, la Corte ha resuelto dos casos con dos absoluciones.
“Se nos vendió la idea de que con la Corte Penal Internacional iban a cerrarse las brechas de impunidad, porque cuando las instancias nacionales fallaran estaban las internacionales, pero ¿realmente ha sido así?”, preguntó Javier Dondé.
En México la Corte ha fallado en resolver el problema de la impunidad, aun cuando Organismos de la Sociedad Civil han pedido su intervención en cinco casos nacionales, uno de los cuales versa sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del estado de Baja California entre 2006 y 2012. En todas las instancias, ese organismo ha rechazado involucrarse, pues las probables ofensas no pueden ser juzgadas como crímenes de guerra.
“El problema del estatuto de Roma con las absoluciones y su no involucramiento en algunos asuntos ha dejado insatisfechas a muchas víctimas, este es uno de los puntos pendientes. Aunque hay muchas consideraciones en contra del funcionamiento de la Corte, al menos esta ha desempeñado una función garantista, lo cual puede considerarse un criterio a favor de su continuada existencia”, concluyó Juan Carlos Velázquez.