México no merece que los funcionarios que tienen la responsabilidad de combatir la corrupción y procurar la transparencia del gobierno, como la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Salazar, sean removidos de sus tareas en la más completa opacidad, afirmó la diputada federal.
Durante la sesión semipresencial de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, la legisladora presentó, a nombre del diputado Marco Antonio Adame, una iniciativa que reforma el Código Penal Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de tipificar el delito de desvío de poder.
Se trata de sancionar a todo aquel servidor público que utilice discrecionalmente alguna de sus atribuciones conferidas por ley para afectar directa o indirectamente los derechos de una persona o para conseguir un fin distinto a aquel para el que fueron conferidas.
Josefina Salazar, señaló que la gestión de Irma Eréndira Sandoval al frente a la SFP dejó un historial de encubrimiento en casos emblemáticos como las casas de Bartlett, las bolsitas de papel de Pío, la ausencia de transparencia en el ejercicio de recursos públicos en obras faraónicas como el Tren Maya o el inexplicable patrimonio de varios secretarios del Gobierno Federal, incluyendo, por supuesto, ella misma.
“Y ni qué decir del contrato para comprar 35 millones de vacunas contra el Covid-19 a una empresa inexistente. Lo paradójico es que todos esos casos no fueron revelados por la Secretaría de la Función Pública, sino por medios de comunicación y por organizaciones de la sociedad civil que todos los días recienten el ataque furibundo del presidente”, apuntó.
En este contexto de crisis y colapso, dijo, el presidente señalo que decidió sustituir cuando en realidad lo que hizo fue destituir a la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros como titular de esa Secretaría de Estado y lo hizo no por su evidente fracaso en el combate a la corrupción, su inexplicable fortuna o sus nulos resultados en materia de control de la Función Pública, sino por una venganza política, porque el hermano de ella no se disciplinó a la designación de Félix Salgado Macedonio como obradorista en el estado de Guerrero.
“Un presidente del que hoy sabemos es intolerante contra la corrupción cuando no sea imputada a alguien de su gobierno, porque entonces la corrupción deja de ser un cáncer repudiable y se convierte en acto de fe que merece ser premiado y defendido hasta la ignominia”, anotó.
“Esa es la terrible realidad del ejercicio gubernamental en este país y que conste que Acción Nacional lo denunció siempre, desde esta tribuna y ante la misma exsecretaria de la Función Pública, a quien en dos ocasiones le dije, lo que hoy voy a repetir y nadie podrá negar: en México el combate a la corrupción es un arma de persecución política contra quienes se oponen y una farsa que garantiza impunidad para quienes aplauden”, precisó.
Además, refirió que la situación ya es inocultable, lo documentan todos los días los medios de comunicación nacional y se ha convertido en un asunto del dominio público en todo el planeta, debido a que de forma oportuna y critica los principales medios de comunicación de países como Francia, España, Alemania o Estados Unidos han consignado el ejercicio abusivo del poder, la nula rendición de cuentas, la vulneración sistemática de la ley y el desmantelamiento democrático
del Estado.
Al concluir, resaltó que el mundo entero ya se dio cuenta de que el emperador camina desnudo y que, bajo el oropel de sus ropajes de demócrata, se encubrió un político profundamente autoritario y populista. “Uno, que con sus acciones está destruyendo deliberada y sistemáticamente las instituciones que nacieron de la democracia y que tantas décadas nos costó construir”, agregó.
La iniciativa se turnó para dictamen a las comisiones Unidas de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.