Declaratoria formal
La Cámara de Diputados emitió el proyecto de declaratoria de aprobación de los artículos 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de extinción de dominio, para delitos de corrupción; los cometidos por servidores públicos, y en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
La secretaria de la Mesa Directiva, diputada Karla Yuritzi Almazán Burgo (Morena), informó que se recibieron 20 votos aprobatorios correspondientes a legislaturas de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Durango, Hidalgo, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna (Morena), dijo que realizado el cómputo de votos aprobatorios de la mayoría de legislaturas de los estados, esta Cámara emite el siguiente proyecto de declaratoria:
“El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política y previa aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de los estados, declara reformados el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política en materia de extinción de dominio. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales”.
En los posicionamientos, el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (Morena) mencionó que se trata de la primera reforma constitucional que inicia y concluye esta LXIV Legislatura, y tiene plena justificación porque en México la corrupción ha afectado gravemente el desarrollo del país y la sociedad mexicana.
A esta legislatura nos tocará expedir la legislación única en materia de extinción de dominio, “porque el compromiso es recuperar la confianza de los ciudadanos. La emisión de una legislación única abona a la seguridad jurídica y a la certeza para los ciudadanos, evitamos contradicciones y procedimientos diversos. Queremos dar el mensaje claro de que no habrá más impunidad ni se solapará el enriquecimiento ilegítimo por actos de corrupción”.
Del PAN, el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera señaló que la figura de extinción de dominio ha sido mal entendida y mal aplicada. “Esperamos que con esta reforma se pueda enmendar y proceder a utilizarla como pieza clave para remontar la crisis de violencia que vive el país”.
Confió en que la aprobación de esta reforma genere, ahora sí, una verdadera política de recuperación de activos y extinción de dominio, a efecto de superar por la vía del debilitamiento financiero de la delincuencia y la corrupción, el estado de violencia endémica y de inseguridad que padece el país. Además, anunció que su partido presentará su propuesta de Ley General de Extinción de Dominio.
Cruz Juvenal Roa Sánchez, diputado del PRI, resaltó que la declaratoria de constitucionalidad, constituye un paso de gran importancia para fortalecer la lucha contra la corrupción, lavado de dinero, extorsión, secuestro, trata de personas y el crimen organizado en México.
“Hoy mandamos un mensaje firme contra la impunidad. No permitiremos que lucren a costa de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. La extinción de dominio constituye un instrumento jurídico que abona en el combate a la delincuencia. México requiere de marcos jurídicos robustos y de una Constitución protectora de los derechos de las y los ciudadanos. Continuaremos trabajando por un mejor país para combatir la impunidad y la corrupción”, afirmó.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) precisó que la reforma significa un gran avance para lograr la transformación, sienta una base sólida para el combate contra la inseguridad, y será fundamental para alcanzar los objetivos del plan para la paz y la seguridad.
“Estamos convencidos que creamos una figura fuerte, viable y eficaz con lo que vamos a combatir un negocio ilícito que hoy está valuado en más de 3.6 billones de pesos. Sigamos construyendo acuerdos en beneficio de niñas, niños y familias; por un México donde existan figuras para combatir la corrupción y al crimen organizado, es posible y vamos a hacerlo todos juntos”, agregó.
Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, expuso que hoy se declara la validez de la primera reforma constitucional del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta legislatura. “El decreto que se incorporará a la Constitución surge de los esfuerzos de legisladores de distintos partidos, pero también de un amplio consenso para promover el fortalecimiento de herramientas institucionales que generen integridad y seguridad”.
Destacó la trascendencia de contar con una legislación nacional en materia de extinción de dominio, a través de la cual “podamos eliminar distorsiones normativas entre leyes locales, generar incentivos para prevenir hechos de corrupción e ilícitos, así como promover sanciones comunes en todo el país”.
Por MC, la diputada Martha Tagle Martínez resaltó que uno de los pendientes para esta legislatura es crear una nueva ley en materia de delincuencia organizada que contenga reglas especiales para la extinción de dominio, que comprenda un mayor número de bienes.
Se necesita dotar al Ejecutivo de herramientas legales necesarias para combatir la delincuencia y darle respuesta a la demanda ciudadana que hace todos los días, “garantizar la seguridad de su vida y sus bienes de manera cotidiana. Celebramos que este proceso de reforma constitucional haya concluido en su totalidad y que esté listo para ser promulgado por el Ejecutivo”.
El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) consideró fundamental que bienes producto del delito sean puestos a disposición de la hacienda pública, de tal manera que sirvan al progreso de las personas afectadas por la propia delincuencia de manera directa o indirecta, en forma de retribución pública de los productos del delito.
“Nos congratulamos por la disposición de los Congresos estatales para la pronta aprobación de estas reformas, debido al amplio compromiso que tenemos, no sólo con las víctimas directas de los delitos y principalmente con el usufructo social, con beneficio para todos y todas las mexicanas, del producto no legítimo adquirido por la delincuencia”, añadió.
Roberto Antonio Rubio Montejo, diputado del PVEM, expresó que la figura de la extinción de dominio ha demostrado ser un instrumento efectivo para debilitar la capacidad operativa de la delincuencia, porque disminuye los recursos de los cuales disponen. Sin embargo, bajo el actual modelo, “los resultados han dejado mucho que desear y pocos han contribuido al combate de la delincuencia”.
El decreto aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y validado por la mayoría de las legislaturas estatales, está encaminado a ser más efectivo en la aplicación de la extinción de dominio en el país. “Celebramos que hoy se emita la declaratoria de la aprobación, con lo cual el Estado contará con mejores herramientas para el combate frontal a la delincuencia”.