Al cumplirse 19 días de que inició la suspensión de clases en diversos planteles educativos del estado de Oaxaca y, más recientemente, en el estado de Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado, tanto a las autoridades vinculadas al sector educativo, como a los maestros que se encuentran en paro en dichas entidades, para que, en atención al interés superior de niñas, niños y adolescentes, adopten las medidas necesarias para garantizar sus derechos humanos, en particular el relativo a la educación, a efecto de prevenir que se afecte el proceso enseñanza aprendizaje y el adecuado desarrollo de los educandos.
Esta Comisión Nacional insiste en la necesidad de que todo planteamiento, demanda o discrepancia, por legítima que ésta sea, necesariamente se deba formular por las vías institucionales y en el marco de la ley, ratificando la obligación que tiene todo servidor público de sujetar sus actos a lo dispuesto por las normas y con estricta observancia y respeto a los derechos humanos. Ni particulares ni autoridades pueden estar por encima de la ley.
La CNDH rechaza todo acto de violencia y provocación, al tiempo que reafirma el valor y la importancia de las protestas pacíficas en una sociedad democrática, en cuyo ejercicio confluye la actuación de autoridades y de ciudadanos que, en todo momento debe ser responsable y dentro del marco de la legalidad, evitando recurrir a la violencia o al uso indebido de la fuerza.
Del mismo modo, ratifica su convicción sobre el valor del diálogo, el entendimiento y la construcción de acuerdos, en el marco de la ley, como vía para la solución de diferendos entre las personas y grupos.
Este Organismo Nacional actualmente investiga e integra los expedientes de queja que con relación a este asunto le han presentado, tanto maestros que participan en el paro y en los actos de protesta, los cuales acusan haber sufrido agresiones y otros abusos por parte de autoridades de la Ciudad de México, así como aquellos formulados por organizaciones de la sociedad civil, preocupadas por el respeto y vigencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto de las cuales, en su oportunidad, emitirá el pronunciamiento que corresponda.