Preocupantes linchamientos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su total rechazo a los actos de barbarie que en los últimos días se han registrado en los estados de Puebla e Hidalgo, y que concluyeron con el linchamiento de cuatro personas y un intento no consumado sobre dos personas más, a la vez que demandó se deslinden las responsabilidades en que habrían incurrido, tanto las autoridades que no lograron evitar que se privara de la vida a personas, como aquellos que habrían ejecutado en forma directa tales hechos.
Al respecto, entrevistado al término de la inauguración de la Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria 2018 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), en Guadalajara, Jalisco, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que en tanto el Estado no cumpla con sus obligaciones de abatir la impunidad y brinde condiciones mínimas de seguridad a la sociedad, la desconfianza en las instituciones y la desesperación de las personas por obtener justicia, dejará abierta la puerta para que se presenten nuevos casos de justicia por propia mano.
Tan sólo en 2018, la CNDH tendría registro de cuando menos 25 personas que habrían sido privadas de la vida y 40 que se habría intentado linchar y fueron rescatadas con distintos grados de lesiones, por lo que, ante la recurrencia de los casos en que se ejerce justicia por propia mano, la CNDH prepara un informe sobre la problemática de los linchamientos, enfatizando que la justicia por propia mano no es justicia, sino barbarie.
Es preciso que las autoridades tengan protocolos de actuación y estrategias para la atención de estos casos, cuestiones que han probado ser efectivas para evitar que se presenten pérdidas de vidas cuando se detectan las amenazas y se actúa debidamente para controlarlas. En estos casos, la actuación oportuna de la autoridad es la diferencia entre la vida y la muerte de las personas.
La CNDH hace un respetuoso llamado a las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno para que adopten las medidas conducentes a efecto de detectar y atender los casos en que exista riesgo de que las personas ejerzan justicia por propia mano, reiterando la necesidad de que los casos que se han presentado se investiguen y se determinen las responsabilidades que correspondan, tanto por omisión como por actuación indebida, de autoridades y particulares.