¿De veras o más demagogia?
La Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia pondrá énfasis en vigilar que las niñas, niños y adolescentes gocen de las garantías previstas en la Constitución, tratados internacionales, la legislación en la materia y el marco jurídico aplicable.
La presidenta de la instancia legislativa, Rosalba Valencia Cruz, dijo que desarrollarán acciones a fin de mejorar el marco jurídico y propiciar mediante el diálogo y la argumentación con todos los sectores involucrados en el tema, que las políticas públicas de la materia tengan por objeto el ejercicio pleno de los derechos de esta población.
El diputado Sergio Mayer Bretón resaltó la necesidad de crear la Plataforma Única de Registro de niños susceptibles de ser adoptados, y homologar los criterios a nivel nacional respecto a las familias que pueden hacerlo. Son temas fundamentales, ya que hay muchos infantes que se quedan sin familia porque no se ha reglamentado, ni se tienen los protocolos necesarios, que agilicen este proceso.
De la misma bancada, la diputada Aleida Alavez Ruiz destacó la necesidad de iniciar el análisis de las iniciativas y puntos de acuerdo turnados a la Comisión por la Mesa Directiva, para dar respuesta y eficientizar el trabajo parlamentario.
La diputada Laura Barrera Fortoul propuso una reunión de trabajo con Antonio Rizzoli, experto en la primera infancia, que comprende de cero a 6 años, y es la etapa más importante, a fin de que los legisladores tengan herramientas que coadyuven a enriquecer la labor parlamentaria. Los integrantes aprobaron el encuentro que se realizará el próximo 30 de octubre, en San Lázaro.
El legislador Marco Antonio González Reyes destacó la necesidad de que la Comisión escuche directamente a la niñez para conocer sus problemas, inquietudes y propuestas, y aprovechar el gran potencial que tienen y eso contribuya a enriquecer el quehacer parlamentario.
Durante la primera reunión de trabajo, los integrantes de la Comisión aprobaron el Programa Anual de Trabajo para el primer año de ejercicio legislativo, la creación de seis subcomisiones y el calendario de reuniones ordinarias mensuales.
Señalaron que la creación de la sexta subcomisión es para revisar y dar seguimiento a la aplicación del Presupuesto asignado en el Ramo 10, destinado a atender las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, a propuesta de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, secretaria de la instancia legislativa.
El Plan de Trabajo destaca entre sus objetivos, solicitar la asignación de recursos públicos a áreas prioritarias para garantizar los derechos de la niñez. Todas las decisiones de la Comisión se fundamentarán en la no discriminación, interés superior de la niñez, derecho a una vida digna, supervivencia y desarrollo, que expresen su opinión y sea tomada en cuenta.
Otro de los objetivos es desarrollar estudios y diagnósticos de la legislación vigente, a fin de identificar áreas de oportunidad en el marco normativo. Emitir dictámenes, informes y opiniones oportunas a las iniciativas, minutas y puntos de acuerdo. Cumplir con las obligaciones de transparencia.
Respecto a las subcomisiones, una, abordará los temas vinculados al derecho a una vida digna, supervivencia, desarrollo, prioridad, identidad, a vivir en familia, de primera infancia, víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos.
La dos, analizará las acciones vinculadas a la igualdad sustantiva, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral, a la alimentación, a una vida libre de violencia y a la integridad personal.
La tercera subcomisión atenderá el derecho a la protección de la salud y seguridad social, a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a la educación, al descanso y esparcimiento.
La cuarta, abordará las garantías de la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; derechos de la niñez indígena, a la libertad de expresión y acceso a la información, y participación.
La quinta, estudiará cuestiones vinculadas al derecho a la intimidad, derechos sexuales, seguridad jurídica y al debido proceso, prevención del delito, niñez migrante, y acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.