Respaldamos la creación de una Guardia Nacional encargada de la seguridad pública, pero de carácter plenamente civil, que aproveche la experiencia y capacidades castrenses, pero sin mayor vínculo con las Fuerzas Armadas, advirtieron senadores panistas.
Indicaron que la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública deberá sujetarse a los principios y estándares internacionales de excepcionalidad, temporalidad, subordinación a mando civil, complementariedad, regulación y fiscalización.
El coordinador de los senadores azules, Kuri González, pidió a los medios de comunicación no dejarse engañar con desinformación, pues no es real. “Si en este momento fuera la votación en el Pleno, esta reforma constitucional no sería aprobada”, expuso.
Con posterioridad a lo manifestado durante el Parlamento Abierto de la Guardia Nacional, el GPPAN manifiesta sus coincidencias con los expertos de la sociedad civil y las demás fuerzas políticas representadas en el Senado en los siguientes puntos:
La Guardia Nacional será la encargada de la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como de los bienes y recursos de la nación, en coordinación con las autoridades locales, y estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero a diferencia de la propuesta que hemos recibido, exigimos que tenga naturaleza, carácter, jurisdicción y mando civiles. Que se trate pues, de una institución plenamente civil.
Es indispensable que la participación de la Fuerza Armada en labores de seguridad pública se sujete a los estándares internacionales en la materia, es decir, a una actuación temporal (de hasta 4 años), extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.
El pacto federal y la soberanía de los Estados deben ser salvaguardados evitando la subordinación de las autoridades locales a las federales. La conformación de bases de datos de seguridad pública, así como la implementación de programas federales y locales para el fortalecimiento de las instituciones policiales estatales deben realizarse en coordinación entre los órdenes de gobierno. Proponemos la creación de fondos específicos para estos programas tanto en la Ley de Coordinación Fiscal como en el Presupuesto de Egresos. Así mismo, proponemos que, en términos de los estándares internacionales que recomiendan que haya 3 policías por cada mil habitantes, la Guardia Nacional alcance los 120 mil efectivos, y que los cuerpos policiales locales lleguen a 240 mil.
La Guardia Nacional deberá estar sujeta al control parlamentario del Senado de la República que recibirá y aprobará el informe anual que presente el Ejecutivo, y solicitará la información que requiera y la comparecencia del titular de la Secretaría del ramo.
Los mandos e integrantes de la Guardia estarán sujetos a las responsabilidades consignadas en el Título Cuarto constitucional por lo que no estarán sujetos al fuero militar.
El personal que se integre la Guardia Nacional proveniente de las policías federal, naval y militar, conservarán sus derechos laborales adquiridos, pero los provenientes de las Fuerzas Armadas recibirán adiestramiento y capacitación policial y quedarán separados del Ejército hasta en tanto no se separen de la Guardia para volver a él, es decir, en todo momento, los integrantes de la Guardia Nacional serán servidores públicos, no militares.
En el régimen transitorio proponemos que las leyes secundarias y reformas legales que deban realizarse se lleven a cabo dentro de los 45 días posteriores a la publicación de la reforma constitucional, y que sólo hasta entonces, entren en vigor la mayoría de estas reformas constitucionales.
En conferencia de prensa, las senadoras y los senadores señalaron que, en resumen, proponen lo siguiente:
Respaldamos la creación de una Guardia Nacional encargada de la seguridad pública, pero de carácter plenamente civil, que aproveche la experiencia y capacidades castrenses, pero sin mayor vínculo con las Fuerzas Armadas.
La actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública deberá sujetarse a los principios y estándares internacionales de excepcionalidad, temporalidad, subordinación a mando civil, complementariedad, regulación y fiscalización.
La Guardia Nacional deberá estar sujeta a la jurisdicción civil y al control parlamentario.
El pacto federal debe ser respetado, así como las facultades de los Estados y municipios en materia de seguridad pública, y deben fortalecerse las corporaciones policiales locales, con previsiones presupuestarias específicas.
Al hacer uso de la palabra durante la rueda de prensa, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri González, indicó que el GPPAN está a favor de encontrar soluciones al grave problema de inseguridad que se vive en prácticamente todo el territorio nacional y reiteró la postura de que cualquier legislación expedida por el Congreso de la Unión debe respetar íntegramente los derechos humanos.
“En Acción Nacional somos una oposición constructiva, que está a favor de establecer un entramado legal que le permita al Poder Ejecutivo resolver este grave problema, sin afectar los derechos humanos de todos”, dijo.
En su turno, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz afirmó que en la elaboración del dictamen que se discutirá por la noche en comisiones no se tomó en cuenta las participaciones de los expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de parlamento abierto.
“Lo que sí se tomó en cuenta fue la instrucción del presidente de la República, por el diputado Mario Delgado del Cuarto Transitorio, eso sí se tomó en cuenta en el Senado, de ahí en fuera deja mucho que desear el ejercicio de parlamento abierto si no vamos a escuchar a los ciudadanos”, dijo Gálvez Ruiz.
Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán lamentó que el ejercicio de parlamento abierto “sólo fue una simulación, solamente fue tiempo de escucha, pero no tiempo de reflexión y análisis de lo que las organizaciones de la sociedad civil vinieron a decir”.
Acción Nacional, agregó López Rabadán, seguirá siendo la voz de las organizaciones de la sociedad civil en el Senado, continuará luchando por materializar sus exigencias, que son justas, legales y apegadas a los derechos humanos y para que su voz se materialice en el dictamen que se discutirá en próximas horas y días.
El senador Julen Rementeria del Puerto reiteró que la bancada panista rechaza la mayoría de los planteamientos contenidos en la minuta porque propone militarizar de manera total y permanente la seguridad pública, “con todos los riesgos que ello supone en materia de derechos humanos, y por el hecho de que atenta contra el pacto federal en la medida que constriñe las facultades de las autoridades locales en materia de seguridad ciudadana”.
También estuvieron presentes en la conferencia de prensa la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, y el senador Ismael García Cabeza de Vaca, secretario de la Comisión de Seguridad Pública.