El presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, acusó este miércoles a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, de “posiblemente”, utilizar el medio epistolar de mensajes telefónicos para intimidarlo por haber propuesto una reforma constitucional que permita elegir a los ministros por la vía del voto popular.
Esto lo dio a conocer el legislador morenista durante la sesión pública ordinaria de la Comisión Permanente, desde donde dijo todo esto:
“A las nueve de la noche del día de ayer, con un minuto, empecé a recibir de un número telefónico un conjunto de mensajes presuntamente del teléfono de la ministra presidenta de la Corte.
Me entero posteriormente de que, a mi secretaria, a las ocho de la noche, Daniela, le hacen una llamada por mensaje de texto, donde le dicen, se apersonan con el nombre de Francisco Tapia, asesor de la ministra presidente, quien busca mi número telefónico para ponerse en contacto conmigo, la secretaria técnica Daniela, que aquí se encuentra presente, le da mi número telefónico y empieza una conversación a las nueve de la noche con un minuto.
No juzgo, no prejuzgo, quiero informar a esta soberanía el hecho, quiero informar que he enviado un escrito a la Corte, que voy a leer:
Norma Lucía Piña Hernández. Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presente.
El que suscribe, Senador Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado de la República, con fundamento en el artículo 6, párrafo segundo y octavo constitucional, me dirijo a usted, de la manera más atenta y respetuosa para que, por su conducto, se pueda verificar los siguientes hechos verificativos del día 16 de mayo del presente año, toda vez que el ciudadano Francisco Tapia, el cual se acreditó como su asesor, mediante una serie de mensajes de WhatsApp pretendió crear un canal de comunicación entre usted y su servidor.
Acto seguido, presuntamente el número telefónico que usted acredita, 52 55, que hago referencia a mi número telefónico, recibí mensajes a las nueve con un minuto, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o, incluso, de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna.
Por lo anterior, sirva el presente para que, bajo protesta de decir verdad, bajo protesta de decir verdad y contando con su invaluable apoyo se pueda clarificar formalmente los hechos narrados.
Mi responsabilidad al igual que la suya implica defender la inviolabilidad de nuestros derechos y el libre ejercicio de nuestras atribuciones y competencias.
Por ello, resulta fundamental respetar los principios que deben honrar nuestro quehacer público.
Esperando contar con su pronta respuesta, agradezco de antemano sus finas atenciones.
Esto lo quería informar a esta Honorable Asamblea. No prejuzgo, simplemente informo porque tengo la obligación de proteger la inviolabilidad de cada uno de los integrantes de este cuerpo legislativo y en esa inviolabilidad también me incluyo yo.
Respeto a las mujeres, respeto a la presidenta de la Corte, pero necesito que se haga una investigación, y para ello lo primero que necesito saber es si se confirma esta comunicación que presuntamente salió del teléfono de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.