La senadora Minerva Hernández Ramos propuso llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, con el fin de que informe sobre los procesos que se llevan a cabo para garantizar los derechos de los maestros que, previo a la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia educativa promulgada el 15 de mayo de 2019, fueron evaluados y calificados como idóneos para ocupar plazas y puestos directivos en el servicio profesional docente.
Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora por el estado de Tlaxcala señaló que es necesario que el titular de la SEP informe al Senado de la República sobre los procesos que se están llevando a cabo para prevenir la aplicación retroactiva de esta reforma.
La integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) añadió que es necesario dar certidumbre a los docentes del proceso de evaluación.
La también secretaria de la Comisión de Educación recordó que el pasado miércoles 15 de mayo de 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma educativa, la cual, entre otras cosas, derogó la evaluación para el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado.
En su lugar, las disposiciones constitucionales vigentes establecen que las maestras y maestros tienen derecho a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.
“Toda vez que con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia educativa se abrogó la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD), se entiende que quedan sin efecto las disposiciones en las que se establecía que la asignación de las plazas docentes se haría mediante concurso”, explicó la legisladora federal.
No obstante, dijo, los artículos transitorios de la nueva ley, aunque reconocen que queda eliminada la evaluación docente, también señalan que permanecen vigentes las disposiciones que facultan a la Coordinación Nacional para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del servicio profesional docente, respetando en todo momento los derechos adquiridos de las maestras y los maestros, los que no podrán ser restringidos ni afectados retroactivamente.
Lo anterior significa que, si previamente a la entrada en vigor de la reforma se hubieran efectuado evaluaciones a maestras y maestros, se tendrían que respetar sus derechos de que las plazas docentes fueran asignadas entre ellos, conforme al puntaje obtenido, de mayor a menor.
Minerva Hernández señaló que de acuerdo con información de la organización de la sociedad civil Mexicanos Primero, existen diversos casos en toda la República Mexicana en los que no se tiene certidumbre ni claridad respecto a la situación jurídica en que se encuentran las y los maestros que se sometieron a las evaluaciones educativas, por ejemplo:
- A pesar de haberse publicado el calendario de las evaluaciones correspondientes a los procesos de ingreso y promoción de los docentes, éstas fueron canceladas;
- Actualmente hay docentes con nombramientos provisionales que estaban en un periodo de prueba y que no saben si tendrán que presentar evaluación para conservar la posición o de qué manera pueden conseguir un nombramiento de carácter definitivo;
- No obstante que en su evaluación fueron calificados como idóneos, en virtud de sus méritos y capacidades, existen docentes a los que se les ha impedido obtener los nombramientos de manera oficial o ingresar a los planteles asignados, en virtud de amenazas o agresiones, entre otros.
Por ello, la senadora del GPPAN subrayó que resulta trascendental conocer cuáles son los procesos que la Secretaría de Educación Pública está llevando a cabo para salvaguardar los derechos adquiridos de los docentes que fueron evaluados y calificados como idóneos.
Así como también para prevenir la aplicación retroactiva en su perjuicio de la reforma constitucional en materia educativa, siendo oportuno que el titular de dicha Secretaría comparezca ante el Senado, indicó.
El punto de acuerdo se turnó a la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente.