Duarte de Ochoa
El Senado de la República aprobó con adiciones un punto de acuerdo presentado por la bancada panista, con el propósito de exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a que soliciten al gobierno de la República de Guatemala la autorización para que la Fiscalía General del estado de Veracruz ejecute la orden de aprehensión obtenida en contra de Javier Duarte de Ochoa, por el delito de desaparición forzada de personas.
Asimismo, se pidió a la SRE que acelere el proceso de extradición solicitado por la Fiscalía local para extraditar a Karime Macías, esposa de Javier Duarte, y rinda cuentas ante la justicia mexicana.
Al presentar la propuesta ante el pleno, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román recordó que el proceso penal en contra de Duarte por el delito de desaparición forzada, considerado delito de lesa humanidad, se encuentra suspendido hasta en tanto no se ejecute la orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, abundó, para poder efectuar la ejecución de dicha orden, se requiere del consentimiento del Gobierno de la República de Guatemala, ya que, con base en el tratado de extradición entre ambos países, Javier Duarte sólo puede ser juzgado por los delitos expresamente consentidos por Guatemala en el convenio de extradición.
Por ello, el pasado 7 de junio la Fiscalía General del estado de Veracruz solicitó a la PGR iniciar los trámites correspondientes para que Guatemala otorgue el consentimiento para la ejecución de la orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada de personas.
Esto, dijo, luego de que la Fiscalía General del estado obtuvo orden de aprehensión en contra del exgobernador Javier Duarte de Ochoa al contar con datos de prueba que acreditan que dichas desapariciones forzadas y su ocultamiento, no sólo se realizaban con su conocimiento, sino por instrucciones del exgobernador.
“Se han encontrado más de 343 fosas clandestinas en 44 municipios del estado, y se investigan más de 3,600 casos de personas desaparecidas durante la administración de Duarte de Ochoa”, sostuvo.
Rosales San Román lamentó que el día de ayer el ex gobernador de Veracruz fuera condenado a una pena “ridícula” de 9 años de prisión más una multa “de risa” por la cantidad de 58 mil pesos, por los delitos de asociación delictiva y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras declararse culpable.
“Para que tengamos idea, una quimioterapia en un precio al público cuesta aproximadamente 39 mil pesos, con lo que ayer le condenaron a pagar estaríamos apenas pagando una sesión de quimioterapia de una persona, siendo miles los afectados”, dijo en tribuna.
Además, señaló, el acuerdo al que llegó el exgobernador le da la posibilidad de reducir su pena por “buen comportamiento” y el descuento de los días que estuvo en prisión en Guatemala, por lo que se le reduce 1 año 5 meses y 11 días, quedándole una condena solo por 7 años y medio.
“Es inaceptable que este sujeto haya sido condenado de esta manera, es vergonzoso que la autoridad haya determinado esa pena. De los más de 100 mil millones de pesos de endeudamiento durante su administración, se le fijó una modesta multa equivalente al 0.000058%”, insistió.
No podemos seguir esperando a que de manera natural las cosas ocurran, es necesario empujar para que se haga una justicia real a favor de todos los mexicanos, concluyó.