La diputada federal María Gloria Hernández Madrid promueve exhortar al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a realizar acciones necesarias para que las entidades federativas se adhieran al acuerdo entre los Poderes de la Unión y con ello a la Consolidación del Sistema de Justicia Penal.
La legisladora subrayó que el 18 de junio de 2016 entró en vigor esta reforma constitucional en toda la República en materia del sistema de justicia procesal penal acusatorio y de seguridad pública.
Expuso que el punto de acuerdo, turnado a la Primera Comisión de la Permanente, específica que las entidades federativas no están obligadas a adherirse; sin embargo, es necesario realizar acciones a través de sus Poderes constitucionales para mejora de los beneficios.
Añadió que en esa fecha los tres Poderes de la Unión, es decir, el Ejecutivo federal, los presidentes de las mesas directivas del Congreso de la Unión y el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, firmaron un convenio que tuvo esencialmente seis objetivos.
El primero busca la extinción del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; el segundo, destaca la necesidad de continuar la consolidación del Sistema; el tercero, establecer que los Poderes de la Unión desplieguen las acciones para lograr esta tarea de fortalecimiento.
A su vez, el cuarto propósito plantea que los Poderes de la Unión establezcan un canal de comunicación coordinado y permanente, a partir del intercambio de experiencias de todos los actores involucrados, a fin de lograr la consolidación del sistema.
Mientras, el quinto señala que los Poderes de la Unión contarán con un órgano que fungirá como enlace operativo y a la vez, como integrante de la instancia tripartita coordinadora de la Consolidación.
Finalmente, el sexto constituye la posibilidad de que las entidades federativas que así lo decidan, en ejercicio de su soberanía, puedan adherirse al acuerdo.
Hernández Madrid enfatizó que la “adhesión al acuerdo tripartito es una muestra de responsabilidad que cada estado de la República asume para cumplir con en el funcionamiento adecuado del sistema de justicia procesal penal acusatorio, pues significa un beneficio de sus sociedades locales que garantiza lo señalado por la Constitución para transitar hacia un proceso de procuración e impartición de justicia eficiente”.
Además, en seguridad pública se fomenta la transparencia, el respeto de los derechos humanos y la vigilancia de la aplicación de la justicia en forma, expedita, completa e imparcial en beneficio de la sociedad.