La Cámara de Diputados solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) remitir, en un término no mayor a 10 días hábiles, un informe sobre el estado que guardan las carpetas de investigación relativas a las denuncias presentadas contra el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Asimismo, exhortó a la PGR a agilizar la integración de estas averiguaciones, a fin de determinar la probable responsabilidad y proceder en consecuencia.
Al presentar el punto de acuerdo, considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica, la diputada Dorheny García Cayetano (Morena), promovente del exhorto, señaló que existen tres denuncias penales contra Miguel Ángel Yunes Linares, interpuestas ante la PGR, cuyas indagatorias fueron abiertas antes del primero de diciembre de 2016, cuando comenzó a gobernar Veracruz.
Precisó que la primera acusación fue presentada en mayo de 2013 y tras cuatro años de averiguación previa, la PGR no ha ofrecido resultados. Las otras dos, son por lavado de dinero, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, en 2016, dijo.
La legisladora expresó estar consciente de que el contenido de una carpeta de investigación es información reservada, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, estimó que “el pueblo veracruzano demanda saber si al menos se ha dado seguimiento a los hechos que, con escándalo, han retratado públicamente la figura de quienes ejercen el gobierno y disponen de los recursos que todos aportamos”.
De Morena, el diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni expresó que Veracruz ha pasado los últimos dos peores años de su historia en represión y corrupción.
Sostuvo que Yunes Linares ha hecho de la función pública un patrimonio y una gran empresa, “porque su vida la ha dedicado a exprimir el presupuesto de este país”. En el estado, continuó, lo único que llegó a hacer fue un “gran desastre financiero y social”. Los habitantes tienen que andar con mucho cuidado por la inseguridad, agregó.
El diputado Carlos Alberto Valenzuela González (PAN) dijo que su grupo parlamentario votó a favor de este punto de acuerdo porque “nosotros siempre estaremos a favor de la legalidad y transparencia”.
“Votamos a favor de este punto de acuerdo porque no es la primera, y estoy seguro que no será la última vez que, con la misma calumnia, traten de denostar a una persona que rescató Veracruz y que metió a la cárcel al corrupto de Javier Duarte”, enfatizó.
La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES) enfatizó que la corrupción es un grave problema, ya que, de acuerdo con el Índice de Corrupción de 2017, elaborado por Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 135 de 180 naciones, “encontrándonos en las peores posiciones de América Latina y El Caribe”.
Manifestó su indignación porque, a casi cuatro años, la PGR no haya resuelto las investigaciones abiertas en contra de otro político veracruzano. Destacó la importancia de supervisar el desempeño de la procuraduría. “No es mucho pedir que la autoridad responsable informe qué pasó en este caso, porque estamos a tiempo de evitar otro caso similar al de Javier Duarte o porque puede limpiar su nombre un servidor público en funciones”.
En tanto, la diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) mencionó que en Veracruz hay violencia, delincuencia, levantones y secuestros, y “un desgobierno y un gobernador denunciado penalmente por desvíos de recursos y delincuencia organizada. Y como ya es costumbre, la PGR brilla por su lentitud, simulación y ausencia”.
Consideró que los veracruzanos no sólo merecen saber qué pasa con las acusaciones e investigaciones en contra del gobernador, sino tienen derecho a ello. “Son denuncias que tienen años y se encuentran ahí guardadas durmiendo el sueño de los justos”.
La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (PRD) indicó que el país atraviesa por una severa crisis política, donde la corrupción y la impunidad es la constante. Aseguró que su grupo parlamentario está comprometido con la justicia y la transparencia.
Se pronunció a favor de que la PGR investigue no sólo a Miguel Ángel Yunes, sino a todos aquellos servidores públicos acusados de corrupción y “sean llevados ante los jueces y sancionados conforme a la ley”.