El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, participó en la inauguración del Foro Internacional de Jurisdicción Indígena, y señaló que el acceso a la justicia para pueblos indígenas enfrenta uso dominante del español, más valor a lo escrito que a la palabra, trato discriminatorio, formalismo excesivo en los tribunales, exceso de judicialización de conflictos y pobre cobertura territorial
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó un cambio en muchas de las prácticas procesales vigentes para que el reconocimiento jurídico de los derechos procesales de las personas indígenas en prisión, señalados en el artículo 2° Constitucional y en el Convenio 169 de la OIT, tenga correspondencia con el desarrollo de procedimientos jurisdiccionales justos, equitativos, apegados a derecho y que reflejen la diversidad cultural y jurídica de nuestro país.
Hay personas indígenas privadas de la libertad por falta de un debido proceso, ya sea por carecer de defensa adecuada o de intérpretes. Además, las comunidades indígenas tienen que aplicar sus propios sistemas legales como parte de su derecho a la libre determinación, lo que debe reflejarse en la práctica y no solo en reconocimiento del pluriculturalismo de la nación.
Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar en la inauguración del Foro Internacional de Jurisdicción Indígena, en que se pronunció por eliminar prácticas discriminatorias, sensibilizar y profesionalizar a los operadores del sistema judicial –defensores de oficio, peritos culturales, intérpretes y traductores en materia de derechos indígenas—, evitar subutilización de instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en materia indígena en estrategias de defensa y aprovechar los recursos tecnológicos.
Señaló que, en la realidad, el acceso a la justicia para los pueblos indígenas presenta barreras como uso dominante del idioma español, otorgar mayor valor a lo escrito que a la palabra, trato discriminatorio, formalismo excesivo en tribunales, exceso de judicialización de conflictos y pobre cobertura territorial, entre otros.
Acompañado en el presídium por Raúl Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho de la UNAM; el ex Ombudsperson Jorge Madrazo Cuéllar, Coordinador del Programa para el Apoyo de los Mexicanos en el Extranjero de la UNAM en Seattle, y la Cuarta Visitadora General, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, González Pérez subrayó que es imprescindible definir jurídicamente quiénes son los sujetos de derecho a quienes les resultan aplicables los diversos y especiales estatutos indígenas, y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que corresponde a los pueblos indígenas el derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones.
En el Aula Magna “Jacinto Pallares” de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que 25 millones de mexicanas y mexicanos se autoadscriben como indígenas, lo cual es un acto voluntario de personas o comunidades, ya que se trata de una manifestación de identidad y expresión de pertenencia cultural que no depende de la anuencia del Estado o de algún proceso para su reconocimiento, y dijo que la reforma constitucional de 2011 abrió un campo en la defensa de los derechos de esos pueblos y comunidades, incluyendo su acceso a una jurisdicción indígena, la inclusión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como vinculante para juezas y jueces y la adopción del principio pro persona a nivel constitucional, lo que ha favorecido interpretaciones más protectoras de los derechos fundamentales.
Destacó, como manifestación de ese enfoque transformador, el diseño de un “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas”, para guiar a los operadores de justicia conforme a las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado en la materia.
Al destacar que hay temas pendientes para avanzar en el respeto a los pueblos y comunidades indígenas, Raúl Contreras Bustamante indicó que esa institución trabaja en un nuevo plan de estudios que contemple una asignatura en derecho indígena, la conformación de una especialidad en esa materia e incluir como requisito para los alumnos el dominio de una lengua indígena, con el propósito de que posteriormente puedan trabajar en la atención a este sector de la sociedad en los órganos de procuración de justicia.
Jorge Madrazo Cuéllar señaló que preocupa que los estudiantes de derecho no escriban y reflexionen sobre un tema sensible del derecho mexicano que es el derecho indígena, ya que desde la reforma del 2001 al artículo 2 de la Constitución mexicana no se ha prestado la suficiente atención en garantizar los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Exhortó a profesores y estudiantes a realizar trabajos académicos para convertir esos derechos en realidad, se vuelvan práctica cotidiana y abran un espacio de reflexión entre docentes de la Universidad de Washington y profesores de la UNAM para conocer avances en este tema.
Rosa María Nava, Comisionada de los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, refirió que esta administración ha reafirmado el compromiso de protección a los derechos humanos de los colectivos indígenas a través de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, única instancia con la capacidad de intervenir en conflictos de esas comunidades que mantiene un permanente acercamiento con respeto a su diversidad y cosmovisión, además de sensibilizar a otras instancias de los tres niveles gobierno para lograr puentes de entendimiento que garanticen la gobernabilidad en dichas comunidades.
Adelfo Regino Montes, quien ha sido propuesto para encabezar el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la próxima administración gubernamental, destacó la importancia de que en espacios académicos como la UNAM se reflexione sobre los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en el Artículo Segundo de la Carta Magna y en el Derecho Internacional, para que los conocimientos generados se implementen para mejorar la situación de las comunidades indígenas en el país.
Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Cuarta Visitadora General de la CNDH, refirió que, de acuerdo a Datos de la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, dos de cada diez mexicanas y mexicanos se autoadscriben como indígenas, quienes se encuentran en las zonas más pobres y marginadas del país, además de que con frecuencia son objeto de discriminación por su color de piel.