*El Gobierno Federal a respetar la ley
El acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) violenta disposiciones legales que regulan la inversión estratégica para la generación y desarrollo de energías limpias.
La emergencia sanitaria no puede ser usada de pretexto para impedir la generación de energía eléctrica proveniente de fuentes alternativas, en razón de que los artículos 25, 27 y 28 constitucionales establecen claramente que es una actividad libre para la participación de los sectores privado y social; es decir, no reservada para el Estado.
El pasado 29 de abril, el Cenace emitió el acuerdo para suspender las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en el proceso de operación comercial, así como para cancelar nuevas autorizaciones, por la pandemia de Covid-19.
El acuerdo atenta contra la generación de energías limpias y renovables, dañando el medio ambiente y la salud de los mexicanos en plena emergencia sanitaria, dado que favorecerá la utilización de fuentes fósiles.
Conforme a lo planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para refinar más petróleo crudo, Pemex está ampliando su capacidad de refinación y el 40% de lo que produce es combustóleo, que podrá ser utilizado para su conversión a energía eléctrica, lo que a su vez, permitirá la operación de centrales obsoletas y contaminantes de la CFE.
La transición energética y el impulso a energías limpias, además de rentable es impostergable. La emergencia climática requiere de un fuerte compromiso del Estado en este sentido.
La Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena, por su acrónimo en inglés) sostiene que acelerar las energías renovables y hacer que la transición energética sea parte integral de la recuperación, permitirá elevar el empleo en el sector hasta los 42 millones en todo el mundo, hasta el año 2050; cuatro veces más que en la actualidad.
En su informe, Irena prevé que la inversión en actividades con bajas emisiones se amortizaría con un ahorro ocho veces superior a los costos, tomando en cuenta la reducción de las externalidades ambientales y sanitarias. Asimismo, este impulso a las energías renovables podría reducir las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la energía, en al menos un 70% para el 2050.
México está obligado a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas; entre ellos, la generación de energía asequible y no contaminante.
Por ello llamamos al Gobierno Federal a respetar las disposiciones legales y promover la generación de energías limpias, razones por las que debe desechar este acuerdo.