Hoy, el camino andado por nuestra Constitución ha dejado entre sus líneas las huellas de un siglo de historia política nacional. Ha sido una Constitución viva y en constante adaptación, que por la vía de la recepción del derecho internacional de los derechos humanos y la interpretación judicial ha ampliado sus horizontes hacia una protección cada vez mayor de la persona y de sus libertades.
Sin embargo, permanecen insatisfechas las reivindicaciones de justicia y la legítima aspiración de cada persona de tener acceso a una vida digna. Nuestro país fue precursor del constitucionalismo social, pero no hemos sido capaces de cumplir, de manera completa, la promesa constitucional de cambiar la forma como se estructuran las relaciones sociales en nuestro país.
En este sentido, la Constitución de Querétaro no es un documento estático, no es un documento acabado. Es un anhelo todavía en construcción. En la coyuntura que vive el país, debemos retomar la ruta del constitucionalismo transformador que plasmaron los constituyentes de Querétaro.
Un constitucionalismo que se diferencia del constitucionalismo clásico porque no se agota solamente en la protección de las libertades individuales y de los derechos civiles y políticos, sino que se orienta, de manera decidida, hacia el ideal de un mundo mejor, en el que los derechos sociales sean una realidad, y sean la vía para alcanzar, desde abajo, desde el respeto a la dignidad de los más olvidados, un verdadero cambio social.
La Constitución nos marca la ruta para abatir la desigualdad, combatir la pobreza y lograr el desarrollo económico en beneficio de todas y de todos.
Los Poderes de la Unión, sin excepción, estamos obligados a cumplir con este mandato. Tenemos el deber de avanzar hacia este constitucionalismo que no es una moda ni una coyuntura; es una doctrina sólida que tiene sus cimientos firmes en la Constitución de Querétaro.
En el ejercicio de nuestras funciones, no debemos perder de vista que sus postulados se articulan, precisamente, en torno a esa vocación social, y buscan la finalidad práctica de acabar con las desigualdades que, históricamente, y a la fecha, han producido condiciones de vida inaceptables para millones de mexicanas y mexicanos, impidiéndoles gozar de las libertades y derechos que la propia Norma Fundamental les promete y les garantiza.
Estamos en deuda con el pueblo de México; estamos en deuda con los desprotegidos; estamos en deuda con los discriminados; estamos en deuda con los pueblos indígenas, estamos en deuda con las mujeres; estamos en deuda con nuestras niñas y niños; estamos en deuda con los grupos vulnerables; estamos en deuda con las personas con discapacidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación, en nuestra tarea de interpretar y defender la Constitución, debemos abanderar este modelo de transformación política y social que no es optativo, porque está plasmado en la Constitución.
Los jueces tenemos la obligación de ser motor del cambio social y en tal sentido debemos dejar atrás la visión anquilosada que entiende a los derechos sociales como meras declaraciones de buenas intenciones, o como meras aspiraciones reivindicatorias, para transitar, sin demora, hacia un nuevo paradigma, que tenga como eje, la plena vigencia; el pleno ejercicio, y la plena exigibilidad del programa social de la Constitución.
Los derechos sociales imponen un deber de resultado. Esto significa que el Estado mexicano tiene la obligación de satisfacer en forma inmediata sus contenidos mínimos y avanzar progresivamente en su protección. Ante ello, el reto de los jueces federales es asumir sin ambages un proyecto de interpretación constitucional transformador, a través del cual se promueva el cambio social, dirigido a obtener resultados tangibles en la vida de las personas y orientado por los principios y valores constitucionales que hoy reivindica la sociedad mexicana.
La Constitución refleja el anhelo de construir una sociedad más igualitaria, con mayor justicia social; y para que este anhelo cristalice, debemos tener la humildad y la sensibilidad de escuchar y atender el clamor social que demanda poner fin a las desigualdades que tanto lastiman a nuestro país. El constitucionalismo social transformador exige que cada juez, desde el ámbito de sus atribuciones, asuma el compromiso de participar en la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria.
Hoy, como hace 102 años, estamos frente al reto de llevar a la práctica la Constitución. La responsabilidad es enorme, pero si lo hacemos bien, la cosecha será histórica. Hagámosla posible.