El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, llamó a trabajar en conjunto por un México mejor, resolviendo las controversias conforme a las leyes que expide el Congreso de la Unión acordes con la Constitución, protegiendo los derechos de todos, al presentar su cuarto informe de labores.
Ante los Plenos de la SCJN, del Consejo de la Judicatura Federal, del Tribunal Electoral, así como del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de los presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y Senadores, Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres Guadarrama, destacó que quienes integran al Poder Judicial de la Federación (PJF) no son ajenos a la demanda ciudadana de un mejor servicio público, más eficiente, pero sobre todo honesto y transparente.
En el Poder Judicial, aseguró el Ministro Presidente Luis María Aguilar, “queremos, como todo buen mexicano quiere, lograr, en la medida de nuestras competencias, un país más fuerte, más democrático, más libre, sin corrupción y sin simulación, y con la Justicia que corresponde, como derecho inalienable, al Pueblo de nuestra Nación”.
Porque, dijo, esto no es obstáculo para el desarrollo y la legítima transformación del país, sino la condición necesaria para alcanzar democráticamente estos objetivos.
“Su presencia –dijo- señor Presidente de la República, en este Tribunal Constitucional, al igual que la presencia de los que integramos esta Suprema Corte en su toma de protesta, es expresión de la normalidad democrática con la que estamos obligados a conducirnos quienes representamos a las instituciones del Estado Mexicano”.
El Presidente de la Corte aseguró que “este recinto honra el legado de Benito Pablo Juárez García, ministro y presidente de este Alto Tribunal. Esos valores universales guían nuestra actuación, no se olvide”.
Porque, agregó, “entre muchas coincidencias, una de las más importantes que tenemos con usted es la máxima del Benemérito de las Américas que rige la vida de una democracia constitucional: Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”.
En el mensaje final de su informe, Aguilar Morales pidió no perder de vista que la Constitución es la hoja de ruta de la Nación, el pacto duradero de nuestra vida institucional y el soporte de la convivencia social; y, como norma suprema, a ella debe ajustarse y someterse todo acto que se genere dentro de su ámbito de aplicación.
Al dirigirse al Presidente de la República, el Ministro Presidente afirmó que “en estos momentos en los que el país se plantea construir los caminos para la paz, la equidad y la prosperidad, es preciso destacar que estas condiciones son, como ha dicho usted, Presidente, frutos de la justicia. Por lo tanto, es menester fortalecer a las instituciones que imparten justicia”.
Porque, destacó, lo que mantiene la regularidad de la República, es el derecho y el respeto.
Por lo mismo, dijo, quienes integramos al Poder Judicial de la Federación no somos ajenos a la demanda ciudadana de un mejor servicio público, más eficiente, pero sobre todo honesto y transparente.
De ahí que Aguilar Morales hizo un llamado al Presidente de la República y a los legisladores a hacer realidad “el anhelo de los próceres constitucionalistas de nuestra patria para ser grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra. Nada, ni nadie sobre la Constitución”.
En su informe de labores, que se puede consultar íntegro en el portal de la SCJN, el Ministro Presidente hizo un balance de las principales acciones emprendidas durante su gestión en temas como la implementación y consolidación de la reforma penal; la protección de derechos humanos; igualdad de género; el apoyo a jóvenes estudiantes de derecho; grupos vulnerables; defensa de migrantes; apoyo a comunidades indígenas; avances de transparencia y acceso a la información; carrera judicial; vigilancia y disciplina, entre otros temas.
En materia de política judicial en la implementación y consolidación de la Reforma Penal, el Ministro Presidente informó que al comienzo de esta administración, en enero de 2015, sólo teníamos en plena operación dos Centros de Justicia Penal Federal, uno en Durango y el otro en Puebla, y que el personal judicial, debidamente capacitado hasta ese momento, consistía en 62 personas, 5 de ellos jueces de Distrito.
Y cuatro años después, destacó, contamos con 42 Centros de Justicia Penal Federal, atendidos por 1,368 servidores públicos, de los cuales 156 son jueces de Distrito especializados. Y se cuenta con un sistema de gestión automatizado, que distribuye la actividad entre los jueces de manera aleatoria y es de observancia obligatoria, con lo que se evita que cualquiera pueda digamos “orientar” un asunto a determinado juez, favoreciendo, con ese sistema, la transparencia y la imparcialidad.
En materia de carrera judicial informó que entre 2015 y 2018 fueron designados 202 magistrados de Circuito y 388 jueces de Distrito. Esto no quiere decir que la designación como Juez de Distrito o Magistrado de Circuito sea una cuestión de intereses, compadrazgos o consideraciones superficiales.
Llegar a ser designado Juez o Magistrado, precisó, es tarea profesional y cuidadosa, que se logra mediante rigurosos exámenes de oposición, en los que durante tres etapas los aspirantes deben demostrar sus capacidades y conocimientos del derecho, así como análisis y criterio jurídico, que realmente los califiquen como aptos para impartir la justicia federal.
El Ministro Presidente reconoció que si, en un momento determinado, hubo alguna desviación en ello, inmediatamente que fue detectada, se tomaron medidas estrictas y contundentes, así como el inicio de procedimientos de investigación y de responsabilidad para sancionar a los malos servidores, a más de separarlos de sus cargos cuanto antes. De esto se ha informado a los Plenos del Consejo como de la Corte. Pero sin que ese evento aislado pueda considerarse como una problemática general en el sistema de selección de juzgadores. Es más, ese concurso ya no produjo resultado alguno, porque el Consejo de la Judicatura lo canceló de inmediato.
Por otro lado, en materia de responsabilidades administrativas, una de las tareas fundamentales que tiene a su cargo el Consejo de la Judicatura Federal es la de garantizar que la actuación de los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas se apegue a los principios de excelencia, profesionalismo y objetividad.
En ese tenor, durante su administración, se atendieron más de 7,000 quejas y denuncias; se instauraron más de 150 procedimientos disciplinarios de oficio, se realizaron más de 90 investigaciones; y fueron sancionados 260 servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales, siendo 36 de ellos magistrados de Circuito, y 49 jueces de distrito.
Las sanciones impuestas a los titulares de órganos jurisdiccionales han ido, desde amonestaciones privadas, y apercibimientos, hasta suspensión en 21 casos, 8 casos de destitución, y 4 de inhabilitación. En el caso del personal subalterno, también fueron impuestas sanciones semejantes. En el Consejo de la Judicatura Federal no cabe la tolerancia a la corrupción o a la conducta indebida que contravenga la ética profesional, demeritando el quehacer jurisdiccional y administrativo, en todos los casos, trátese de quien se trate se ha actuado.
El Ministro también informó que con la finalidad de garantizar condiciones de igualdad en el acceso al servicio en el Poder Judicial de la Federación (PJF), los titulares de órganos jurisdiccionales y administrativos deberán abstenerse de generar, entre ellos, acuerdos de voluntades para realizar nombramientos o promociones, así como de utilizar, por cualquier medio, sus facultades, posición jerárquica, o su empleo, cargo o comisión para influir en la decisión de otro en dicha realización.
Lo anterior forma parte de un Acuerdo General propuesto por el presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Ministro Luis María Aguilar Morales, para profundizar los controles meritocráticos en la administración del personal del PJF y con ello fortalecer la carrera judicial y el servicio público en funciones de apoyo administrativo.
Destaca la propuesta para crear un Registro Público de Méritos de los Servidores Públicos del PJF que será de libre consulta para la sociedad, con la finalidad de transparentar los méritos del personal que lo conforma, así como la implementación de Exámenes de Habilitación obligatorios para todo individuo que ingrese al PJF, salvo en los casos en los que los puestos tengan como requisito la presentación de exámenes ya establecidos, es decir, los que pertenecen a la carrera judicial.