Al presentar su más reciente libro La protección judicial de los derechos sociales. Una aproximación desde las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Loretta Ortiz Ahlf aseguró que ninguna persona puede vivir si no se le garantizan sus derechos más fundamentales, “de qué me sirve tener los derechos civiles y políticos si no me garantizan los derechos económicos, sociales y culturales”.
La integrante de la Segunda Sala de La Corte mencionó que el objetivo de su obra es dar cuenta de la importancia de que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) puedan ser exigidos y garantizados a todas las personas. También destacó el rol de los tribunales federales: “hay que garantizar la no discriminación, la razonabilidad, la no regresión y lo importante es darle seguimiento”.
La ministra Ortiz Ahlf expuso diversas sentencias relevantes que han sido resueltas tanto en el Tribunal Pleno, como en la Segunda Sala, y que han impactado en el respeto, protección, promoción y garantía de los DESCA. A partir de éstas, se presentan “opiniones de una alta Corte que, sin lugar a duda, tanto en México como en otros países del mundo, contribuyen al desarrollo progresivo, de los derechos sociales”.
La maestra Jimena Viveros Álvarez, coautora del libro y coordinadora de la ponencia de la Ministra, afirmó que en los siete capítulos que conforman la obra, se empleó un enfoque metodológico para dialogar entre el derecho mexicano y el derecho internacional “cada uno comienza por analizar el marco constitucional y convencional, así como los estándares interpretativos más relevantes de cada uno de ellos, para posteriormente examinar las decisiones judiciales emitidas recientemente por esta Corte”.
En su oportunidad, el doctor Christian Courtis, funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó en el prólogo de esta obra que México aportó al constitucionalismo mundial acciones de protección de esos derechos fundamentales “el amparo ha sido a mediados del siglo XIX un aporte frente a un parámetro en el que a las Constituciones se les veía sólo como documentos políticos y no jurídicos”.