El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) invalidó el Decreto 3010, por el que se expide la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Baja California Sur, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veinte de marzo de dos mil veinticuatro.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República, demandó de manera específica la invalidez de los artículos 3, fracción III, 9 y 14, fracción VI, de la referida ley, al considerar que el certificado de habilitación que se prevé para favorecer la integración a la vida laboral de las personas con la condición del espectro autista, no resulta una medida ajustada a ese fin, dado que se supedita el ejercicio de sus derechos a la obtención de un certificado de habilitación, sin que esa exigencia se solicite a las demás personas.
El Pleno indicó que, con independencia de lo fundado o infundado que pudieren resultar esos argumentos, de oficio se advirtió que, durante el proceso legislativo no se llevó a cabo una consulta específica y estrecha a las personas con esa condición en el Estado de Baja California Sur, como lo dispone el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por lo tanto, el Pleno determinó la invalidez de la totalidad del decreto, y precisó que, surtirá sus efectos a los doce meses siguientes de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso estatal. Además, vinculó al legislativo local para que dentro de ese plazo cumpla con la consulta y se emita la legislación correspondiente.
Acción de inconstitucionalidad 85/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez de los artículos 3, fracción III, 9 y 14, fracción VI, de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Baja California Sur. Ponente: Ministro Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.