La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, invalidó la eliminación en el Estado de Jalisco de la declaratoria de procedencia para someter a proceso penal a Consejeros, Magistrados y Jueces locales. Ello, al considerar que dicha eliminación vulnera la independencia judicial.
Se explicó que dicha figura, prevista desde que se expidió la Constitución de Jalisco, protege la independencia judicial al evitar que los jueces sean procesados por acusaciones infundadas. Así, aunque los Estados pueden establecer otros mecanismos para proteger a los jueces, en Jalisco se eliminó esa figura sin que se hubiera dado ninguna justificación específica ni se hubieran implementado otros mecanismos que pudieran proteger la independencia judicial. Por lo tanto, se concluyó que la derogación era regresiva y por tanto inconstitucional.
Asimismo, la Suprema Corte invalidó la disposición que preveía la separación del cargo de aquellos juzgadores privados de su libertad con motivo de un proceso penal.
Según la mayoría de las Ministras y Ministros que integran el Pleno, si se entiende que se puede destituir a un Magistrado cuando sea privado de su libertad con motivo de una medida cautelar, se afectaría fuertemente la inamovilidad.
Y si se entendiera que la privación de la libertad tiene que suceder con motivo de una sentencia firme, la medida sería sumamente gravosa ya que se aplicaría por igual sin importar la temporalidad de la sanción privativa de la libertad del magistrado o consejero.
Finalmente, para evitar un vacío normativo en el Estado de Jalisco, la SCJN determinó revivir el contenido total de los preceptos invalidados, previo a su reforma, excepto por lo que se refiere al artículo 100, toda vez que su contenido era complejo y aludía a varios servidores públicos estatales.
Por lo tanto, en este caso la reviviscencia se dará únicamente en el ámbito regulativo de los magistrados del Tribunal Superior del Estado de Jalisco.
Controversia constitucional 99/2016, promovida por el Poder Judicial del Estado de Jalisco, demandando la invalidez de los Decretos 25859/LXI/16 y 25861n/LXI/16, publicados en el Periódico Oficial de esa entidad el 20 de agosto de 2016.