*Hechos que demuestran el desprecio de la 4-T a policías
Morena bloquea un dictamen que demuestra preocupante confrontación política en relación con la seguridad nacional y pone en evidencia su indiferencia hacia el impacto negativo que tiene en más de medio millón de policías estatales, municipales, ministerios públicos, peritos y custodios de todo el país.
Esta reforma que proponemos, pero que el morenismo se empeña en obstaculizar, tendría un impacto positivo en una amplia gama de profesionales de seguridad en todo el país.
Según datos proporcionados, se estima que beneficiaría a 221 mil policías estatales; 190 mil policías municipales; a 3 mil 228 Agencias o fiscalías del Ministerio Público, 804 Unidades administrativa y 497 Unidades administrativas y agencia o fiscalías del Ministerio, así como a 11 mil peritos y custodios.
Estos números subrayan la relevancia y el alcance significativo de la legislación propuesta, pero la falta de aprobación de esta reforma por parte de Morena y sus aliados, envía un mensaje preocupante al pueblo de México, además de que demuestra una indiferencia hacia la seguridad y la justicia laboral. Es fundamental reconocer el impacto negativo que esta postura puede tener en la protección y el bienestar de nuestra sociedad.
Es relevante destacar que, en abril de 2023, el dictamen fue aprobado por unanimidad en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda. Sin embargo, desde entonces, el dictamen ha sido retirado de la orden del día por la Mesa Directiva en dos ocasiones.
Hoy en día, nuestra Constitución mantiene una injusticia flagrante para aquellos que dedican sus vidas a velar por nuestra seguridad. Los trabajadores que son despedidos de manera injustificada y luego reinstalados por resolución judicial, se encuentran en una situación de completa desventaja: no se les reconoce antigüedad ni se les garantizan sus derechos laborales.
Esta situación representa clara arbitrariedad que carece de justificación. Es de elemental justicia que aquellos que son separados injustificadamente de sus cargos, tengan el derecho a recibir una indemnización adecuada y todas las prestaciones correspondientes, o a ser reinstalados según lo determine la ley.
Cuestionamos con firmeza ¿por qué si hay dinero para el dispendio y el abuso, para la propaganda política de su candidata y para inundar nuestras calles con basura electoral, pero no los hay para apoyar a policías, ministerios públicos, custodios y peritos?