*El Estado, obligado a garantizar derechos laborales de los mineros
La minería es uno de los trabajos más peligrosos que existen, por lo que el Estado mexicano está obligado a garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en las minas.
Mientras las mineras no respeten los derechos constitucionales de las personas que trabajan en este tipo de labores, no podrá haber auténtica justicia social, ni desarrollo.
Por ello, los legisladores exhortaos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en colaboración con la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social, implementen un plan para realizar inspecciones a la totalidad de las minas de México.
Ello, con el objetivo de verificar que se cumpla con la normatividad, se revisen los títulos de concesión, se impongan las sanciones correspondientes y, en su caso, se revoque la concesión a quien incumpla con lo establecido en la materia.
Además, solicitamos un informe sobre la situación de las minas en México, en el que se explique la situación en materia de derechos humanos de las personas trabajadoras, las condiciones laborales, acceso a la seguridad social y cumplimiento de la normatividad correspondiente.
Las personas trabajadoras de las minas colocan su vida en riesgo con el objetivo de contar con un trabajo que les permita generar un ingreso para desarrollarse, ejercer sus derechos fundamentales y, sobre todo, llevar los recursos necesarios al hogar para que ellas y sus familias puedan vivir.
La gran mayoría de ellos laboran sin luz natural o sin ningún tipo de ventilación, y de acuerdo con la naturaleza de su trabajo, crean túneles y hoyos en el subsuelo para poder extraer recursos, situación que genera inestabilidad en el suelo que se está explotando.
La falta de regulación, así como de acciones específicas por parte de las autoridades para obligar a las mineras a mitigar los riesgos para sus personas trabajadoras, ha ocasionado históricamente varios episodios lamentables, tal como el incidente ocurrido el 3 de agosto del presente año, en el municipio de Sabinas, localizado en el estado de Coahuila, donde diez mineros quedaron atrapados.
Por tal motivo, hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República, a deslindar responsabilidades entre las personas que son titulares de la concesión de la mina “El Pinabete”, ubicada en Sabinas, Coahuila.
Para administrar justicia laboral, el Estado debe garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras y lograr un auténtico equilibrio entre los factores de la producción.