*No hay cheque en blanco y al portador
El gasto público es el instrumento más valioso que tiene el Estado para modificar la realidad social y atender las necesidades de la población, asegurándoles niveles mínimos de bienestar.
En este contexto, la Ley General de Presupuesto es la columna vertebral que sostiene la acción del gobierno en materia de gasto y crecimiento.
Esta ley busca procurar una regla de oro completamente olvidada por esta administración: el equilibrio presupuestal; es decir, que los gastos no excedan a los ingresos, pero no nos adelantemos, no se trata simplemente de la llevada y traída austeridad, ésa que desde la virtual presidencia electa se pretende imponer a los otros Poderes de la Unión. No.
De lo que se trata esta iniciativa es de ajustar el marco normativo en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria a la realidad económica del país y de sentar bases para un mayor desarrollo en México.
Basta con analizar los últimos presupuestos de egresos para darnos cuenta de que el gobierno no ha tenido la capacidad de destinar recursos a la inversión pública productiva y que, en cambio, prefiere hacer las cuentas alegres que escuchamos a diario en los spots donde se pretende convencernos de una realidad distinta de la situación de nuestras finanzas públicas.
Tratándose de los recursos públicos, el reclamo unánime de los ciudadanos es que las decisiones de asignación presupuestal deben estar plenamente justificadas.
En julio pasado, los escándalos de corrupción, el despilfarro, la opacidad y la impunidad impactaron la conciencia del electorado, quien no sólo optó por la alternancia en el gobierno, sino también por la mayoría legislativa para un Grupo Parlamentario; no obstante, esa confianza del electorado, esos 30 millones de votos depositados en las urnas de ninguna manera pueden significar un cheque en blanco y al portador, porque este país no puede esperar a que por simple voluntad política las cosas cambien y porque esta idílica cuarta transformación no debe hacerse por medio del mayoriteo y sin la participación de la oposición parlamentaria.
Los hombres pasan y las instituciones quedan y México no necesita ajustar el reloj de la historia a la hora que mande el señor presidente electo.