La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamenta profundamente la situación de violencia que impera en el estado de Guerrero, condenando enérgicamente los homicidios, la desaparición de personas, las amenazas de muerte, la extorsión y el desplazamiento de personas provocado que, en los últimos tiempos, se han llevado a cabo en las comunidades de Ciénega de Puerto Alegre, en el municipio de San Miguel Totolapan y de Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán.
Esta Comisión Nacional ha tenido conocimiento de dos casos emblemáticos en contra de personas activistas defensoras ambientalistas y sus familiares, cometidos por grupos de la delincuencia organizada, que reflejan la situación de violencia crítica que viven pobladores de las comunidades de los referidos municipios.
El homicidio del señor Carlos Marqués Oyorzábal, quien también se desempeñaba como comisario municipal del poblado Las Conchitas en el municipio de San Miguel Totolapan, sucedido el pasado 3 de abril; y la desaparición del señor Elías Gallegos Coria y de su hijo Fredi Gallegos García, acaecida el 16 de octubre de 2020, en el poblado El Perro, del municipio de Coyuca de Catalán.
Cabe señalar que tanto la comunidad de Ciénega Puerto Alegre como la de Guajes de Ayala, para contribuir al desarrollo de la región, decidieron, cada una por su cuenta, emprender un proyecto de aprovechamiento de recursos forestales maderables sustentable, que fue autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; no obstante, dicho proyecto no lo han podido concretar, por la irrupción de diversos grupos criminales dedicados a la tala ilegal, que han propiciado homicidios, extorsión y robo a los pobladores de dichas comunidades ejidatarias.
Siendo el caso que el 1 de enero de 2019, a la comunidad de Ciénega Puerto Alegre, la delincuencia organizada le exigió, para dejarlos trabajar, una cuantiosa suma de dinero que los ejidatarios se negaron a pagar, obteniendo como respuesta, amenazas de muerte y el homicidio de cinco personas ejidatarias.
El 2 de diciembre de 2020, los ejidatarios de las comunidades de El Duraznito, Lumbreras, Las Conchitas, El Cucharillo, Cruz de Ocote, Plan Verde y la Ciénega de Puerto Alegre se organizaron para defender sus recursos maderables y no maderables.
En tanto que, en la comunidad de Guajes de Ayala, el 30 de marzo de 2020, un grupo de criminales se presentó en su campamento, saquearon la madera y les robaron distintas cosas, propiciando que diversas personas abandonaron sus hogares y emigraran.
La CNDH tuvo conocimiento de la desaparición del señor Elías Gallegos Coria y de su hijo Fredi Gallegos García, a través de sus familiares, quienes refirieron que el señor Gallegos Coria participaba activamente en la organización del ejido para defender sus árboles de la tala ilegal realizada por un grupo delictivo que los extorsionaba, amenazaba, robaba constantemente y que incluso habían privado de la vida a personas comuneras de la región.
El día de los hechos, tristemente los presenció la señora Elvira García Silva, esposa de Elías Gallegos Coria y madre de Fredi Gallegos García, vio el momento en que aproximadamente 20 personas armadas ingresaron a su domicilio y golpearon y se llevaron por la fuerza a su esposo e hijo.
Los amarraron, los subieron a una camioneta y se robaron todas sus pertenecías, hechos que denunció ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero, siendo la fecha en que no le han tomado su testimonio y no obstante que se tiene conocimiento de que las autoridades competentes detuvieron a Víctor Espino Cortés, ex vocero de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, junto con otras dos personas, por su probable responsabilidad en los hechos y, al parecer, lo dejaron salir, sin haber realizado las diligencias necesarias.
Derivado de lo anterior, la señora Elvira García y su familia tuvieron que abandonar su domicilio, pero los demás pobladores de Guajes de Ayala permanecen en el lugar, sin comida y a expensas de la delincuencia organizada.
Los habitantes de dicha comunidad solicitan a las autoridades competentes:
Seguridad competente en la zona;
Que se active Mecanismo de Búsqueda para localizar al señor Elías Gallegos Coria;
Que se active Mecanismo de Búsqueda para localizar a Fredi Gallegos García;
Ayuda humanitaria para cubrir las necesidades alimenticias de la población, ya que por seguridad no pueden salir de su comunidad; y
Atención debida a las personas desplazadas.
Por otro lado, a través de la nota periodística del periódico “El Sur” de Guerrero del 23 de febrero del 2021: “Exigen vecinos de Totolapan cambios en el personal de Profepa, Semarnat y Conafor para detener la tala”, así como por familiares de las víctimas, esta Comisión Nacional tuvo conocimiento de que pobladores de la Ciénega, de Puerto Alegre, exigen al Gobierno Federal que se renueve al personal involucrado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal.
Lo anterior por culpar a dichas instituciones de los conflictos en los ejidos, al haber emitido los permisos correspondientes para la tala ilegal de los bosques, y por no haber certificado los daños de la misma generada por miembros de la delincuencia organizada que intentaron sacar madera de la Ciénega, pese a que se les solicitó su intervención para dichos efectos.
Derivado de ello solicitaron que la Guardia Nacional vigilara que no se trafique con los recursos naturales y diera seguridad a las comunidades alejadas dominadas por la delincuencia.
Esto obligó a que los ejidatarios de la comunidad de la Ciénega pararan la tala ilegal de su ejido, retuvieran camiones y decomisaran la madera en rollo que pretendían sacar.
Posteriormente, el 3 de abril, miembros de la delincuencia organizada privaron de la vida al comisario municipal del poblado Las Conchitas, en el municipio de San Miguel Totolapan, Carlos Marqués Oyorzábal,
razón por la cual la CNDH emitió el pasado 9 de abril el comunicado de prensa DGC/093/2021, mediante el cual señaló que tuvo conocimiento del asunto a través de la nota periodística intitulada: “Amenazan a familiares de ecologista asesinado en Guerrero”, publicada en el portal electrónico del periódico “La Jornada”.
Esto se publicó el 6 de abril, cuando se informó sobre la situación de riesgo en que se encuentra la familia del señor Carlos Marqués Oyorzábal, cuyo cuerpo fue desmembrado.
Por ello se solicitó al gobernador de Guerrero y al presidente municipal de San Miguel Totolapan que realizaran las acciones y protocolos necesarios a efecto de salvaguardar la integridad, seguridad personal y la vida de la familia de la víctima y a la Fiscalía General de Guerrero, iniciar las investigaciones del homicidio del señor Carlos Marqués Oyorzábal, considerando su labor de defensa y las amenazas en contra de su familia, consistentes en que se les iba a matar y desmembrar sus cuerpos, por lo que se le deberá brindar la contención emocional requerida.
El señor Carlos Marqués Oyorzábal fue interceptado el 3 de abril cuando viajaba a bordo de una cuatrimoto para dirigirse al poblado de Ciénaga de Puerto Alegre, por personas pertenecientes a la delincuencia organizada, quienes, en presencia de su hijo, se lo llevaron, asesinaron y desmembraron su cuerpo. La familia solicitó el apoyo a las autoridades por las amenazas recibidas y ayuda porque la comida se les ha agotado.
El 8 de abril del año en curso, representantes del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, autoridades de los gobiernos federal y estatal acudieron al ejido de Hacienda de Puerto Alegre, les llevaron alimento y medicamentos a las personas habitantes de la comunidad, pero no les dieron la atención médica psicológica que requieren, por el estado de crisis que generó la muerte del Comisario municipal. En dicha reunión se elaboró una minuta, en la que los habitantes solicitaron:
Se instale, de manera inmediata, una base de la Guardia Nacional en Agua Escondida, para que se les brinde la seguridad que requieren.
Se realice, antes de que finalice el presente mes de abril, una reunión interinstitucional en el territorio en el anexo del Duraznito.
Se realice una reunión en la zona, con el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, para poner en marcha el Plan de Paz y Desarrollo en las comunidades de Sierra de San Miguel Totolapan.
Por lo expuesto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado urgente a las autoridades federales competentes para que atiendan las solicitudes y brinden protección, seguridad y defensa, amplia e inmediata, a las personas habitantes de dichas comunidades ejidales de Ciénega de Puerto Alegre, en el municipio de San Miguel Totolapan y de Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán, por los hechos críticos antes narrados y la situación de violencia que están viviendo.
Pide salvaguardar en todo momento su integridad y sus derechos humanos y, llevando a cabo las acciones, que privilegien el diálogo y la concertación que permitan generar los consensos necesarios para construir y garantizar la paz.
En este sentido, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como obligación de todas las autoridades que, en el ámbito de sus competencias, garanticen el respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Se exhorta, asimismo, al gobierno del Estado, a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero para que, sin demora, realicen todas las investigaciones necesarias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos sucedidos en las comunidades a que se ha hecho mención y se dé castigo a las y los responsables, así como la reparación integral del daño a familiares de las víctimas.
Por último, la CNDH estará atenta al seguimiento puntual y oportuno de los dos casos referidos, y, brindará, en el ámbito de su competencia, todo el apoyo a los habitantes de las comunidades de Ciénega de Puerto Alegre, en el Municipio de San Miguel Totolapan y de Guajes de Ayala, en el Municipio de Coyuca de Catalán.