El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) presentó una queja y la denuncia correspondiente en contra de personal de la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE) por impedir el acceso a lugares de privación de la libertad y obstaculizar así sus labores durante una visita de observación realizada el pasado 14 de abril.
La visita, que tenía como objetivo dar seguimiento al Informe Especial 01/2019 a lugares de privación de la libertad que dependen de la Fiscalía General de la República y de las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de los estados y de la Ciudad México, fue realizada en conjunto con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Guerrero (CDHEG).
Pero personas servidoras públicas de la FGE les negaron el acceso a las instalaciones, tanto ese día como en los dos días subsecuentes, de manera injustificada y solo con el argumento de que no contaban con indicaciones del Fiscal General del estado para permitir el acceso.
En el caso particular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de los Bravos, el personal del MNPT fue tratado de manera prepotente y hostil por policías ministeriales, quienes se negaron a identificarse, aunque se cuenta con su media filiación, e incluso les dijeron que se salieran, ya que no tenían nada que hacer en ese lugar.
El actuar de los servidores públicos involucrados en estos hechos, trasgreden las facultades del MNPT enunciadas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como el mandato del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.
El MNPT tiene facultades para acceder, en cualquier momento, sin aviso previo, ni restricción alguna, a todos los lugares de privación de la libertad, así como a toda la información relacionada con el trato, la situación, la condición jurídica y las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, con quienes pueden entrevistarse libremente, las ocasiones y el tiempo necesario, y en total privacidad.
Por lo anterior, el personal del Mecanismo Nacional presentó formal denuncia ante la misma FGE de Guerrero y ante la Delegación Estatal de la Fiscalía General de República en dicha entidad, atendiendo el artículo 31 de la referida Ley General, el cual precisa que “a quien injustificadamente impida el acceso inmediato a los lugares de privación de la libertad, para que se realicen las acciones de inspección señaladas en esta Ley, se le impondrá pena de tres a seis años de prisión y de cien a doscientos cincuenta días multa”.
Adicionalmente, se solicitó ante la CDHEG el inicio de la queja correspondiente, a fin de que se investigue el actuar de los servidores públicos que han impedido las acciones de supervisión sistemática y permanente que por mandato legal deben de realizarse.
La obstaculización del trabajo del MNPT por parte de la FGE de Guerrero, no solo atenta contra las personas privadas de la libertad, quienes, por la propia situación jurídica en la que se encuentran, tienen serias restricciones para hacer valer los derechos que les asisten, sino que atenta contra el estado de derecho que debe privar en toda sociedad democrática.
Por ello la CNDH hace un enérgico llamado a la Fiscalía de Guerrero para que coadyuve con las labores del MNPT y permita a éste y a otros organismos defensores de derechos humanos cumplir con sus funciones y atribuciones, con el fin de garantizar la protección integral de los derechos de las personas en situación de detención, bajo los máximos estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Recuérdese que entre los factores en que puede sustentarse la idea de que el Estado está implicado en la tortura, figura cuando agentes o personas asociadas a éste “hayan tratado de obstruir o retrasar la investigación de la tortura”.
La CNDH continuará en coordinación permanente con las autoridades competentes con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas, y prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, además, reitera su apoyo y solidaridad con las víctimas.