El pasado 21 de marzo, en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, se comprometió con familiares y representantes de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, a trabajar de manera amplia y colaborativa para que, en el ejercicio de sus funciones, se realice la búsqueda en vida de los normalistas desaparecidos y coadyuvar con las investigaciones para esclarecer los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, a fin de que no quede en total impunidad.
En ese sentido, este Organismo Nacional expresa su preocupación por la reciente declaración pública del exgobernador, Ángel Aguirre Rivero, contra el defensor de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra, quien ha sido por años y es representante de las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Consideramos que dicha declaración contraviene la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, instrumento de la Organización de las Naciones Unidas.
También constituye un ataque directo a la defensa de los derechos humanos, y muestra un patrón sistemático de exfuncionarios de Guerrero, como es el caso del ex titular de la Procuraduría General del estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, para desacreditar el trabajo del defensor Vidulfo Rosales Sierra, quien ha sido objeto reiterado de ataques y amenazas por su labor en los diversos casos graves de violaciones a derechos humanos en Guerrero, como el de las víctimas de la represión en la jornada electoral de Tlapa de Comonfort en junio de 2015; el de la señora Inés Fernández Ortega; el de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ejecutados en la autopista del Sol en diciembre de 2011, y desde luego, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los dos últimos durante el gobierno del declarante.
Esta Comisión, por su naturaleza constitucional, tiene entre otras, la misión de promover y velar por la libertad de expresión de todas las personas. Sin embargo, esta instancia no puede permanecer omisa ante declaraciones tan relevantes que tienden a enrarecer el ambiente y ponen en riesgo no sólo las investigaciones del Caso Iguala, sino la integridad de defensoras y defensores de derechos humanos, contexto en el cual se insertan las declaraciones del exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
De igual manera, creemos que su posición como exgobernador genera condiciones de vulnerabilidad y grave riesgo, ante la deslegitimación en particular de la labor del defensor Vidulfo Rosales Sierra, puesto que alienta las agresiones directas contra su vida e integridad. Por tal motivo, hacemos un llamado urgente a las autoridades para evitar que este tipo de conductas no distraigan la investigación del caso y que las familias puedan acceder a la brevedad posible a la verdad, a la memoria, y a la justicia.