*Si Sheinbaum cumple, pronto caerán peces gordos que a muchos sorprenderá
En la mañanera del pueblo del reciente 18 de diciembre 2024, se dio a conocer un lacerante cochinero fundamentado que, en caso de que la primera presidenta (con a) de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cumpla su promesa de llegar hasta las últimas consecuencias, algunos peces gordos del gobierno de Enrique Peña Nieto y otros enquistados en el de Andrés Manuel López Obrador y que en este naciente sexenio del segundo piso de la 4T formalizaron su militancia en Morena, deberán tener como destino la cárcel.
Se trata de la brutal corrupción que se detectó en el Infonavit, donde se descubrió todo lo siguiente y que doña Claudia hizo público en esa mañanera, con el natural escándalo que provocó entre el avispado y muy feliz pueblo de México, por el multimillonario saqueo de dinero que está aflorando en el organismo propiedad de los trabajadores que durante años han cotizado con las aportaciones de los empresarios.
Estos son los casos de corrupción expuestos por la naciente administración pública federal que encabeza la presidenta de la República:
La reforma a la Ley del Infonavit tiene modificaciones al marco normativo de la dependencia para evitar corrupción como el caso de Telra Realty, empresa que en 2014 fue contratada por un monto de 100 millones de pesos (mdp) para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar en donde residían.
Sin embargo, la compañía no entregó el servicio contratado en el tiempo establecido y contrario a ello, el Consejo de Administración no sólo no los penalizó, sino que autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5 mil millones de pesos.
En este caso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió a través de información otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que hubo triangulación de recursos entre las empresas contratadas por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario de esta dependencia que fungía como asesor del director general en 2018, antes del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, el sector empresarial y de trabajadores instruyeron en octubre de 2023 al Infonavit interponer un amparo contra el informe de resultados de la ASF con el voto en contra del sector gobierno y de la Dirección General. A la fecha no se han atendido las recomendaciones de la ASF, con el argumento de que el órgano fiscalizador no tiene competencia sobre lo que llaman “los recursos privados”.
Asimismo, destacó que como parte del programa Línea III consistente en financiar a constructores de vivienda para derechohabientes, se autorizaron 22 proyectos entre 2017 y 2018, que no han sido concluidos y que presentan adeudos vencidos con el Infonavit de 575 millones de pesos.
Adicionalmente, existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos, esto como deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones.
También se detectó una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores, que se han coludido para otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda.
A la fecha, luego de una revisión se advirtió que en 21 estados del país existen 12 mil créditos en mil 400 viviendas, lo que significa que fueron vendidas hasta cuatro veces cada una por año, lo que constituye una estafa a los trabajadores cobrándoles hasta el 40 por ciento de sus ahorros y lo cual asciende a más de mil 200 millones de pesos.
Entre los casos de corrupción identificados, en 2019 el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el pago entre 2013 y 2014 de más de 3 mil 600 millones de pesos a cuatro despachos para recuperar viviendas por la vía judicial, con lo cual se realizaron juicios fraudulentos en los que participaron funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit en contra de 60 mil derechohabientes.
De este caso el Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles de personas fueron despojadas de sus inmuebles sin un juicio justo.
Además, se encontró que funcionarios del Infonavit contrataron ilegalmente un seguro de vida colectivo a la empresa Mapfre Tepeyac S.A. entre 2013 y 2014 por 550 millones de pesos para los derechohabientes con crédito, pese a que el Instituto cubre este tipo de seguros.
La cobertura de éste únicamente aplica en el fallecimiento de las personas acreditadas en casos de desastre natural y/o pandemias, lo que hacía que esta póliza fuera incobrable, además de que su contratación se dio sin el conocimiento de los trabajadores.
En 2011 el Consejo de Administración del Infonavit autorizó convertir en fideicomiso el Registro Único de Vivienda (RUV) pese a que el ingreso que genera el RUV no debe ser calificado como utilidades, sino que debe ser reintegrado al ahorro de los trabajadores.
A pesar de que el director general del Infonavit instruyó no realizar este mecanismo, se repartieron las utilidades. Por ello tres funcionarios han sido cesados y se están analizando las acciones legales correspondientes.
Pero a todo esto se suma otro sistema de defraudación en perjuicio del patrimonio que representa el Infonavit para los trabajadores, pues el director sectorial en el organismo tiene un ingreso anual neto por 3 millones 255 mil 338 pesos, mientras que el director sectorial empresarial recibe 3 millones 145 mil 199 pesos, e incluso el secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones de pesos y en los tres casos el monto es mayor al ingreso neto anual de la presidenta de la República.
El director, los coordinadores y los gerentes, tienen un salario superior al de la presidenta, independientemente del nivel en el que se encuentren.
Así están las cosas en ese organismo de la vivienda que, como se ve, ha sido permanentemente saqueado y de ahí la necesidad de dar seguimiento a la promesa de doña Claudia.