*Armas y demandas
Ya señalamos que los conflictos entre la producción, promoción y fácil acceso de ciertos productos como el tabaco y las armas se han traducido en millones de muertes, millones de enfermos y demandas multimillonarias que a lo largo del tiempo se ha comprobado, no han servido para solucionar el problema y menos para impedirlo.
De igual forma que con el tabaco, que para poder enfrentar la condena de pagar casi 250 mil millones de dólares tuvo que mantener la venta de cigarros. La producción y el libre acceso a armas y medicamentos, también se han traducido en la muerte de miles y miles de personas ya sea por homicidio o por adicciones, tan severas que han terminado con la vida de los consumidores. Y al igual que en el caso anterior, ahora son los fabricantes y distribuidores de armas los que han sido demandados por el gobierno mexicano por los tremendos daños que el mercadeo de armas ha provocado en nuestro país, y según la Secretaría de Relaciones Exteriores, tan solo en “2019 hubo 17 mil asesinatos, resultado de la importación ilegal de armas de Estados Unidos hacia México”, donde existe una muy severa legislación para impedir la fácil obtención de una arma.(https://www.latimes.com/opinion/story/2021-08-16/editorial-mexico-lawsuit-gunmakers).
Y sorprendentemente, en su editorial del 16 de agosto, Los Ángeles Times (LA Times), aplaude la demanda entablada por México en donde no solo reconoce el esfuerzo de nuestro país, sino que informa sobre la faltas de acción en que ha incurrido el Congreso norteamericano “para detener el flujo de muerte hacia el sur de Estados Unidos. No ha impuesto verificaciones de antecedentes (de los cargamentos), no ha impedido que los compradores falsos (de paja) compren armas para los traficantes ni ha tomado medidas enérgicas contra los fabricantes de kits de ensamblaje de armas imposibles de rastrear, a partir de los cuales los compradores pueden ensamblar “pistolas fantasma".
“Las pistolas fantasma son armas de fuego ensambladas a mano, a partir de piezas que vienen en kits preenvasados, que son legales. Pero como las piezas no están clasificadas como armas, no tienen números de serie, hace difícil, sino imposible, su rastreo” (la times 2021/06/16).
Más aún, según ese diario, la necesidad de este tipo de demandas puede contribuir a detener la violencia en ese país, tanto como en el nuestro, y como ejemplo “informó que se utilizó un arma fantasma para herir gravemente a dos agentes del alguacil del condado de Los Ángeles, en un ataque el año pasado. Sin legislación del Congreso, las demandas pueden ser el único camino a seguir. La semana pasada, los agentes demandaron a Polymer80 Inc. de Nevada por fabricar las piezas de las armas”.
“Los estadounidenses respondieron a los cierres de COVID-19 el año pasado haciendo fila en las tiendas de armas. A los fabricantes, distribuidores y vendedores les fue bien. La tasa de homicidios saltó al nivel más alto no visto en los EE. UU. En más de dos décadas, incluso sin la serie de tiroteos masivos que ocurren en un año típico”.
Así que cualquier esfuerzo por tratar de poner orden y seriedad en ese asunto sobre el que años van y años vienen, y las cosas se mantienen igual hasta que alguien directamente es afectado por ese flujo, es cuando se establece un precedente que sirva de argumento para expedición de leyes que efectivamente regulen y ordenen lo que hasta hoy, sigue sujeto solamente a las leyes de la oferta y la demanda.
Eso es en lo que se refiere a las armas, pero resulta que hace apenas un mes, el pasado 21 de julio, “después de casi dos años de disputas legales, los tres principales distribuidores de medicamentos del país (EU) y un gigante farmacéutico han llegado a un acuerdo de 26 mil millones de dólares con los estados que liberaría a varias de las empresas más grandes de la industria de toda responsabilidad civil en la epidemia de opioides. Crisis de salud con resultados trágicos para miles de estadounidenses”.
“En total, más de 500,000 personas (medio millón) han muerto por sobredosis de opioides de venta con receta médica y opioides ilegales desde 1999, según datos federales”. (NYT 21/07/2021).
Las empresas obligadas por tal acuerdo son Johnson & Johnson y los distribuidores de medicamentos Cardinal Health, AmerisourceBergen, McKesson y sus filiales.
La acusación principal radica en no haber cumplido durante 20 años con su obligación de monitorear las cantidades de envíos de medicamentos, pues mientras las farmacias de todo el país ordenaban millones de píldoras para sus comunidades, nadie verificaba dichos embarques.
Johnson & Johnson suministró materiales opioides a otras empresas y fabricó sus propios parches de fentanilo para pacientes con dolor, está acusada de restar importancia a las propiedades adictivas de los productos tanto para los médicos como para los pacientes.
Pero ese acuerdo no vaya usted a creer que resuelve otras miles de demandas contra otros acusados farmacéuticos, incluidos fabricantes, cadenas de farmacias y distribuidores más pequeños que podría llevar más dinero a los estados, ciudades, condados y tribus, como es el caso de Purdue Pharma, el fabricante de OxyContin y sus propietarios, miembros de la familia multimillonaria Sackler, quienes están negociando un acuerdo de al menos 4,500 millones de dólares con los demandantes como parte de una reestructuración por quiebra.
Resulta paradójico que tres grandes sectores empresariales como el farmacéutico, el del tabaco y el de las armas, los tres terminen siendo demandados por ser directa o indirectamente fabricantes de muertes. Y aunque los representantes de estas industrias han prometido ya portarse bien y no seguir promoviendo el uso indiscriminado de sus productos, solo le diría yo que después de más de 20 años de que se súper reguló el uso y consumo de tabaco en lugares públicos y privados, ¿en qué se ha disminuido el tabaquismo y las muertes por el mismo?
Ya veremos en qué acaban los pleitos con los farmacéuticos y los armeros, pero como dijimos la semana pasada.
Al parecer todo…todo es negociable. No importa qué…