Corrupción endémica en el Poder Judicial
Ahora resulta que voces “letradas” y supuestamente bien “informadas” critican y ven con malos ojos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por señalar constantemente lo que todo el pueblo siempre ha sabido, de que la mayoría de los jueces del Poder Judicial, federal y local, son auténticos corruptos.
Y basta saber, que no es corto el tiempo cuando aflora a los ojos y oídos de nuestra sociedad casos de corrupción en que empleados del Poder Judicial, la siguen haciendo de protagonistas, al abusar de su poder e influencia a beneficio personal y de grupos a los que sirven o pertenecen; y sólo basta saber dónde y cómo viven, y el cúmulo de bienes que han obtenido en sus años de servirse del puesto.
Y como sabemos, los casos que por denuncia provocan escándalo son los de excepción, porque los más numerosos se callan, se ocultan y hasta se protegen, pues la verdad escueta, el cinismo y la poca moral dentro de esas instituciones parece haber sustituido al civismo, la ética y a las leyes.
Y hay innumerables casos en los que el Poder Judicial, federal y local, por sus fueros, no ha permitido que nadie, pero nadie, se meta con ellos, en ningún sentido y en nada que pueda vulnerar su autonomía, sobremanera, cuando de liberar delincuentes de cuello blanco o comunes, del crimen organizado o de políticos se trate, y que decir si les cae en sus manos asuntos en donde bienes muebles o inmuebles de alto valor han estado en juego. Y por eso, para qué van tan lejos en busca de delincuentes, si innumerables miembros de la abanderada “administración de justicia” son parte de la mafia negra de la toga y el birrete, difícil de erradicar, y debido a ello, ahí opera claramente eso de que no pueden ser juez y parte.
Y ese mal, que se ha enquistado en las instancias encargadas de la administración de justicia, no podrá sanearse si no se aplican las leyes que regulan la conducta de los empleados de esa institución, porque con eso de que el Poder Judicial federal y de las entidades estatales son autónomos, descaradamente han abusado de ello y nadie se puede meter con ellos, hagan lo que hagan dentro de casa, aunque perjudiquen a todos los ciudadanos.
Como ejemplo, recordemos un caso muy sonado allá por 2007, cuando la Auditoría Superior de la Federación ASF, perteneciente a la Cámara de Diputados, tuvo el deseo de auditar al Poder Judicial Federal, en lo referente a los nombramientos que realizaba de magistrados y jueces federales. Petición que desde luego fue frenada y rechazada por el órgano jurisdiccional supremo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, pues indicó a la ASF que no tenía la facultad y que estaba invadiendo esferas de otro poder, cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determinaba que la SCJN es la que resolverá los asuntos que le atañen.
O sea, la “Tremenda Corte” impidió sospechosamente que un órgano auditor que representa al pueblo, rondara sus espacios, en una acción que sólo tenía como fin, conocer de manera transparente la forma en que designaban a los jurisconsultos, y saber en quienes se gastarían los dineros del pueblo, sin que esto tuviera la intención de la subordinación de un poder a otro.
Y qué decir de las revelaciones que hiciera la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados en 2005, sobre la creación de 11 fideicomisos por parte de la SCJN con recursos económicos, no gastados del presupuesto asignado, obviamente dinero propiedad de los ciudadanos; acciones y hechos que pusieron una vez más en entredicho a la institución, pues esos recursos públicos no gastados, tuvieron que ser devueltos a la Tesorería de la Federación como marcaba el decreto aprobado por la Cámara de Diputados, y no crear cajas de ahorros que les dejaba importantes intereses, entre ello, para el pago millonarias de pensiones vitalicias a los ministros, magistrados y jueces en retiro, y por supuesto para cumplir sus caprichos y vida suntuosa, elitista y llena de exquisitez, aplicando para esto lo bien aprendido en su ejercicio, la marrullería y la chicanería, más esto último no les resultó del todo, porque no siempre el tiempo fue su mejor aliado para poder esconder o borrar las tranzas que se hacían dentro de la institución con los fideicomisos.
Y fue así, que en ese año, la ASF intentó realizar su trabajo de investigación de los fideicomisos y sus crecientes fondos, en especial al destinado a pensiones que ascendían a mil 884 millones 280 mil 534 pesos, pero se topó con pared, pues el ministro presidente de la SCJN Mariano Azuela, de aquel entonces, utilizó todos los mecanismos de poder a su alcance para no dar respuesta a esa investigación.
Y a pesar de ese rechazo, el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el Diputado Miguel Alonso Raya, solicitó al ministro Azuela, el acuerdo tomado por la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación que asignó las pensiones vitalicias para los funcionarios en retiro, obteniendo una negativa a su solicitud por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SCJN, bajo la anuencia del ministro presidente de la Corte, Mariano Azuela, quien a pesar de que estaba enterado desde 1999 tanto del fideicomiso para los pensionados como del acuerdo, siempre negó sus existencias, mostrando nuevamente su cinismo y prepotencia como titular de un poder del Estado, ¡qué fichita!.
Y si hablamos de los Consejos de las Judicaturas del Poder Judicial, federal y local, de poco o nada han servido desde su creación (1994), pues su principal función ha sido velar por la autonomía de los órganos del Poder Judicial, y por la independencia e imparcialidad de sus miembros, dejando a un segundo término, la disciplina, control y vigilancia en la conducción de jueces, magistrados y demás servidores públicos de ese poder del Estado, que son quienes generan y han enquistado la corrupción dentro de los juzgados y tribunales del país; y claro, los ministros de la SCJN y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF, están exentos de ese supuesto.
Y claro que esa forma de conducirse por parte de la SCJN, ha provocado la pérdida de la confianza del pueblo, y más cuando ministros, magistrados y altos funcionarios de esa entidad y del TEPJF, no han querido ajustar sus salarios y ganar menos que el presidente de la República como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alejándose de una acción moral que acompañe la realidad económica del país, y que no represente una burla para los ciudadanos.
Empero, ahí está su acostumbrado agandalle, y para este año aproximadamente su salario es de 400 mil pesos mensuales brutos, como si se los merecieran, sin tomar en cuenta las percepciones que extraoficialmente ganan a decir de litigantes, por lo que ya debería ponerse un coto a esas distinciones, que los ha ubicado como la elite de la burocracia nacional.
Por todo ello, es necesario que se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los estados, así como las funciones de las Judicaturas estatales. Y si bien son consideradas instituciones autónomas en sus tareas, en cuanto al manejo de su presupuesto, este debería estar bajo el estricto control de la ASF de la Cámara de Diputados, pues buena parte de ese dinero es de ese pueblo mal visto, bueno, sabio, mucha pieza y pobre.
El país, el pueblo, necesita un cambio radical en la ética y la moral de todos jueces que integran el Poder Judicial, federal y local, pues son en principio quienes deben cumplir la ley e interpretar el verdadero espíritu de ella para poderla aplicar en su ejercicio con sabiduría. Ya estuvo de tanta prepotencia, ratería, abuso y corrupción de quienes dicen el derecho, y que no siempre imparten justicia en favor de los que menos tienen. Mientras tanto, así van las cosas, que no van bien.