*Siguen agresiones contra periodistas
No transcurre mucho tiempo cuando los espacios informativos denuncian nuevamente el asesinato de periodistas. La amenaza de perder la vida es cada vez mayor para los que tenemos como profesión el ejercicio del periodismo libre e independiente, y como siempre, la procuración y administración de justicia se ha estancado, quedándose al margen de la evolución social, provocando el desamparo para quienes todavía creemos en las instituciones.
Los móviles que se ocultan tras los crímenes, pocas veces son “descubiertos” por los “investigadores” y en otras tantas, se evitan darlos a conocer por medio de órdenes superiores que conducen al clásico “carpetazo”.
El aumento de pérdidas humanas en este gremio, conducen a seguirnos preguntando, si en un estado de derecho el ejercicio de las garantías individuales (artículos 6º y 7º constitucionales) está vetado para informadores, sobremanera, para aquellos que no están alineados a los designios de miembros del poder público y económico que persisten en revivir las viejas prácticas de un sistema que mantuvo impunes a cientos de nefastos individuos de gobiernos del pasado.
O como también ha sido costumbre, la violencia desatada en contra de periodistas es un llamado para quienes tienen información valiosa que pretende publicar, en donde desde luego también están implicadas las organizaciones criminales de distintos perfiles y su ejército de sicarios.
Por otra parte, las desapariciones de periodistas en todo el país siguen siendo una constante, convirtiéndose en un delito tan grave como si fuesen asesinados, al momento de que la mayoría no son localizados.
Como sabemos, recientemente, las balas asesinas volvieron a enlutar al gremio periodístico y desde luego a la sociedad misma; dos muertes en Tijuana, José Luis Arenas Gamboa el 10 de enero de 2022 y Lourdes Maldonado el 23 de enero de 2022, en tanto en Veracruz, Margarito Martínez el 17 de enero de 2022; hoy desgraciadamente asignados con los números 146, 148 y 147, respectivamente en la lista de compañeros asesinados en los gobiernos de Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador (28 muertes hasta esta publicación), iniciándose ese fúnebre enlistado que da a conocer la organización civil Artículo 19, el 01 de febrero de 2000, con la muerte de Luis Roberto Cruz Martínez.
En total, 148 comunicadores asesinados en los últimos 22 años: 136 hombres y 12 mujeres, siendo Tijuana y Veracruz los estados más letales para el ejercicio periodístico.
Empero esa penosa lista es una de muchas tantas que se han formulado; recordemos aquella que se hizo de 1983 a 1986, cuando las agresiones contra informadores que culminaban en muerte rebasaban la cifra de 200, sin que autoridad alguna haya dado a conocer resultados que mostraran quién o quiénes fueron los responsables.
Una de las formas más comunes que utilizaban en aquel entonces los agresores para disfrazar los asesinatos de periodistas, era hacer creer que éstos murieron en accidentes; tal fue el caso del reportero capitalino del diario, “El Sol de México” Fernando Piña Pérez (1984), quien en el estado de Oaxaca perdió la vida en un supuesto accidente automovilístico, según “versiones oficiales” de la Procuraduría de aquella conflictiva entidad.
Al grado de señalar, que al momento del “accidente automovilístico” donde perdió la vida Fernando Piña, viajaba en una camioneta, propiedad del gobierno del estado, misma que le fue asignada, con un chofer, para trasladarlo a los sitios donde él tuviera que realizar su trabajo.
Sin embargo, las declaraciones del médico forense que realizó la autopsia de Piña Pérez, desmintieron esa declaración, debido a la gravedad de las lesiones y la forma en que éstas se encontraban distribuidas en gran parte del cuerpo y cabeza. Además de que en su sangre, de acuerdo con el resultado del laboratorio forense, se encontraban grandes cantidades de alcohol que haría caer a un caballo. Lo torturaron.
Cabe señalar que la misión del informador como enviado especial del periódico, era cubrir el 4º informe de actividades del entonces gobernador de la entidad, el priísta Pedro Vázquez Colmenares, quien fungió en ese cargo de 1980 a 1985.
Posteriormente, este político fue el Director General de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación de 1985 a 1988, y a pesar de esto, y de las contundentes pruebas periciales de aquel entonces, nunca se dio seguimiento al caso, ni se realizaron investigaciones del por qué, de la muerte del comunicador. Todos, pero todos, callaron para siempre.
Este tipo de agresiones a periodistas, antes se cometían con mayor frecuencia en el interior del país, ahora, los victimarios formulan mejores planes y realizan disparos de armas de fuego, directos y certeros a los blancos, y sus fugas son vertiginosas, haciendo que las posibilidades de encontrarlos sean remotas. Más en algunos casos, es probable que se tengan identificados a los sospechosos, pero no pasa nada.
La protesta realizada por comunicadores, el pasado martes 24 del mes en curso, de manera simultánea en varias ciudades del interior de la República, no sólo fue por los recientes asesinato de los tres periodistas mencionados, y por los cientos de fallecidos bajo ese esquema, fue también para exigir justicia y seguridad para todos los trabajadores del gremio, teniendo destinatarios directos, el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales.
Y desde luego, para manifestarle a la opinión pública, sus únicos y verdaderos aliados, el descontento y temor en que viven los trabajadores de la información, al salir a las calles a buscar la información que compartirán con ellos, y que les será útil.
Esclarecer el asesinato de los comunicadores, es un deber de las autoridades y un problema nacional. El que no se aplique realmente la ley, será permitir y seguir tolerando que los agravios se den con mayor frecuencia en contra de periodistas y de cualquier ciudadano, además de que la existencia del Derecho se vuelve inútil.
El sistema de procuración y administración justicia ha fallado y sigue fallando, y el Estado mexicano, por ende, cuando de poco ha servido el Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que ya es hora de que se dé un vuelco a esa reprobable actitud burocrática.
El peligro que corren los periodistas y todo ciudadano, se agudiza y el temor crece paulatinamente, mientras las manos y mentes criminales se escudan bajo la impunidad de que gozan para seguir violando las leyes.
Los periodistas queremos dejar de ser marginados de las leyes, y se necesitan garantías en el ejercicio de nuestra profesión y, sobre todo, seguridad de que se respeten nuestras vidas. Mientras tanto, así van las cosas, que no van bien.