Por incumplir una sentencia de amparo en un caso de despojo de terrenos en la zona donde se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Zumpango de Ocampo, Estado de México, este viernes fue demandado penalmente el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Román Guillermo Meyer Falcón.

La demanda penal, presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), también se extiende en contra de la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Sedatu, Dulce María Rodríguez Cervantes, y la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario de la misma dependencia, Edna Elena Vega Rangel.

De acuerdo con la demanda penal, los tres funcionarios rechazaron regresar más de 90 hectáreas de terreno o pagar una indemnización a su legítimo dueño Raúl Romero Zenizo, a pesar de existir ordenamientos judiciales.

Se trata de dos polígonos:

  • Polígono III, fracción B, con una superficie de 902,081 metros cuadrados, con forma de bandera de seis lados.
  • Polígono I, fracción E, con superficie de 12,886 metros.

Aunque se trata de dos propiedades privadas desde la década de 1960, la Sedatu declaró que eran propiedad de la nación y, en abril de 2019, los cedió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sin haber pasado por un proceso de expropiación y sin pago de indemnización.

El 23 de julio de 2021, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, dictó una sentencia definitiva a favor de RAÚL ROMERO ZENIZO, misma que fue ratificada el 26 de mayo de 2022 por parte del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la Ciudad de México; en el recurso de revisión 326/2021.

El 15 de junio de 2022, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa ordena a la Sedatu a dar cumplimiento de la ejecutoria de amparo a favor de Raúl Romero Zenizo y le da un plazo de 10 días para cumplir dos cosas: la devolución de las tierras o el pago de una indemnización. Sin embargo, la Sedatu no ha querido cumplirla.

Por esta razón, este viernes se presentó la demanda penan en contra de los tres funcionarios federales, incluido el titular de la dependencia Román Guillermo Meyer Falcón.

"En este caso ya se conminó en tres ocasiones a que cumplan y no han cumplido, lo que conlleva a un delito de las autoridades. Es indiscutible que esto lo va a manejar el Fiscal General de la República, esperemos que le de cabal cumplimiento al a la legalidad", señaló el abogado Antonio López Mendoza, luego de interponer el recurso penal ante la FGR.

Según explicó el abogado, el conflicto radica en que hay un decreto que convierte dichas tierras en propiedad nacional, sin que exista un proceso de expropiación como tal.

“Por esa razón, el juez de amparo advierte que legalmente bajo ese decreto, totalmente doloso y de mala fe, se llevaron a cabo el despojo de esas tierras a los titulares con escrituras públicas, entonces resolvió en definitiva, ya no hay forma de cómo revertir la sentencia de amparo y por lo tanto lo deben de cumplir", advirtió López Mendoza.

Por su parte, Rafael Ayala, otro abogado del quejoso, dijo que un avalúo determinó en $1,200 millones de pesos el valor de esos terrenos.

Los abogados hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que ordene a la Sedatu, y a su titular Román Guillermo Meyer Falcón, cumplir con la sentencia dictada a favor de Raúl Romero Zenizo y cumpla con la ley.

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