La diputada Ernestina Godoy Ramos, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, presentó en Sesión Ordinaria, una iniciativa con proyecto de decreto a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA para ordenar las remuneraciones de las y los servidores públicos de la capital y así evitar el dispendio y la asignación discrecional de salarios o prestaciones.
Esta propuesta, afirmó la legisladora, cumple con el mandato del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en el artículo 60 numeral 3 de la Constitución Política local.
“Una alta remuneración no produce por sí misma eficiencia. La independencia e imparcialidad no es motivo solamente de la alta remuneración. La honestidad tampoco se origina en un salario alto”, explicó en Tribuna la diputada Godoy Ramos, quien además explicó que la iniciativa de ley es para todo servidor público que presta servicios en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así como en los órganos constitucionalmente autónomos, alcaldías y todos los entes públicos de la capital.
Para ello, la legisladora planteó, ante el Pleno de este Órgano Legislativo, se adicione un artículo 64 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, un Capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro Segundo y un artículo 276 bis al Código Penal para el Distrito Federal.
“Proponemos que ninguna persona servidora pública pueda recibir remuneración mayor a la establecida para la persona titular de la Jefatura de Gobierno. Ningún servidor podrá tener una remuneración igual o mayor que el superior jerárquico. Se sugiere que la titular del Gobierno percibirá un salario mensual neto equivalente a 922 unidades de medida y actualización de la Ciudad de México. Este monto será el tope salarial para diputados, magistrados y titulares de órganos autónomos y para todo servidor público”, afirmó.
De esta manera, agregó la coordinadora de MORENA en el Congreso, se termina con la disparidad salarial y las autoasignaciones de bonos y prestaciones sin justificación.
“Se eliminan bonos, prestaciones, cualquier otro beneficio económico que no se cuantifique como parte de la remuneración y además deben estar determinados por la ley”, aseveró.
Por último, la diputada Godoy Ramos manifestó que los salarios de la alta burocracia mexicana no tienen ninguna justificación, ni relación con la economía o el nivel de desarrollo de México.
“Ocupamos el segundo lugar en salarios altos entre los países de la OCDE, medido esto en proporción con el PIB per cápita y, los últimos lugares en ingresos salario para el resto de los mexicanos, es decir nuestros altos funcionarios ganan más que sus homólogos en Suiza, Japón y Estados Unidos. Esto actualiza con nitidez que tenemos gobernantes ricos con pueblo pobre”, señaló.
Al referirse a los salarios de los legisladores exclusivamente, agregó, México ocupa el nada honroso primer lugar en Latinoamérica debido a lo exorbitante de tales remuneraciones; en contraste, el salario mínimo en México es también el más bajo de la región.
“Creo que aprobar esta ley será un acto de sabiduría y humildad; será reconocer que en el pasado hubo errores que han lastimado a la población y que los actuales diputados y diputadas estamos en la mejor posibilidad y disponibilidad de remediarlo”, concluyó.
La iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Transparencia y Combate a la Corrupción, con opinión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.