El Sistema Anticorrupción local ha sido un esfuerzo de la sociedad civil y de las diversas fuerzas políticas para generar líneas básicas que reviertan temas que son un flagelo para quienes habitan la capital y tienen que ver con la corrupción e impunidad, señaló este jueves el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
Al presentar el libro Responsabilidad Patrimonial del Estado, instrumento eficaz de justicia, del abogado Luis Rodrigo Vargas Gil, el legislador recordó que el Título 6 de la Constitución Política local (denominado Buen Gobierno) contempla la buena administración y ahí se ubica el Sistema Anticorrupción.
Agregó que la creación de la Comisión de Atención a Víctimas, así como el marco jurídico que se trabaja en la Comisión que encabeza, “dará la pauta para tener claridad del alcance en los diferentes estratos de gobierno, y de quienes brindan un servicio público sobre los actos cometidos por acción u omisión que generan un daño a quienes aquí habitamos”.
Luis Rodrigo Vargas Gil, autor del libro, dijo que el objetivo de la obra es construir un mecanismo de divulgación sencillo, de fácil lectura y donde se expone la parte histórica, la evolución, la situación actual y algunas propuestas referentes a la responsabilidad que tiene el Estado para reparar el daño a las víctimas.
Consideró que la indemnización no es la única manera de reparación del daño, y dijo que la legislación local ya contempla el “acto de desagravio en especie”, como se practica en otros países.
“Por principio de cuentas, no debería existir la reparación, se deberían realizar prácticas de buen gobierno y conciliación de controversias, así como reformular el servicio público para construir una nueva sociedad”, consideró.
Añadió que a nivel federal se debe abordar el tema jurisdiccional, como lo hace la Constitución local. Legislar la materia de manera casuística, pues “el tema sanitario y de salud pública puede llegar a desbordarse”, consideró.
Por su parte, la defensora de derechos humanos de las personas migrantes, Elba Coria Márquez, se congratuló sobre los temas abordados en el libro, pues “los ciudadanos deben tener a su alcance la información y herramientas que les permitan exigir la reparación del daño cuando así se requiera”.
Se refirió al caso de dos personas migrantes que sufrieron violación a sus derechos humanos; uno de ellos sufrió transgresión a su derecho al asilo; el otro por haber permanecido ilegalmente en una estación migratoria. En ambos casos el Estado pagó una indemnización, pero esto no contribuyó a la reparación del daño.
En tanto, el catedrático de la UNAM, Miguel Ángel Garita Alonso, destacó la importancia del texto, al señalar que éste explica la responsabilidad de los servidores públicos; las omisiones o negligencias y su reparación del daño, en un contexto histórico, actual y con propuestas de mejora.
“El libro tiene una base de datos nacional e internacional y recopila información dentro del derecho comparado, de cómo se actúa en países como España y Francia, para traer sus experiencias a nuestro país”, comentó.