Denuncia diputado federal
Legisladores del PRI y PAN, así como el senador independiente Javier Lozano, decidieron dar marcha atrás a una propuesta de Morena que originalmente exhortaba a la Procuraduría General de la República (PGR) a enviar a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero en contra del diputado local José Manuel Ballesteros López, por el delito de desacato al cumplimiento de una sentencia de amparo, conforme a lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta tarde, durante su Quinta Reunión Ordinaria, los integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión votaron a favor del dictamen que deja sin materia el exhorto a la PGR respecto a la solicitud de declaración de procedencia, bajo el argumento de haberse cumplimentado la sentencia del juicio de amparo 2200/2014.
Antes de la votación, el diputado Juan Romero Tenorio presentó una reserva al dictamen y solicitó que el exhorto se hiciera al Juez de Distrito en materia penal, debido a que su Punto de Acuerdo lo presentó desde el 16 de mayo y apenas se dictaminó este martes, y además el 30 de mayo se le concedió licencia como diputado local a Ballesteros López. “O sea, ya el supuesto presentado en la propuesta inicial se modificó por los hechos”.
Según el Punto de Acuerdo, el 7 de noviembre del año pasado la SCJN emitió una sentencia respecto al juicio de amparo 2200/2014, ordenando la destitución de Israel Moreno Rivera como Jefe Delegacional de Venustiano Carranza, derivado de una demanda laboral.
Sin embargo, en el tercer punto resolutivo de la sentencia se estableció que también se consignara a José Manuel Ballesteros, quien fungía anteriormente como titular de la citada demarcación, ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, por el delito de desacato a un laudo en favor de trabajadores dictado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual fue emitido durante su gestión como delegado.
“Éste no lo atendió y lo heredó a Israel Moreno, quien de igual forma incumplió dicho resolutivo, por lo que ambos fueron consignados a fin de que sean juzgados y sancionados por incumplir una sentencia de amparo”, subraya el Punto de Acuerdo.
En su oportunidad, el diputado Juan Romero precisó que su reserva se debe a que en el dictamen se establece que la proposición se archiva por ser un asunto totalmente definido, en función de un proveído del 27 de diciembre de 2017 del Juez Cuarto de Distrito en materia laboral en la Ciudad de México.
“Este Punto de Acuerdo está vinculado a la figura del desafuero. Hay un desacato de una resolución del Poder Judicial y se ordena abrir el expediente y abrir causa penal porque se tipifica o se actualiza un supuesto penal contenido en la Ley de Amparo, Artículo 267, Fracción Primera, ante desacato del servidor público incurre en un tipo penal y, por lo tanto, se ordena abrir la carpeta de investigación correspondiente”, puntualizó.
En ese contexto, resaltó que el citado proveído señala el acatamiento de una resolución en materia laboral y que el juez determinó que se cumplió en sus términos. Derivado de ello, el legislador federal de Morena consideró que sigue vigente la responsabilidad penal.
“Corresponde solicitar al Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, para que cite al diputado local con licencia José Manuel Ballesteros López, por el delito de desacato y reinicie el proceso penal en su contra en la causa 292/2017”, enfatizó.
Romero Tenorio insistió en que el exdiputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal incurre en desacato, una responsabilidad penal que debe llevarse hasta sus últimas consecuencias. Por ello, apuntó, pido que se modifique el punto resolutivo del Punto de Acuerdo haciendo un exhorto, por parte de la Comisión Permanente, al Juez de Distrito para que cite al diputado con licencia.
“Es una cuestión de desafuero. Tenemos que acatar la ley, tenemos que hacer que se cumpla la ley y el fondo es que una figura de diputado local no puede dejar sin sanción o sin desahogar un procedimiento penal que está sustentado en una resolución del Poder Judicial”, concluyó.