Veracruz es un Estado fallido por la indolencia, falta de capacidad y constante violación al estado de derecho por parte de los legisladores locales de Morena y del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, por lo que es necesario emprender acciones para destituirlos y restaurar la gobernabilidad, el orden constitucional y velar por la seguridad a las familias veracruzanas, manifestaron las senadoras y los senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Las familias veracruzanas viven con angustia y con miedo; el estado se encuentra en una crisis constitucional y al borde del colapso; Veracruz es un Estado fallido porque no garantiza seguridad a su gente, su economía no crece y sus gobernantes se empeñan en violar la ley, sostuvieron en conferencia de prensa.
Los legisladores azules reiteran que analiza dos figuras para reestablecer el orden constitucional en Veracruz: buscar la desaparición de poderes o iniciar un juicio político en contra del gobernador García Jiménez.
Aseguraron que ambas opciones son viables, puesto que, en el caso de la desaparición de poderes, se cumple con los supuestos del artículo 76 constitucional, el cual señala que es causal de la desaparición de poderes cuando se quebrantan los principios del régimen federal.
“Tanto el Ejecutivo estatal como el Congreso del estado han violado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución de Veracruz al destituir al Fiscal General del Estado y nombrar a una nueva fiscal que no cumple con los requisitos de ley, sin fundamento legal y haciendo uso de un procedimiento ilegal”, indicaron.
Al ser ilegal la remoción y el nombramiento, toda la actuación de la encargada de la fiscalía puede estar afectada de nulidad, llevando al sistema de justicia de Veracruz al borde del colapso, explicaron.
“Esta es una muestra más de cómo Morena atenta sistemáticamente contra la democracia, pues pretende cambiar arbitrariamente las reglas. Ya lo vimos en Baja California, en el intento de reelección en la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y en el Congreso de Quintana Roo. No lo permitiremos”, advirtieron.
En el caso del juicio político, regulado por el artículo 110 constitucional, se pude aplicar ante la situación de emergencia en la que se encuentra el estado: la vida de las veracruzanas y los veracruzanos está en peligro bajo un gobernador incapaz, insensible y violador del estado de derecho, sostuvieron.
Por la gravedad de la situación y siguiendo las facultades que otorga al Senado nuestra Constitución, el Grupo Parlamentario del PAN buscará la destitución del gobernador y de los legisladores locales, para restaurar la constitucionalidad en la entidad, finalizaron.