La Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, que preside la senadora Eunice Renata Romo Molina, aprobó, con modificaciones, una minuta que busca identificar, así como eliminar la violencia institucional y estructural que enfrentan las personas adultas mayores.
Se trata de un proyecto que envió la Cámara de Diputados para incorporar los conceptos de violencia institucional y violencia estructural en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Las y los senadores precisaron que la violencia institucional se debe definir como los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
En el caso de la violencia estructural, precisaron que es el daño que resulta de procesos sociales que generan desigualdad, estratificación social y exclusión de los recursos necesarios para la supervivencia, sin necesidad de aplicar para ello la violencia directa, que es generada por un conjunto de estructuras que impiden satisfacer las necesidades más elementales y provocan su negación.
Y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas adultas mayores.
Entre los cambios que realizó la Comisión al proyecto de la colegisladora está que las autoridades competentes de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán promover la implementación de acciones y políticas interinstitucionales para prevenir, atender y erradicar la violencia institucional, a fin de preservar los derechos de este sector de la población.
Además de acciones y políticas para prevenir, atender y erradicar la violencia estructural, preservando los derechos de las personas adultas mayores.
Las y los senadores consideraron que al incluir la violencia estructural en la legislación se reconoce que la discriminación y el abuso contra las personas adultas mayores no son eventos aislados, sino que están arraigados en nuestra sociedad.
En el caso de la incorporación de la violencia estructural en la Ley, se establece la necesidad de abordar no sólo los casos individuales de violencia contra este sector de la población, sino también las condiciones sistémicas que perpetúan la discriminación y la vulnerabilidad de estos.
La Comisión de Desarrollo y Bienestar Social aprobó un dictamen por el que se busca declarar el 12 de septiembre de cada año, como el “Día de las Mujeres con Discapacidad”.
El proyecto refiere que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existen tres millones 275 mil 692 mujeres con discapacidad en el país.
Por otra parte, la minuta enviada por la Cámara de Diputados sugería que la denominación fuera “Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad”; sin embargo, las y los senadores determinaron suprimir la palabra “Nacional” para evitar confusiones, dado que los días nacionales suelen reservarse para eventos de carácter histórico o político que tienen un impacto a nivel nacional.