El senador Arturo Bours Griffith dio a conocer que presentó una iniciativa que reforma los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que se pueda deducir el consumo de alimentos en restaurantes.
Actualmente, el artículo 28 establece que se puede deducir un máximo de 8.5 por ciento del consumo total, “lo que para efectos prácticos no representa nada o no es un aliciente para visitar estos lugares”.
Por ello, el senador planteó que durante el primer año, la deducibilidad en el consumo en restaurantes sea del 50 por ciento, la cual se incrementará 10 por ciento cada año, hasta alcanzar el 100 por ciento.
Reconoció que esta industria es muy importante para el país, porque genera millones de empleos, particularmente para mujeres y jóvenes, por lo que consideró necesario traducir las demandas de este sector en un proyecto de ley que contribuirá a su fortalecimiento, luego de que la industria fue una de las más castigadas por la pandemia de Covid-19.
“La industria restaurantera está conformada principalmente por microempresas, es decir, aquellas que dan empleo hasta a 10 personas, ya que 96 de cada 100 unidades económicas corresponden a este tamaño y ofrecen empleos a 70 de cada 100 personas ocupadas en este sector. En términos de producción, generan 55.9 de cada 100 pesos”, detalla la propuesta.
Puntualizó que, con una medida de esta naturaleza, el impacto sobre las finanzas públicas sería menor y paulatino; por otro lado, se incentivaría el consumo, con las consecuentes bondades que esto implicaría para toda la cadena que participa en este importante sector.
El presidente de la Comisión de Turismo, Antonio García Conejo, dijo que la iniciativa es necesaria para fortalecer la industria restaurantera, la cual necesita mejorar la inversión y capacitación laboral para los empleados, así como el brindar servicios crediticios para las y los jóvenes que son los principales usuarios que trabajan en este sector.
El senador del PRD afirmó que las actividades y servicios turísticos deben ser contemplados en la Constitución, porque “es un área prioritaria y la tercera fuente de economía del país”, la cual representa 12.2 por ciento de todos los negocios de México y generan más de dos millones de empleos.
Germán González Bernal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, señaló algunos de los impactos positivos que generará esta iniciativa para los restauranteros, como la creación de empleos y la regularización de muchos negocios, “porque el 78 por ciento de los comercios dedicados a la preparación de alimentos y bebidas, está en la informalidad y el 83 por ciento de las personas empleadas en esta industria carecen de seguridad social”.
Además, de que se podrán bancarizar estos establecimientos, porque una de las condiciones para aplicar la deducibilidad es que el pago sea a través de tarjetas.
Manuel Lira, presidente de la Cámara en Sonora, agradeció la sensibilidad del senador Arturo Bours y reveló que el sector restaurantero nacional da empleo directo a más de dos millones de personas, la mayoría mujeres y jóvenes.
Mencionó que, durante la pandemia, los restaurantes fueron los negocios más castigados debido a que cerraron por varios meses y por las modificaciones legales que gravaron las aplicaciones de reparto.
Explicó que la iniciativa plantea una deducibilidad del 50 por ciento, el primer año y un 10 por ciento, de manera gradual, hasta que llegue al 100 por ciento en cinco años, para quienes realicen consumos de alimentos en estos establecimientos.
Insistió que las herramientas tecnológicas, el timbrado en las facturas, el pago de tarjeta de crédito o débito y otros mecanismos contemplados en la propuesta evitarán la evasión fiscal y no impactará en las economías, sino que significaría un contrapeso en materia fiscal, a través del pago de IVA, del ISR de las empresas y a través de la generación de más empleos y el pago de las cuotas al Seguro Social.
Oscar Hernández, asesor de CANIRAC, explicó que una de las razones que ha tenido la discusión de la deducibilidad tiene que ver con el impacto que podría tener en la política fiscal y en los ingresos del Impuesto Sobre la Renta al aplicar esta medida, por ello enfatizó que desde el 2007 se hizo un estudio para ver cuál es la proporción que menos impactara al momento de aplicar dichas medidas.